La oposición quiere renegociar para integrar el hospital de Collado-Villalba en el sistema público y ahorrar entre 750 y 1.000 millones de euros.

El grupo hospitalario IDCsalud ha cambiado su marca a quirónsalud en los últimos días, con el lema “la salud persona a persona”. Ha puesto en marcha perfiles en redes sociales como Twitter, donde presume de sus avances tecnológicos o de sus nombramientos, así como otros en Youtube y Facebook. Usando, eso sí, colores cálidos para subrayar la cercanía de sus servicios. Es la segunda vez en poco tiempo, ya que en 2013 el grupo controlado por Víctor Madera y el fondo de inversión CVC tuvo que abandonar la denominación Capio, tras la desvinculación de sus actividades de la matriz sueca.

Pero tanto cambio de nombre no va a protegerles: desde el Gobierno de Madrid sigue pendiendo una espada de Damocles. Se está rifando una desprivatización, y su hospital de Collado-Villalba tiene muchas papeletas.

La Asamblea de Madrid tiene que votar una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a renegociar el contrato de concesión de la atención especializada de la zona de referencia del Hospital de Collado-Villalba, con el objetivo de revertir su gestión al Servicio Madrileño de Salud, integrándola con la del Hospital Universitario de Puerta de Hierro-Majadahonda y la del Hospital de El Escorial.

El hospital nunca debió construirse. La planificación en tiempos de Aguirre y González sólo tenía en cuenta el interés de constructoras y concesionarias

Preguntados por esta medida, sus proponentes no pueden ser más claros en sus planteamientos: dicho hospital nunca debió construirse y fue fruto de una pésima planificación hospitalaria por parte de los gobiernos anteriores de Esperanza Aguirre e Ignacio González que no tenían en cuenta la planificación hospitalaria sino únicamente los intereses de los constructores y concesionarias.

El hospital de Collado-Villalba, construido por OHL y con la concesión en manos de quirónsalud, “descapitaliza y lleva a la infrautilización e ineficiencia del HU Puerta de Hierro-Majadahonda y del Hospital de El Escorial”, subraya en el argumentario de la propuesta el diputado José Manuel Freire. En concreto, afirma que la apertura de dicho centro resta más del 24% de la población que tenía asignada el Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, y un 23% al de El Escorial.

Para Freire, Collado-Villalba es una isla en el ecosistema sanitario de su entorno: “No existe documentación técnica que enmarque con racionalidad el modelo del Hospital de ColladoVillalba en el sistema sanitario de su entorno”. Así que el diputado aboga por una gestión integrada de este centro y de El Escorial en una red multihospital liderada por el HU Puerta de Hierro-Majadahonda, lo que permitirá mejorar la eficacia de los tres hospitales, optimizando la oferta de servicios a los 600.000 habitantes del noroeste de la Comunidad de Madrid”.

Freire incluso pone números a los ahorros: “Con este esquema de gestión pública integrada de los tres hospitales de agudos del Noroeste de Madrid se podría ahorrar entre 30 y 40 millones de euros al año durante los 25 años de vida del contrato actual con quirónsalud, o sea, entre 750 y 1.000 millones.

Hay quien puede argumentar que los argumentos de Freire no son exactamente nuevos: fue uno de los proponentes de la llamada Marea Blanca y su figura ha sido bastante quijotesca durante los tiempos de mayoría absoluta por parte del PP. El pasado febrero, en una de sus intervenciones en el Pleno criticaba una situación que, aún hoy, se mantiene, por sorprendente que resulte: “Hoy todavía nadie sabe exactamente cuánta gente trabaja en el sistema sanitario, o su distribución por categorías o por sistemas de contratación”. Durante los últimos años, él y otros críticos del llamado Modelo Alzira, han alzado la voz contra un sistema que, en lugar de pagar a los centros privados por las actuaciones realizadas para lo público, cubren a las poblaciones completas como si de un seguro se tratase.

El problema para quirónsalud es que, en esta ocasión, Freire no está solo.

¿Realmente eficientes?

Aunque en su acuerdo con Cristina Cifuentes el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, sólo contemplaba evitar privatizaciones futuras, lo cierto es que durante la campaña fue más agresivo. Así, aunque afirmaba que respetaría siempre la seguridad jurídica de las empresas, ponía en duda su eficiencia. “Para llegar a esa conclusión queremos conocer las memorias explicativas, los contratos y el informe redactado, una información fundamental que sin embargo el Gobierno regional ha negado de forma sistemática a la oposición en la Asamblea de Madrid”, exponía entonces el responsable de Ciudadanos. “Privatizar tiene que ser el último recurso de un gestor público; para privatizar vale cualquiera, lo difícil es gestionar bien desde lo público”, añadía.

En la sesión en la que se aprobó la creación de estudio de la deuda, el portavoz de Podemos, José Manuel López, lamentaba el fuerte aumento de la deuda de la Comunidad de Madrid, de 10.000 a 25.000 millones, y echaba la culpa al desarrollo de “un montón de proyectos, algunos innecesarios, que nos han lastrado”. Se refería a “los 3.500 millones de euros en las autopistas radiales, que hoy están vacías; a algunas infraestructuras asociadas a las presuntas Olimpiadas; como la Caja Mágica, por 300 millones de euros, que está vacía; a la Ciudad de la Justicia; o a la construcción de nuevos hospitales, que nos han costado 3.500 millones de euros, mientras se cierran plantas de otros hospitales y nos dejan con menos camas de las que teníamos antes de empezar a construir. Grandes infraestructuras que no siempre han tenido sentido”.

En una entrevista concedida en campaña a La Sexta, López ponía la Sanidad entre sus prioridades. “Lo primero que vamos a hacer es acabar con el sistema de externalizaciones de la Sanidad, ya que la derivación está pensada no sólo para la salud de los madrileños y madrileñas, sino para beneficiar a los hospitales privados”.

Citas previas

En todo caso, Freire está convencido de que la reversión al control público del hospital de Collado-Villalba no sólo es posible, sino que no será la única desprivatización. En este sentido, señala el Centro de Atención Personalizada, un sistema puesto en marcha en 2010 y que Indra, empresa que últimamente ha vuelto a verse salpicada con el último rebrote de la Púnica, se adjudicó entonces y mantendrá al menos hasta abril de 2016, a cambio de unos 7 millones de euros anuales. ¿Más adelante? Veremos siquiera si la Asamble está bajo el mismo gobierno.

En otra proposición no de ley, el PSOE pide el estudio de la situación del CAP, un servicio que, a su juicio, “nunca estuvo adecuadamente planificado para su integración y coordinación con los canales de citas existentes en los centros de salud y hospitales”, pese a que centraliza las citas sanitarias de toda la población de Madrid, 6,5 millones de personas. “Este sistema de citaciones está siendo utilizado para derivar sistemáticamente pacientes a centros privados”, denuncian en la exposición de motivos.