Tal vez los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 hayan recibido acusaciones de ser un borrador de cuentas electoralista, pero en la Comunidad Valenciana las sensaciones que ha dejado la propuesta de gasto del ministro Montoro dista mucho de ser recibida como una mejora.

“Maltrato”, “burla” o “ridículo” son algunas de las críticas que se han dejado oír en las instituciones valencianas. La falta de interés del gobierno central por el Corredor Mediterráneo vuelve a alimentar la cada vez mayor indignación valenciana.

Para una comunidad autónoma enfrascada en la dura batalla que siempre supone pedir un cambio en su modelo de financiación, la publicación de los Presupuestos Generales del Estado es uno de los acontecimientos más importantes del año. El reparto de la inversión estatal suele ser interpretado por las autonomías como la vara de medir su importancia para el gobierno central, más aún cuando se acerca un año electoral, y la impresión local es que en 2016 la Comunidad Valenciana seguirá pintando poco para el gobierno español.

La Comunitat recibirá 9.029 millones del Estado el año que viene. Eso supone un 11’79% más que en 2015, donde la cifra se situó en unos 8.077 millones, pero que también supone cerca del 8% del total que se repartirá entre las autonomías. Este último dato irrita especialmente a una comunidad autónoma que supone el 11% de la población española y que lleva años siendo la única autonomía con una economía por debajo de la media nacional que aporta más de lo que recibe a las arcas de la hacienda española.

El nuevo President de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, los ha calificado como “insuficientes” recordando que, una vez más, se coloca a la tercera región del Estado por debajo de la media española—“Nos faltan 301 millones para llegar a la media de las Comunidades Autónomas” ha declarado—, y la Consellera de Obras Públicas y Vertebración de Territorio María José Salvador, también socialista, ha llamado a la “unidad de las fuerzas políticas, sociales y empresariales valencianas, por lealtad a los valencianos, para pedir un trato justo y equitativo para la Comunitat en materia de infraestructuras”. Algo que a priori tendrá fácil cuando la propuesta de Montoro asegura que el corredor mediterráneo, el principal motivo de enfrentamiento entre los empresarios valencianos y el Partido Popular, no tendrá el ancho estándar hasta por lo menos 2018, a la vez que decide invertir 200 millones de euros en el AVE a Extremadura. “Consideramos que los presupuestos son una burla para los valencianos y las valencianas” aseguró ayer mismo Salvador.

El que los Presupuestos del Estado incluyan obras que ya estaban presupuestadas en 2015, y que no se licitaron, o que de los 45 millones que se destinarán a liberar peajes de autopistas no incluyan carreteras valencianas no ayuda precisamente a limar asperezas entre las instituciones centrales y autonómicas.

Ribó habla de “situación escandalosa”

Pero si los socialistas han mostrado su indignación ante un nivel de inversión que deja a los valencianos 61 euros por debajo de la media nacional por habitante—en todo caso una mejora ante los 90 euros de distancia que se registraba en 2014—, desde sus socios de Compromís la cifra se considera directamente un insulto. La necesidad de un partido que no sea sumiso a los intereses de Madrid es la pieza clave del producto político que trata de colocar Compromís en el electorado, con lo que la infrafinanciación es un tema capital para un partido que ya tienen un diputado en Madrid, Joan Baldoví, y que están en plena negociación con Podemos para formar una candidatura conjunta que dispare el número de representantes de la coalición en el Congreso de los Diputados. El encargado por la formación de cargar contra los presupuestos ha sido el alcalde de Valencia, Joan Ribó, quien ha abandonado su cara amable de alcalde que acude a trabajar en bicicleta para lanzar las más duras críticas ante lo que considera una “falta de respeto” para los vecinos de la ciudad que representa.

Desde luego argumentos a Ribó no le han faltado. La lista de inversiones ferroviarias de los Presupuestos Generales del Estado son una fábrica de titulares para cualquier político, nacionalista o no, que quiera cargar contra el ejecutivo de Mariano Rajoy. En la red de cercanías el Estado invertirá 330 millones en Madrid, en Málaga más de 180 millones, en Asturias a 175 millones, en Barcelona 150 millones, en Sevilla 51 millones de euros… a Valencia sólo se le destina 1 millón. «Me parece escandalosa esta situación porque afecta directamente a la movilidad de la ciudad, en la que entran miles de coches como consecuencia del pésimo funcionamiento de los transportes de cercanías y miles de personas no pueden desplazarse desde las zonas próximas» ha explicado Ribó, un alcalde que en sus primeros cien días de mandato ya ha presentado propuestas de cerrar al tráfico zonas del centro de la ciudad.

La lista de inversiones ferroviarias de los Presupuestos Generales del Estado son una fábrica de titulares para cualquier político, nacionalista o no

En infraestructuras la ciudad de Valencia recibe cero euros, aunque Ribó responsabiliza de esto al PP valenciano y no al ejecutivo central, “sabéis que un insigne presidente que se llamaba Francisco Camps cerró el contrato programa al dejar de subvencionar su parte, y desde entonces recibimos cero euros. Es uno de los asuntos que hemos hablado con la Consellería de Infraestructuras, pero aquí sí que debemos reconocer que la culpa no es solamente del Ministerio”, afirmó ayer en rueda de prensa. Y tampoco gusta que se deje crecer la millonaria deuda que arrastra el llamado Consorcio Valencia 2007, los organizadores de la Copa América de aquel año y actuales gestores de la Marina Real Juan Carlos I— otra de las obras faraónicas con las que el PP valenciano busco promocionar la ciudad— a los que el estado destinará dos millones a pesar de que se prevé que este 2015 la entidad, de la que forma parte el gobierno español, sume 20 millones más a sus más de 400 millones de euros de deuda.

Pero el punto más irritante, una vez más, vuelve a ser la lentitud de las obras del Corredor Mediterráneo. Valencia tiene una conexión de AVE que, en realidad, no está terminada. La Estación Joaquín Sorolla donde se apean los viajeros de Madrid es en realidad una estación provisional hasta que se puedan afrontar las obras de soterramiento de vías y la creación del llamado Parque Central, un pulmón verde en pleno centro. El proyecto es esencial para Valencia porque incluye la construcción de una estación intermodal que permita ampliar las líneas de cercanías y conectar la red de Renfe con el metro de la ciudad, su constante demora—el consorcio para su construcción se firmó en 2003—supone una paralización para muchas de las infraestructuras previstas en la ciudad. Los PGE no contemplan inversiones ni para el parque ni para la construcción del túnel pasante que llevará al mismo, a pesar de que la ex-alcaldesa Rita Barberá había asegurado tener el compromiso del Ministerio de Fomento de que se construiría este mismo año.

No es normal que se esté acabando el tercer túnel pasante en Madrid, haya recursos para el segundo de Barcelona, para la entrada a Vigo; 100 millones de euros para la entrada del AVE a Murcia, y para lo único que no hay recursos es para plantearse el túnel pasante de la ciudad de Valencia del que depende el Parque Central. Si no tenemos estos recursos el Parque Central no se puede hacer”, declaró ayer Ribó. El alcalde de Valencia se entrevistará en septiembre con la ministra de Fomento para demandar esta obra. “El Corredor Mediterráneo tiene un cuello de botella por el que habrán de pasar mercancías, el túnel de Serrería, pero también habrán de pasar trenes de cercanías, trenes de media y larga distancia, y el AVE cuando vaya a Castellón y Barcelona, y habrá un colapso absoluto, pero nadie se está preocupando de este tema. A nosotros sí nos preocupa el colapso, y también que puedan pasar mercancías peligrosas que habrán de atravesar por dentro de la ciudad de Valencia, y así se lo plantearemos a la ministra para que comience a plantear seriamente que las mercancías se han de hacer pasar por un by pass que no atraviese la ciudad. Es imprescindible” afirmó.

Alegaciones y posibles reclamaciones judiciales

Tanto ayuntamiento como Generalitat ya han anunciado que presentarán alegaciones a unos Presupuestos Generales del Estado que han alimentado, en pleno agosto, la indignación valenciana y que sin duda ayudarán a elevar el grado de tensión que necesita el Consell a la hora de reclamar ante Madrid un nuevo modelo de financiación.

Puig ya ha anunciado públicamente su intención de llevar ante los tribunales al ejecutivo central si sigue exigiendo a los valencianos que aporten más de lo que reciben a pesar del maltrecho estado de su economía. El President se sabe fuerte al saberse respaldado por su electorado y unos empresarios valencianos que cada vez disimulan menos su enfado con las decisiones que se toman en Madrid. Septiembre será el mes clave para ver hasta donde llega una indignación valenciana de la que aún no parecen ser conscientes en el gobierno de España.