Cuando Isabel Bonig pide al Presidente de la Generalitat Valenciana “valentía” para explicar su posición sobre el trato económico que ha de tener Cataluña en España, la nueva presidenta del PP valenciano no sólo está siguiendo la consigna del PP nacional de asociar la marca PSOE con el separatismo catalán, está atacando al nuevo Consell con la auténtica arma de destrucción masiva de la política valenciana: la fobia hacia todo lo catalán que vive arraigada en una importante parte de la población valenciana. Una fobia que ha encontrado el mejor aliado en unas antiguas declaraciones del nuevo conseller de educación.

No está siendo un verano tranquilo para el nuevo gobierno valenciano. Desde mediados de junio ha ido creciendo una presión política y mediática entorno al tratamiento de los signos de identidad españoles por parte de los nuevos gestores de la Generalitat que ha explotado este agosto. En el ojo del huracán se encuentran los miembros de Compromís y su presunta relación con los movimientos catalanistas. Cualquier decisión tomada por un miembro de la coalición nacionalista en cualquier municipio de la comunidad autónoma es examinado con lupa y llevado a primera plana de los medios.

Aunque no puede obviarse que el Partido Popular tiene un interés especial en vincular a Compromís con el catalanismo—tanto por su intención de desgastar al recién nacido gobierno autonómico, como por su necesidad de recuperar el voto anticatalanista valenciano que le está robando Ciudadanos—lo cierto es que algunos de los nuevos alcaldes de la coalición han comenzado sus legislaturas pisando todos los charcos que había en su camino. Con una oposición pendiente de cualquier detalle que oliera a antiespañol—se ha llegado a protestar porque al alcalde de Valencia se le escapara el término diada al referirse a la festividad del 9 de Octubre—la decisión de los ayuntamientos de Real de Gandía, Albal y Silla de retirar el himno de España de las procesiones religiosas ha sido munición más que suficiente para que los populares iniciaran una escalada de denuncias que ha incluido la decisión de los ediles de Compromís en Torrent de no levantarse mientras sonaba el himno valenciano.

El Conseller de Educación en el ojo del huracán

Pero el auténtico filón para la oposición autonómica es el Conseller de Educación, Vicent Marzà, a quien la hemeroteca ha convertido en el actual punto débil del nuevo gobierno valenciano.

En una entrevista concedida hace un año a Ràdio Terra, emisora con base en Reus pero de ámbito informativo de los llamados Países Catalanes, Vicent Marzà era entrevistado en calidad de portavoz de Compromís en Castellón sobre como se percibían desde la Comunidad Valenciana los últimos movimientos soberanistas realizados en Cataluña. En esta entrevista, colgada en youtube, el actual Conseller resaltaba su convencimiento de que los Países Catalanes son una realidad, aspira a que algún día la Comunidad Valenciana pueda seguir los pasos de Cataluña, e incluso en un momento de relajación defiende, asegurando que es su opinión personal y no la del partido, la desobediencia de las leyes españolas como forma de conseguir la independencia catalana.

Cuando Ximo Puig presentó su nuevo gobierno autonómico Marzà estaba llamado a ser uno de los conselleres estrella de la nueva Generalitat Valenciana. Joven y conocedor del mundo educativo desde dentro—ha sido profesor de secundaria, sindicalista en el STEPV, y militante en la influyente agrupación Escola Valenciana— fue el hombre elegido por Compromís para revitalizar el sistema educativo valenciano y poner coto a los conciertos educativos que habían vivido una era dorada en la Comunidad bajo los gobiernos populares. Sin embargo este mismo viernes Mónica Oltra ha tenido que comparecer para desmarcar la opinión de Marzà de la del resto del gobierno valenciano. Algo que nunca ha sido buena señal para un fichaje estrella.

«Creo que lo que hemos de atender es a la opinión del Consell y ésta es una opinión de hace un año de alguien que no era conseller» ha defendido Oltra. La presidenta en funciones también ha recordado que lo importante es la gestión que Marzà haga como Conseller y las opiniones que realice ejerciendo este cargo. «La gente también cambia de opinión a veces, uno tiene que evaluar el cargo no las opiniones de hace un año, diez o quince» ha remarcado la portavoz del Consell quien no se ha referido a la opinión que tienen del asunto su socios de gobierno socialistas.

Aún está por ver si la presión de la oposición logra cobrarse a Marzà como primera víctima del gobierno PSPV-Compromís, pero en todo caso vuelve a destapar la extremada sensibilidad que provoca la relación entre Valencia y Cataluña en la sociedad valenciana. Lo más grave para el nuevo gobierno es que tarde o temprano tendrá que abrir la bomba de relojería que dejó enterrada en el boletín oficial el PP valenciano en los últimos coletazos de la pasada legislatura: La Ley de Reconocimiento, Protección y Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano.

Una ley de sentimiento único

El origen de todas las tensiones entre Valencia y Cataluña se originan en el hecho de que ambas comunidades compartan gran parte de su base lingüística. Para los investigadores de las universidades valencianas no existe ninguna duda de que el valenciano y el catalán forman parte del mismo idioma introducido en la reconquista por Jaime I El Conquistador. Pero para algunos movimientos políticos y una parte nada despreciable de la sociedad valenciana son idiomas separados y cualquier afirmación de lo contrario genera una reacción visceral, no exenta de casos de violencia.

Con dos sistemas de normas ortográficas reclamando la misma validez para el mismo idioma—las llamadas Normes de Castelló, a las que los críticos acusan de acercar el idioma al catalán, y las Normes del Puig,cuyos detractores consideran llenas de castellanismos —fue el PP el encargado de zanjar el debate decantándose, para muchos por sorpresa, por el criterio de las universidades y creando la Academia Valenciana de la Lengua, que se encargaría de establecer el idioma estándar que usaría la administración pública.

Sin embargo en los últimos coletazos de la pasada legislatura, cuando las encuestas comenzaron a dar señales de alerta para los populares, el PP reculó en su política lingüística. Primero pidió a la RAE que cambiará la definición de valenciano en su diccionario al asegurar que el idioma que se habla en la Comunidad Valenciana se escribía ya en el siglo VI antes de Cristo y sus raíces se encontraban en «la más profunda prehistoria». Como la petición no prosperó los miembros del partido prepararon una ley para castigar a quien pensara lo contrario.

En la Ley de 6/2015, de 2 de abril, de Reconocimiento, Protección y Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano, el gobierno popular proclamó el valenciano como “la principal seña de identidad del pueblo valenciano”, y promulgó que su respeto “implica defender su individualidad respecto a las demás lenguas del Estado y su valor como patrimonio propio y exclusivo del pueblo valenciano”. Esta definición no sólo era contraria a los planteamientos de unidad de la lengua valenciana y catalana, sino que implicaba su aceptación por parte de todos los organismos públicos de la autonomía, así como de todas aquellas organizaciones que recibieran subvención por parte del gobierno autonómico; tal y como establece el punto 2 del artículo 22 de la ley agraviar cualquiera de las señas de identidad suponía la devolución de la subvención. Una salvaguarda del PP para domesticar a aquellas asociaciones potencialmente conflictivas, especialmente los colectivos de educadores que formaban ya desde hace tiempo parte de la órbita de Compromís.

El nuevo gobierno podría cambiar el texto de forma relativamente sencilla, pero para dotar de legitimidad a las sanciones de la nueva ley el PP diseñó un órgano ejecutivo llamado Observatorio de Señas de Identidad del Pueblo Valenciano que no puede desmontarse sin esperar reacciones airadas. Para crear este órgano el PP relegó a las universidades a meros órganos consultivos sin capacidad de voto, para poner por encima a representantes de la Federación de Bous al Carrer (los tradicionales toros en la calle), la Federación de Colombicultura o el Patronato de las fiestas de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí, (La Virgen de la Salud de Algemesí) que sí que tienen capacidad para emitir informes o votar las decisiones del pleno del observatorio. Además se dejó fuera a la Academia Valenciana de la Lengua, la impulsada por el mismo PP para acabar con el conflicto lingüístico, para dar entrada a los representantes de la Real Academia Valenciana de la Lengua y Lo Rat Penat, instituciones culturales más antiguas pero también más posicionadas políticamente en contra de cualquier unidad lingüística.

Aunque de momento el nuevo gobierno no se ha pronunciado al respecto de esta nueva ley, tanto el texto legal como los mecanismos creados para su ejecución son un arma contra los planteamientos idiomáticos e ideológicos de Compromís. Tarde o temprano el nuevo gobierno valenciano tendrá que alterar, o derogar, la ley que regula la opinión única sobre qué es sentirse valenciano. El PP espera este momento con paciencia para volver a tildar de catalanistas a los nuevos gobernantes de la Generalitat Valenciana, sabe que eso siempre le ha hecho ganar votos.