La publicación de la letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 deja bien a las claras la razón fundamental por la que el Gobierno se ha apresurado en redactar y presentar en menos de veinte días y fuera del plazo habitual el proyecto de ley más importante de los que el Consejo Ministros remite al Congreso de los Diputados: se trata de las cuentas públicas más electoralistas de la democracia, según denuncia toda la oposición. Los Presupuestos del Estado para el año próximo serán la principal herramienta con la que el Partido Popular pretende ganar las elecciones generales de final de año.

Adelantándose a las críticas, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro trató -durante la rueda de prensa tras haber depositado en la Cámara Baja las cuentas del Estado- de negar el carácter electoralista de los Presupuestos. Según dijo Montoro, el Gobierno lleva al Congreso fuerza de plazo el proyecto de ley más importante del año con la única intención de contribuir a la estabilidad económica.

Asimismo, Montoro no tuvo repararos en presentar las cuentas del Estado redactadas por el Gobierno como las únicas de las posibles, al tiempo que se apresuró a anunciar más bajadas de impuestos durante el año próximo, en concreto en el IRPF y en el de Sociedades.

Consciente de que las cuentas públicas comprometerán al Ejecutivo que salga de las urnas, el ministro recalcó que el próximo Gabinete podrá contar con los Presupuestos para 2016 o revocarlos. Pero, eso sí, en caso de modificación, deberá reformarlos con la tramitación correspondiente y explicar a la opinión pública con todo detalle los motivos para tal cambio. O dicho de otra manera, según Montoro, la política de austeridad es “la que nos está sacando de la crisis”.

En plena precampaña electoral, el ministro quiso referirse al voto del miedo y a lo que podría suceder a la política económica tras las elecciones generales si no gobierna el PP. En ese sentido, el principal argumento del Ejecutivo es, precisamente, que su política económica es la que permitiría que España recupere al final de la próxima legislatura los niveles de empleo que tenía antes de la crisis. Es decir, llegar a los veinte millones de empleo.

Prueba de ese carácter electoralista de los Presupuestos es el hecho de que el Gobierno ha decidido dar un nuevo impulso a su compromiso con el gasto social, que crece un 3,8 por ciento respecto a 2015, una vez aislado el efecto de la disminución de la política de desempleo. “Esta disminución del gasto en prestaciones por desempleo, responde al efecto positivo que las medidas adoptadas por el Gobierno en materia laboral están teniendo sobre la tasa de paro. El gasto social total representa un 53,5 por ciento del presupuesto consolidado”, señala el Gobierno en el informe de presentación de las cuentan del Estado.

El fomento del empleo y la educación aumentan casi un 10 por ciento

Más evidencias del carácter electoralista: en 2016 se reforzará notablemente el gasto en fomento del empleo, que aumenta el 9,9 por ciento y la política de Servicios Sociales y Promoción Social se incrementa en un 7,7 por ciento por las mayores dotaciones para el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.

Asimismo, se produce un incremento del 9,3 por ciento del gasto en Educación, como consecuencia del esfuerzo realizado para dotar los créditos necesarios para continuar con la implantación de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Por su parte, la política de Cultura ve incrementadas sus dotaciones en un 7,3 por ciento, principalmente por las mayores transferencias para el cine, el deporte y el Organismo Público Museo Nacional del Prado.

Además de lo anterior, el Gobierno quiere priorizar la política de Investigación, Desarrollo e Innovación Civil con unas dotaciones superiores a las del presupuesto de 2015, debido al incremento de la dotación correspondiente al Fondo Nacional para la Investigación Científica y Técnica, a los fondos de innovación y las transferencias al Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial.

En relación al área de actuaciones de carácter general, el gasto aumenta en un 4,5 por ciento respecto de 2015, principalmente por el incremento en las aportaciones a los Fondos de Financiación de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Notable incremento del presupuesto de la Justicia

Las dotaciones presupuestarias que en el ejercicio 2016 va a recibir la política Justicia ascienden a 1.603,31 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al presupuesto de 2015, en términos nominales, del 6,3 por ciento.

Dentro de las dotaciones que financian el gasto social destacan por su importancia las destinadas a facilitar el acceso al beneficio de justicia gratuita. A esta finalidad se asignan 36,69 millones de euros, lo que supone un incremento del 5 por ciento sobre lo presupuestado para 2015.

Como la política de Defensa no “vende” demasiado, sobre todo entre los electores de izquierdas, el Gobierno presenta un ligero aumento del 0,4 por ciento respecto al año 2015, con una dotación de 5.734,29 millones de euros.

Por su parte, la política de Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias cuenta en 2016 con una dotación presupuestaria de 7.903,52 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al 2015, en términos absolutos de 60,39 millones de euros.

Más dinero para luchar contra la corrupción

Las dotaciones destinadas a las actuaciones en materia de protección y garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, ascienden a 5.470,50 millones de euros, 37 más que en 2015. En este punto, el Gobierno deja claro que durante el ejercicio 2016 se va a continuar con la ejecución de planes iniciados en ejercicios anteriores, tales como el refuerzo de la presencia policial en las calles, afrontar las nuevas formas de delincuencia, promover la atención al ciudadano, combatir la violencia doméstica, así como incrementar la lucha contra los delitos contra el patrimonio y la cultura, contra el blanqueo de capitales y la corrupción.

En cuento a la política penitenciaria, las partidas ascienden a 1.149,71 millones de euros, lo que supone un incremento de 25,05 millones de euros respecto al ejercicio anterior, de los que 20 millones de euros se destinan a productos farmacéuticos para tratar a los reclusos contagiados de hepatitis C.

La política en materia de Asuntos Exterior estará dotada con 1.474 millones, un 3,7 por ciento más que en 2015. De ese montante destacan los 733 millones que el Gobierno dedicará a la Acción Exterior del Estado, un 3,8 por ciento más que en 2015.

La partida en pensiones crece un 2,9 por ciento

El gasto presupuestado para la política de Pensiones asciende a 135.448,93 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 2,9 por ciento respecto a 2015. Para pensiones contributivas de la Seguridad Social, en términos económicos, se destinan 118.941,72 millones de euros, que supone un crecimiento del 2,8 por ciento. En este importe se ha tenido en cuenta el incremento del colectivo de pensionistas, la variación de la pensión media y una revalorización del 0,25 por ciento. En cuanto al ámbito no contributivo, el crédito destinado en el ejercicio 2016 para las pensiones no contributivas de vejez e invalidez se eleva a 2.290,85 millones de euros, excluido País Vasco y Navarra.

Para el ejercicio 2016 la dotación de la política de otras prestaciones económicas se eleva a 11.685,71 millones de euros. Esto supone que crezca un 6,8 por ciento. El primer programa de gasto, subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones económicas de la Seguridad Social, contiene créditos por un importe global de 10.208,03 millones de euros, destinados a proteger situaciones de incapacidad temporal, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, paternidad, protección familiar, síndrome tóxico, etc.

Destacan, por su peso relativo, los subsidios por incapacidad temporal que concede la Seguridad Social, a través de las entidades gestoras o de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, para compensar las consecuencias económicas derivadas de la situación de baja laboral por enfermedad común o accidente no laboral, accidente de trabajo y enfermedad profesional. El crédito destinado al pago de estos subsidios se eleva a 5.397,96 millones de euros, con un incremento sobre 2015 del 9,2 por ciento.

El conjunto de prestaciones que aparecen vinculadas al cese temporal en el trabajo por nacimiento de hijo, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia presentan una dotación de 2.203,92 millones de euros con un incremento de un 5 por ciento.

Para el pago de la protección familiar (compensaciones por nacimiento del tercer hijo o sucesivos o por parto múltiple) se consigna una dotación de 1.520,40 millones de euros, adecuando el crédito a las necesidades de gasto.

Por otra parte, los créditos destinados a la política de Servicios Sociales y Promoción Social ascienden a 2.093,22 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,7 por ciento sobre el año 2015.