El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dado orden a la dirección del partido de ponerse a la cabeza de la indignación popular contra los escándalos de corrupción, que salpican estos últimos días de manera rotunda a destacados miembros del Gobierno y del PP. Además de las declaraciones públicas de condena, el partido en el Gobierno se esfuerza por sacar pecho de sus medidas de regeneración política e institucional, al tiempo que intenta demostrar a la opinión pública que nadie ha luchado más en esta legislatura contra la corrupción que el PP.

Los populares pusieron ayer en marcha una campaña con la que intenta mostrar el alto grado de cumplimiento del programa con el que el partido ganó las elecciones generales de 2011.

Lo curioso de esa campaña –que ayer se estrenó en su página web- es que el PP presume de regeneración política e institucional y de democracia ejemplar. Y lo hace en pleno brote de la operación Púnica.

Precisamente, en el capítulo titulado “democracia ejemplar”, el partido de la gaviota considera que ha cumplido el 88,1 por ciento de su programa de 2011. Según quieren dejar claro los populares, la fuerza política en el Gobierno se presentó a las últimas elecciones generales con la promesa de “velar, en el seno el PP, por el riguroso cumplimiento de nuestro código de buenas prácticas y de los compromisos de conducta asumidos por nuestros candidatos”.

Génova cree que ha cumplido su compromiso con el argumento de que “los numerosos expedientes que se han abierto en los últimos tiempos dan muestra de que el Partido Popular ha estado vigilante de que el código de buenas conductas fuera cumplido rigurosamente”.

Los populares también prometieron en 2011 reforzar la respuesta del ordenamiento jurídico a las conductas delictivas constitutivas o relacionadas con la corrupción, así como asegurar su rápido enjuiciamiento. Pese a que casos -como el de la trama Gurtel- llevan casi siete años a la espera de juicio, el PP cree, asimismo, que ha dado cumplimiento a su compromiso electoral, por el hecho de que la reforma del Código Penal aborda la lacra de la corrupción.

“En concreto –sostienen los populares- se modifican numerosos artículos para evitar que se pueda acudir a unas elecciones por parte de una persona condenada por delitos de corrupción. Además, se crea el delito de financiación ilegal de partidos. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal delimitará temporalmente el enjuiciamiento de los procesos penales”.

El PP dice estar abochornado, indignado y avergonzado por la Púnica

Pese a esta campaña de autobombo –que trata de situar al PP a la cabeza de las fuerzas políticas en la lucha contra la corrupción-, lo cierto es que el partido de la gaviota se ve estos últimos contra las cuerdas a cuenta de los comportamientos y las conversaciones desvelados en el procedimiento de la trama Púnica. Así, altos cargos del Gobierno y del PP se ven salpicados por el levantamiento del sumario.

Ayer se supo que el ex secretario general del partido en la Comunidad de Madrid y  presunto cerebro de la trama, Francisco Granados, llamó al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, tres meses antes de ser detenido para interesarse por la privatización del organismo público Aeropuertos y Navegación Aérea (AENA). Así consta en unas intervenciones telefónicas contenidas en el sumario, según informa Europa Press.

Además, El Confidencial informó de que los cerebros de la trama solicitaron a la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que mediara para aupar a Marcos Martínez Barazón a la presidencia de la Diputación de León en las elecciones de 2015, según se desprende también de las intervenciones telefónicas.

Así las cosas, el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, no tuvo otra que salir en rueda de prensa no para rebajar el tono de las informaciones, ni siquiera para pedir disculpas en nombre de su partido, sino para ponerse a la cabeza de la marea indignados contra la corrupción. Daba así cumplimiento a la orden de Rajoy, que por la mañana había presidido el comité de dirección del PP.

Casado quiso dejar claro que al PP le “abochornan, indignan y avergüenzan” los comportamientos, al tiempo que adelantó la intención de los populares de revisar los nombres de quienes ya tienen abiertos expedientes informativos o de expulsión, por si tiene que incoar nuevos procedimientos.

Para ello, Génova se apresuró a citar a los miembros del Comité de Derechos y Garantías del partido. La reunión queda convocada para mañana y estará presidida por la alcaldesa de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislant, que sustituye en el puesto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.