Las Mesas de Negociación del Empleo Público arrancan hoy con el Ejecutivo dispuesto a abrir la mano allí donde antes solo colocaba la palabra austeridad. Según adelantó el diario Cinco Días y confirmaron a SABEMOS fuentes de la Administración, se prevé que el Gobierno acceda a eliminar por completo los límites a la reposición de jubilaciones en las áreas más sensibles: la Agencia Tributaria, los cuerpos de Seguridad del Estado, Sanidad y Educación. En tres años, el Partido Popular ha reducido más de 50.000 empleos públicos solo en el Sector Público Administrativo Estatal. Habría que sumar los recortes en otras Administraciones incluidos los de Sanidad y Educación, que dependen de las CCAA.

El recorte del gasto público que impuso la doctrina de la austeridad no tardó en fijarse en la gran partida del gasto de las administraciones, el destinado al empleo. Desde los primeros estadios de la crisis de deuda, iniciada en mayo de 2010 con la tensión que derivó en el primer rescate a Grecia, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero incluyó en sus tijeretazos uno destinado al número de empleos de la administración. Según el Plan de Austeridad para las Administraciones Públicas 2010-2012 aprobado por aquel Gobierno socialista solo se repondría uno de cada 10 empleados públicos que se jubilase. El plan no finalizaría tal y como estaba previsto. La victoria del Partido Popular a finales de 2011 supuso un considerable endurecimiento. 

El 16 de marzo de 2012, el Consejo de Ministros del Gobierno popular aprobaba el Plan de Reestructuración y Racionalización del sector público empresarial y fundacional del Estado, que cogió forma en los presupuestos aprobados a finales de abril de aquel ejercicio. La tasa de reposición, es decir, el número de empleados públicos que se jubilase que podía ser sustituido pasaba a ser de cero excepto para funcionarios docentes, plazas de hospitales y centros del Sistema Nacional de Salud, Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y personal dedicado a la lucha contra el fraude fiscal y laboral. En estas excepciones la tasa se mantuvo en el 10% lo que a la postre supuso que organismos tan sensibles en un proceso de consolidación fiscal como la Agencia Tributaria viese cómo se iban mermando sus efectivos según avanzaba la crisis. 

El Sector Público Administrativo Estatal da empleo a la Administración Civil (que supone el 62% de los puestos de trabajo), la Administración Militar (24,3%), la Administración de Justicia (4,1%) y la Administración de la Seguridad Social (9,6%). Del total de empleados del Sector Público Administrativo, el 55,7% (320.501 a finales de 2014) son funcionarios, que han visto reducido su número en 26.434 entre finales de 2011 y el cierre del pasado ejercicio.  El siguiente grupo más numeroso es el personal militar, que se ha reducido en 5.840 puestos en el citado periodo, quedando a cierre de 2014 en 139.718 empleados. 

El tercer grupo más numeroso son los contratados laborales, cuyos puestos se han visto recortados en 17.815 entre finales de 2011 y cierre de 2014, cuando la cifra fue de 86.496.