El partido de Albert Rivera acepta las explicaciones de la Junta de Andalucía sobre los imputados que mantienen el cargo. El exportavoz naranja en Valladolid, que fue sorprendido ebrio al volante, conserva el acta de concejal y la militancia.

No está siendo un agosto tranquilo para Ciudadanos. La formación naranja ha sufrido en los últimos días una concatenación de polémicas que ponen a prueba la coherencia de su discurso regenerador. Andalucía es sin duda el principal quebradero de cabeza para el partido, que apoyó la investidura de Susana Díaz tras imponerle un ambicioso pacto anticorrupción. Sin embargo, dos meses después de eso la Junta tiene ya cinco altos cargos imputados y Ciudadanos no pide dimisiones, dando por buenas las explicaciones y versiones del Gobierno socialista.

Juan Marín, líder de la formación en la comunidad, aseguró este miércoles que no le constan “hasta el momento” indicios de corrupción en los investigados. Marín ha tenido ya ocasión de analizar los casos de dos de ellos, con documentación facilitada por el propio equipo de Díaz. En concreto, han estudiado a la presidenta del Puerto de Huelva, Manuela de Paz, y a la delegada en Granada de Medio Ambiente, Inmaculada Oria, sin percibir “dolo o daño contra los intereses generales de los ciudadanos” en sus respectivas causas.

Marín rechaza pedir la dimisión de dos de los cinco imputados de la Junta y analizará la situación de los otros tres

“A mí me pueden imputar por tirar un papel desde mi coche por un delito contra la seguridad del tráfico, pero eso no es corrupción”, señaló gráficamente Marín en entrevista con Europa Press. Sin embargo, tanto De Paz como Oria se han visto salpicadas por asuntos más oscuros que el ejemplificado por el parlamentario.

La primera declaró en junio como imputada por presuntos delitos medioambientales al no evaluar debidamente el proyecto de ampliación Sur Muelle Ingeniero Juan Gonzalo, según denunció Comisiones Obreras e informó El Mundo. La Junta se muestra segura de que el litigio no irá a ningún lado después de que el fiscal haya pedido el sobreseimiento, opinión que avala Ciudadanos.

En cuanto a Oria, está siendo investigada por presuntos delitos de prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente en el caso de los vertidos de aguas fecales desde la depuradora de la prisión de Albolote, como informó también el diario antes citado. Aquí el fiscal derivará el asunto a un procedimiento contencioso-administrativo al ser una denuncia entre un particular y una empresa pública, explicó Marín, por lo que tampoco se aprecia el dolo ni haberse aprovechado “de su cargo para enriquecerse”, líneas rojas marcadas por su partido.

La formación naranja pidió hace unos días explicaciones al Ejecutivo socialista por los imputados y evitó ir más allá hasta no estudiar detalladamente caso a caso. Sí exigió poco antes y con éxito el cese de la directora general de Minas, María José Asensio, salpicada por el caso Aznalcóllar. Los otros dos partidos de la oposición, PP y Podemos, fueron tajantes al exigir dimisiones y afearon a los de Marín que estén haciendo la vista gorda.

A falta de inspeccionar a José Manuel Ortiz, delegado de Agricultura en Almería, Sandra García, delegada del Gobierno regional en Granada, y Javier Madrid, director general del Medio Natural, Ciudadanos no ve motivos para presionar a Susana Díaz. Actuarán con “seriedad, rigurosidad y responsabilidad”, zanjó Marín, y no en caliente “porque algunos medios saquen determinados titulares”.

El caso de Jesús Presencio

En Valladolid, el martes dejó su puesto como portavoz municipal de Ciudadanos Jesús Presencio, dos días después de triplicar la tasa máxima de alcoholemia permitida al volante. Sin embargo, Presencio seguirá siendo militante naranja y conservará el acta de concejal, dejando la portavocía a su compañera de grupo, Pilar Vicente.

La policía denuncia que el concejal vallisoletano presentó una actitud “prepotente” y de “nula colaboración”

La dirección del partido se ha limitado a aceptar ese relevo -vendido como una decisión “personal”- y no le ha pedido el acta ni el carné, pese a que todos sus candidatos firmaron una carta ética antes de presentarse a las elecciones en la que se comprometían, entre otras cosas, a “guiar su actividad según los principios éticos de servicio público y de compromiso con la ciudadanía”. Si bien la línea de la dimisión se marcaba en incurrir “en alguna causa relacionada con corrupción política en la forma prevista por los estatutos del partido, de acuerdo siempre con lo establecido en la Constitución y en las leyes”.

Los compañeros de Presencio en Burgos o Palencia lamentaron su comportamiento y el daño hecho a la formación, máxime tras difundirse el sonrojante audio del momento en que le paró la policía. Los partes elaborados por los agentes señalan la “nula colaboración” y actitud “prepotente” del edil, que presentaba “un fuerte olor a alcohol”, ojos “enrojecidos y muy brillantes” y habla “pastosa, con cierta dificultad para articular bien las palabras y deambulación vacilante”, publicó El Norte de Castilla. El caso está ya en manos del juzgado, aunque Ciudadanos lo ha dado por zanjado tras su dimisión como portavoz.

Además, ayer se produjo el enigmático relevo de la portavoz naranja en Aranjuez, Carmen Durán, y unos días antes la destitución de la única edil de Albert Rivera en Pontevedra, María Rey, tras su reiterado entendimiento con el BNG, un partido “en las antípodas de los valores de Ciudadanos”. Y a todo ello hay que añadirle el bajón electoral detectado por el CIS. Agosto no está siendo, definitivamente, el mes de Rivera.