Las asociaciones de jueces y fiscales, salvo las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales, consideran “sorprendentes” e “insuficientes” las explicaciones dadas este viernes por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para justificar su reunión con el exvicepresidente Rodrigo Rato y las califican de trato de favor.

La viceportavoz de Jueces para la Democracia, Victoria Rosell, ha señalado a Europa Press que les ha sorprendido la apelación a los problemas de seguridad del que fuera presidente del FMI, imputado en tres causas judiciales. Cree que este asunto debería haberse tratado de forma institucional y no en una reunión personal.

Con esta postura ha coincidido el portavoz de la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, que ha calificado de “sorprendente y hasta cierto punto indignante” que un ministro reciba a un imputado porque se sienta amenazado por ‘tuits’. “Esta explicación no es satisfactoria, es trato de favor y choca con el tema de la seguridad para jueces y fiscales”.

Por su parte, Conrado Gallardo, del Foro Judicial Independiente (FJI), ha calificado de “poco presentable” que un ministro del Interior reciba a una persona involucrada en una investigación judicial y ha añadido que Fernández Díaz no recibe a todos los españoles con problemas de seguridad, que para ello ya están las comisarías, los delegados del gobierno y otros cargos intermedios. “La situación ahora se agrava por un trato de privilegio”, ha añadido.

Álvaro García, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), también ha calificado de contradictorias las explicaciones y considera que tras ellas la existencia de trato de favor a Rato es “cada vez más evidente”. A su juicio, un problema de seguridad debería resolverse entre el jefe de escoltas del exvicepresidente y algún mando intermedio ministerial.

Sin embargo, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo LLarena, ha valorado positivamente la explicación de Fernández Díaz sobre que la reunión derivó de la inquietud de Rato por su seguridad, pues ello es coherente con otras noticias conocidas sobre incidentes en un avión que sufrió el vicepresidente económico. “En todo caso, la polémica desde un punto de vista judicial no tiene ninguna trascendencia, la investigación la dirige un juez” ha añadido.

Sobre el posible trato de favor, Llarena señala que Rato tuvo importantes responsabilidades de Gobierno y que sus “relaciones personales son diferentes a las de cualquier otra persona”. “Muchas de las personas con las que Rato tiene relación personal tienen funciones de Gobierno, la relación de un señor suele ser siempre con afines”, ha comentado.

Con esta opinión coincide el portavoz de la Asociacón de Fiscales (AF), Emilio Frías, que se limita a señalar que el asunto deriva en todo caso en una responsabilidad política que debe dirimirse en el Parlamento.

Finalmente, el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, ha señalado que este asunto es por ahora un tema político sin trascendencia judicial. “Aunque hay que estar alerta por si esta reunión tiene más tarde una repercusión en el tratamiento que pueda tener Rato. Si no es así, desde el punto de vista judicial tiene muy poca relevancia”.