El informe con el que el pleno del organismo dio esta semana por buena la ubicación del almacén de residuos radioactivos en Villar de Cañas reconoce la falta de datos sobre los suelos.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó esta semana la autorización de emplazamiento del almacén nuclear de Villar de Cañas, lo que en la práctica supone ratificar la idoneidad de la ubicación elegida para albergar la instalación. Sin embargo, en el propio informe aprobado por el organismo se recogen las dudas de su cuerpo técnico sobre la calidad de los suelos y se emplaza a hacer nuevos estudios en las próximas fases del proceso.

El CSN da por buenos la mayoría de los estudios geológicos presentados por Enresa –la empresa pública que será la encargada de gestionar el almacén nuclear-, así como los meteorológicos y los sísmicos. Pero ve insuficientes los datos sobre hidrogeología e hidrogeoquímica (esto es, los referentes básicamente a la reacción de los terrenos por la presencia de agua subterránea).

Los problemas del terreno

Y es que la presencia de yesos y materiales arcillosos en la parcela elegida para construir el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radioactivos podría derivar en que se produzcan agujeros en el terreno, como advierten los técnicos. “Enresa ha desarrollado un modelo preliminar de flujo subterráneo de aguas que deberá ser actualizado y completado a lo largo del proyecto con la obtención de nuevos datos que permitan validar el modelo”, se describe en las conclusiones del informe.

Eso en las conclusiones, pero en el apartado del documento sobre las evaluaciones realizadas para el proyecto, el cuerpo técnico del CSN se muestra más explícito. “Las limitaciones actuales del estudio hidrogeológico e hidrogeoquímico introducen incertidumbres en la descripción del funcionamiento actual y futuro de las aguas subterráneas en el emplazamiento”, se apunta. Existen pues dudas sobre dónde puede aparecer agua cerca del almacén y, en caso de aparecer, si provocará la disolución de materiales y la formación de oquedades.

“La información obtenida y elaborada es incompleta y no permite establecer con la suficiente fiabilidad un esquema de funcionamiento hidrogeológico soportado en datos contrastados que sirvan de base para definir el modelo. Por tanto, el modelo matemático de simulación aportado por Enresa, en su estado de desarrollo actual, carece de la necesaria validación”, se apunta. Los técnicos admiten, no obstante, que el modelo matemático puede usarse como herramienta predictiva.

Y, en paralelo, los geólogos del CSN advierten de que Enresa se ha apoyado en “datos limitados” para hacer un modelo sobre la reacción de los materiales con el agua. “De acuerdo con este modelo los procesos hidrogeoquímicos de disolución-precipitación en el medio son muy relevantes e implican importantes variaciones de masa en el terreno que no han sido cuantificadas”, sentencian. “Estos procesos pueden tener lugar durante la vida de la instalación, por lo que su valoración es relevante para determinar la posible afección futura a la estabilidad del terreno”.

El propio CSN reconoce que los estudios sobre el emplazamiento del ATC en Villar de Cañas deben prestar especial atención a la disolución de los yesos presentes y a la deformabilidad del terreno, y que la información no es suficiente en todos ellos. Para estas materias “Enresa ha realizado estudios de caracterización para todos los parámetros del emplazamiento, pero con desiguales resultados en la suficiencia de la información obtenida respecto a las características más relevantes para tener en cuenta como bases de diseño, como son las relacionadas directamente con la estabilidad del terreno ante fenómenos de disolución e hinchamiento de materiales”.

Una solución, pero más cara

La calidad de los terrenos obligará a trabajos adicionales para la construcción del ATC, que básicamente se traducirán en cimentaciones más profundas y por rellenar parte del terreno con una capa de hormigón para envolver la instalación. Es la solución que propone la propia Enresa para solventar los eventuales problemas por la calidad de los terrenos de Villar de Cañas. Una solución que, previsiblemente, encarecerá el proyecto. El presupuesto actual ronda los 1.000 millones de euros. Expertos del sector nuclear consultados por SABEMOS apuntan que podría acabar superándose ampliamente los 1.300 millones.

En el informe para la autorización de emplazamiento se reconoce que no se incluye “la revisión de los cálculos de cimentación, ya que éstos serán objeto de evaluación en la fase correspondiente a la autorización de construcción”. Una vez autorizado el emplazamiento, el CSN debe estudiar la autorización de construcción (ya solicitada por el Ministerio de Industria) y posteriormente la autorización de explotación.

Los técnicos del área de geólogos del CSN remitieron una nota informativa a la Dirección Técnica del centro en que alertaban de que “las características desfavorables” de los terrenos eran evidentes y podrían ser significativas “para la seguridad de la instalación durante toda su vida útil”, según adelantó El País.

“Cabe dudar si se ha comprobado con rigor la adecuada proporcionalidad real entre las necesidades técnicas a resolver por el ATC y los recursos que se necesitarán para garantizar su seguridad y para reducir las incertidumbres existentes, así como la adopción de medidas compensatorias y de vigilancia y control”, decía la nota. Esto es, los técnicos alertan del alto coste que previsiblemente implicará sortear los problemas derivados de la calidad de los suelos. Pero esa nota informativa no fue incluida en el informe porque la dirección no la consideró de “transcendencia técnica” y porque el cálculo del coste del proyecto trasciende del área de competencia de los geólogos del CSN.

La autorización previa concedida por el CSN ha desatado una auténtica batalla política. El Gobierno de Castilla-La Mancha pretende ampliar una zona protegida medioambiental para que llegue hasta la parcela en que estará ubicado el almacén nuclear, y así bloquear las obras. El Gobierno central parece dispuesto en tal caso a declarar el proyecto de interés nacional para invalidar la maniobra del Ejecutivo castellanomanchego. Y el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha intentado meter miedo, alertando de que sin ATC habrá de paralizar en 2018 toda la producción de las centrales nucleares, con lo que el recibo de la luz subirá hasta un 30%. Continuará…