La compañía comenzará a cobrar una tasa turística municipal a los propietarios de la capital francesa que alquilen sus pisos, a razón de 83 céntimos por huésped y noche. La solución a la que han llegado el portal y el regulador francés dista de la situación que se vive en Barcelona, donde Ada Colau invita a los propietarios de las viviendas ofertadas en Airbnb a destinarlos a alquiler social.

A partir del 1 de octubre, los dueños de apartamentos de París que los ofrezcan en alquiler en Airbnb tendrán que pagar 0,83 euros por cada persona que se aloje en sus propiedades, una comisión que el portal transferirá directamente al Ayuntamiento de la capital. Se trata de un impuesto que nace de un decreto promulgado por el Gobierno de Francia este mes.

A partir del 1 de octubre, los dueños de apartamentos en Airbnb recaudarán 0,83 euros por huésped y noche

Airbnb aclara que el servicio para compartir casa siempre ha estado sujeto al pago de tasas turísticas, de acuerdo con la regulación francesa, pero este impuesto lo va a cobrar individualmente a cada usuario de la plataforma. Y la empresa está encantada de recaudarlo.

Gracias a este gravamen, el Gobierno galo le otorga carta de naturaleza a la compañía, que en muchas ciudades ha sido puesta en tela de juicio por desviar clientes de la actividad hotelera tradicional.

Es lo que sucede en Barcelona, donde el consistorio dirigido por Ada Colau quiere estrechar el cerco a los apartamentos turísticos “ilegales”, una categoría en la que se incluirían los pisos de Airbnb, al no constar como alojamientos turísticos.

Lo que propone el Ayuntamiento de la capital catalana a los dueños del distrito de Ciutat Vella en Airbnb es destinar estas viviendas a alquileres sociales, con lo que les perdonaría un 80% de la sanción administrativa por ofertar plazas turísticas sin licencia, que puede alcanzar los 90.000 euros. Todo ello pese a que la Generalitat ya legalizó el alquiler de habitaciones a visitantes.

Una solución

Airbnb, en defensa de sus intereses, dice que se niega a darle al Ayuntamiento de Barcelona la información de los propietarios que están en su plataforma por motivos de privacidad.

La alternativa que propone la empresa en el caso de la ciudad condal es precisamente dirigirse hacia la misma salida que ha seguido en el caso de París: diálogo “constructivo” y colaboración con las instituciones para poder imponer una tasa a los propietarios. Con ello, los rentistas podrían regularizar su situación y el Ayuntamiento recibiría ingresos de una actividad que hasta ahora se puede considerar “sumergida”.

La compañía ha reiterado su postura en el último comunicado en el que ha hecho público el anuncio de la tasa de París.

Airbnb aboga por el cobro de tasas para regularizar estos alquileres turísticos en otras partes del mundo, como Barcelona

“Seguimos en contacto con los reguladores de todo el mundo para tratar temas impositivos y aplaudimos a los líderes que quieren que la fiscalidad sea más simple, clara y justa. Esta es una iniciativa complicada, dado que la legislación es diferente en cada jurisdicción en la que operamos, pero estamos comprometidos para extender este programa y deseamos trabajar con más ciudades en este sentido”, explica la compañía en una entrada de su blog.

Este guante tendido bien puede recogerlo Barcelona, que se sumaría como quinta urbe del mundo con más apartamentos ofertados en Airbnb a la nómina de ciudades colaboracionistas como París, Ámsterdam, Filadelfia, Chicago, Malibú, San José, San Diego y Washington DC. La cuestión es si a Colau le merece la sienta bien ese guante, que implica regularizar 16.000 viviendas como establecimientos turísticos en plena moratoria hotelera.

 

Foto: Flickr – Doc Searls