Los de Rivera piden a Susana Díaz una “respuesta inmediata” por los cinco altos cargos imputados que mantiene en sus puestos. Podemos rechaza el nepotismo de cuatro nombramientos del Gobierno de Armengol.

El pasado siempre vuelve. El nepotismo y la corrupción, los grandes cánceres de la vida pública española en los últimos tiempos, amenazan ya con provocar cismas políticos en dos de las regiones donde Podemos y Ciudadanos votaron Gobiernos del PSOE recientemente. Las fuerzas emergentes, cuyo discurso se centra principalmente en la firmeza contra esas malas prácticas, han puesto en entredicho a la presidenta andaluza, Susana Díaz, y a la balear, Francina Armengol, por la proliferación de imputados en la administración de la primera y de allegados colocados en la de la segunda.

En Andalucía, el PSOE renovó mandato en junio por décima legislatura consecutiva tras firmar un pacto con la formación de Albert Rivera que obliga expresamente a apartar a los imputados por corrupción. En aplicación del acuerdo, los expresidentes regionales Manuel Chaves y José Antonio Griñán –investigados por el escándalo de los ERE- dejaron sus escaños en las Cortes Generales y la directora general de Minas, María José Asensio -salpicada por el caso Aznalcóllar-, fue destituida hace unos días. Sin embargo, cinco cargos más conservan su puesto en el organigrama autonómico pese a estar en el punto de mira de la Justicia.

José Manuel Ortiz Bono fue ratificado esta semana como delegado provincial en Almería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, cuando se mantiene su imputación por presuntas irregularidades urbanísticas en Tabernas, tal y como publicó El Mundo. Para más inri, se da la circunstancia de que Ortiz Bono es familiar de la consejera ante quien reporta, Carmen Ortiz Rivas.

Otros altos cargos en el candelero son Inmaculada Oria, delegada de Medio Ambiente en Granada; Javier Madrid, director general de Gestión del Medio Natural; Manuela de Paz, presidenta del Puerto de Huelva; y Sandra García, delegada de la Junta en la provincia de Granada. Todos ellos están imputados por presunta prevaricación en casos relacionados con el urbanismo y el medio ambiente.

PP, Ciudadanos y Podemos exigen explicaciones

Ciudadanos se hizo ayer eco de la situación y exigió explicaciones a través de su líder en Andalucía, Juan Marín. El parlamentario regional aseguró que la Junta debe dar una “respuesta inmediata” y puso a su partido a estudiar caso por caso a los implicados. Pedirá la destitución de todos ellos, indicó, en cuanto verifiquen que están imputados por corrupción, “tal y como se refleja en el acuerdo de investidura” firmado con Díaz. Y es que la formación naranja no quiere caer en el descrédito que supondría sostener a un Ejecutivo que incumple compromisos adquiridos, máxime después de haber sacado pecho por los numerosos ceses de socialistas y populares que provocaron sus exigencias.

Ciudadanos estudiará a los imputados andaluces uno a uno y exigirá el cese si verifica que la Justicia los investiga

“Separar de inmediato a cualquier cargo público, electo o designado, que resulte imputado por corrupción política o que mienta o manipule su currículum o su cualificación profesional o académica. Las personas imputadas por corrupción política no formarán parte de las listas electorales.” Esas son las palabras textuales del acuerdo que hizo posible la investidura de la presidenta y al que ayer se refirió el PP para criticar que el Gobierno regional lo esté incumpliendo mientras Ciudadanos “mira para otro lado”. La secretaria general de los populares andaluces, Dolores López, aseguró que Díaz “falta una vez más a su palabra”, cayendo en la “hipocresía” de decir “una cosa y hacer otra distinta”. También Podemos exigió el cese de todos los imputados.

Además de esos casos, la Junta sigue conservando vacante la plaza de la única destituida por corrupción esta legislatura, la citada Asensio. Y es que se la está reservando por si finalmente sale airosa de la declaración que prestará el 17 de septiembre por la irregular adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Albert Rivera tendrá ocasión de valorar todo ello hoy en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde presenciará junto a Marín las tradicionales carreras de caballos en la playa de la localidad. 

Enchufismo familiar en Baleares

En Baleares, es el nepotismo lo que está tensando la relación entre el PSOE -que gobierna en coalición junto a los nacionalistas de MÉS- y Podemos, que apoyó al Ejecutivo pero rehusó formar parte de él. La formación morada rechaza de plano los polémicos nombramientos que se han producido en las últimas semanas y que han saltado a la primera línea nacional.

El Gobierno balear nombró a un asesor de 20 años que se vio obligado a dimitir poco después

El más sonado fue el del joven de 20 años Jordan Thomas Llamas, a quien se promocionó como asesor de la Consejería de Salud pese a su inexperiencia y falta de formación, según informó Diario de Mallorca. El propio Thomas renunció al puesto poco después de saltar la controversia. El hijo del vicepresidente del Parlamento regional, Pau Thomas Pérez, también logró un puesto como asesor, en este caso en el departamento de Trabajo, Comercio e Industria, provocando la indignación de Podemos, que ya ha anunciado su voluntad de pedir explicaciones al Gobierno en la Cámara.

Dos casos más completan el ciclo de designaciones cuestionables en las islas. Uno es el de Juli Fuster como director gerente del Servicio de Salud, a las órdenes de su esposa, Patricia Gómez. Precisamente Fuster fue el hacedor del efímero fichaje del joven antes referido. Y cierra el círculo el menorquín Francisco Fernández Terrés, ascendido a gerente de Servicios de Información Territorial pese a los escándalos urbanísticos que le salpicaron en su etapa como edil en el Ayuntamiento de Mahón.