El Ministerio de Industria ultima la redacción de un nuevo plan general de residuos radioactivos. “Sólo faltan algunos últimos cálculos”, dicen fuentes del departamento de José Manuel Soria. Pero el actual plan, que tiene ya casi una década y ha quedado desfasado, seguirá vigente al menos otros dos años por la larga tramitación que le espera al nuevo texto.

En plena polémica por las prisas por autorizar el cementerio nuclear de Villar de Cañas y por los presuntos intentos a través de la reapertura de la central de Garoña por ampliar la vida de las centrales españolas hasta los 60 años, el Gobierno se ha decidido a impulsar la aprobación de un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) antes de que termine la legislatura.

El Plan General de Residuos Radioactivos es la guía de actuación a largo plazo con la que se pretende asegurar la gestión de la basura nuclear que generan las centrales españolas y la que se producirá tras su desmantelamiento. Actualmente sigue vigente la sexta edición del PGRR, aprobada en 2006. Y aunque desde hace tiempo el sector nuclear español espera la actualización del mismo y la aprobación del que sería ya el séptimo plan, hasta ahora no había previsión de cuándo podría estar listo el nuevo texto.

El Ministerio de Industria ultima la redacción del borrador del que será el séptimo plan de residuos. “El Gobierno tendrá listo el borrador este mismo año, antes de que termine la legislatura”, explican a SABEMOS fuentes del departamento que dirige José Manuel Soria. “Sólo faltan algunos últimos cálculos, nada más. En los próximos meses estará listo”.

Sin embargo, aunque se pretenda que el borrador esté ya preparado antes de final de año (las elecciones generales se celebrarán previsiblemente en noviembre o diciembre), la entrada en vigor del nuevo plan va para largo. Y es que la tramitación legislativa es larga y lo normal, según las previsiones de Industria, es que se alargue casi dos años.

La tramitación se alargará hasta 2017

El proceso de aprobación del PGRR es el siguiente. El Ministerio de Industria elabora el borrador del plan (formalmente la encargada de redactarlo es Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos nucleares en España, pero la responsabilidad de la política nuclear recae en el Ministerio). Industria debe de abrir un proceso de consultas con las comunidades autónomas por ser las que tienen las competencias en política medioambiental.

El Gobierno entonces remite al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el borrador para que dé su visto bueno y apruebe un informe favorable que es preceptivo. Una vez cuenta con el plácet del CSN, el Ministerio de Industria eleva el texto para su aprobación en el Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros lo lleva a las Cortes, donde se abre el proceso parlamentario en el que se puede modificar el texto vía enmiendas antes de su aprobación definitiva.

Fuentes del sector nuclear consultadas por SABEMOS no ven disparatada la previsión del Gobierno, y confirman que, dependiendo de cuánto se alargue el trámite parlamentario la aprobación definitiva, en efecto, no se producirá hasta un año y medio o dos años después desde que se cierre la elaboración del borrador. Esto es, el PGRR actual –de 2006- no será sustituido por uno nuevo, en principio, hasta 2017.

El Gobierno lleva casi una década sin revisar los procedimientos vinculados a la gestión de la basura nuclear, a pesar de que en las anteriores actualizaciones el periodo normal transcurrido entre una y otro ha sido de unos cinco años. El primer PGRR se aprobó en 1987 el segundo en 1989, el tercero en 1991, el cuarto en 1994, el quinto en 1999 y el sexto –actualmente vigente y que ya se hizo esperar algo más- es de 2006. Desde entonces, nada.

Los planes del Gobierno, del actual, han ido cambiando en los últimos años. El Ejecutivo informó en una respuesta parlamentaria que el séptimo plan de residuos sería aprobado en 2013. Pero el texto actualizado no pasó por el Consejo de Ministros ni ese año, ni el siguiente… Parece que será este año cuando se dé un impulso al nuevo plan.

El plan y su relación con el cementerio nuclear y con Garoña

El PSOE acaba de registrar en el Congreso una proposición no de ley precisamente para instar al Gobierno a que elabore ya el nuevo PGRR. Según los socialistas, tras una década vigente, el sexto plan de residuos ha quedado obsoleto. El PSOE reclama un nuevo plan en mitad de la polémica por el cementerio nuclear de Villar de Cañas, un proyecto que ya se contemplaba como una solución imprescindible para la basura nuclear española en el texto de 2006.

Es en el sexto PGRR, el que ahora está vigente, en el que se recogió la necesidad de construir un almacén temporal centralizado (ATC) para albergar durante unas décadas todos los residuos nucleares de las centrales españolas. “El proyecto de ATC se enmarca en el anticuado y obsoleto VI Plan General de Residuos Radiactivos, que data de 2006. Se trata de un PGRR cuyas previsiones han quedado superadas por la realidad”, denuncia el PSOE en su proposición no de ley.

Y los socialistas subrayan que esas previsiones se verán aún más sobrepasadas si triunfan los intentos de alargar la vida útil de las centrales nucleares españoles desde los 40 a los 60 años, dado que las instalaciones generarían mucho mayor volumen de residuos y las medidas recogidas en el PGRR actual quedarían fuera de juego. Los socialistas denuncian “la manifiesta política el actual Gobierno de propiciar la prolongación hasta los 60 años de la actividad de las centrales nucleares (en el PGRR vigente se contemplaba la vida útil hasta los 40 años de operación), lo que comportaría, en caso de llevarse a cabo, un significativo incremento del volumen de residuos nucleares”.

“El proyecto actual de ATC presentado por Enresa, al estar basado en el aún vigente VI PGRR, no prevé, por ejemplo, su ampliación futura, que podría ser necesaria debido al crecimiento del inventario de combustible gastado y de otros residuos de alta actividad, dado que el actual Gobierno de España parece decidido a propiciar la ampliación de la vida útil del parque nuclear español hasta los 60 años”.

Los socialistas recuerdan en el documento que actualmente el CSN estudia si aprueba la renovación de la licencia de explotación de la central de Garoña, que ha solicitado su reapertura y poder operar hasta 2031 (cuando la planta cumpliría 60 años desde su construcción). Una petición de renovación que llega después de varios cambios legislativos ad hoc aprobados por el Gobierno para que fuera posible presentar la solicitud. No obstante, como la reapertura implicaría inversiones millonarias, la empresa propietaria de Garoña, Nuclenor (participada por Endesa e Iberdrola), ha frenado el proceso a la espera de saber qué Gobierno sale de las próximas elecciones generales antes de ejecutar esas inversiones.