Los intentos del Ministerio de Industria de acelerar el proceso de autorización del almacén nuclear de Villar de Cañas se topan con la negativa del Ministerio de Medio Ambiente. El departamento de García Tejerina frena la declaración de impacto ambiental del silo porque los informes encargados por Soria no están completos.

El Gobierno ha acabado por montar un enorme lío en torno a la autorización del cementerio nuclear de Villar de Cañas. Y las prisas que parece tener parte del Ejecutivo por acelerar el proceso (y llegar a las elecciones con él lo más avanzado posible) pueden acabar por retrasarlo todo. Y es que otra parte del Gobierno no tiene ningún interés en utilizar atajos para conseguirlo. Mientras desde el Ministerio de Industria se ha tratado de impulsar el proceso utilizando un informe incompleto, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente entiende que no puede iniciar la obligatoria declaración de impacto ambiental hasta que el estudio de impacto radiológico no esté completado.

Los planes del Ministerio de Industria, comandado por José Manuel Soria, pasan por tener operativo el cementerio nuclear a finales de 2017, y los plazos empiezan a ajustarse, y mucho (incluso algunos expertos los consideran ya rigurosamente imposibles de cumplir). El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó el pasado 15 de julio, a petición del Ministerio de Industria, un informe sobre el impacto radiológico del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radioactivos. El informe es obligatorio y sin él no se puede continuar con el proceso.

Un informe necesario, pero incompleto

Pero el informe aprobado está incompleto: sólo analiza el impacto radiológico para la población si el almacén nuclear funciona con normalidad, pero no evalúa ese impacto ni para la población de la zona ni para el personal del centro en caso de accidente, según adelantó en exclusiva SABEMOS. Y es que la normativa vigente (fundamentada en una instrucción del CSN de 2010) establece que el organismo debe analizar el impacto radiológico para ambas circunstancias: operación normal del almacén y un eventual accidente en la instalación.

El Ministerio de Industria pidió al CSN que anticipara una parte de un informe sobre el almacén nuclear para que Medio Ambiente pudiera avanzar en su declaración de impacto ambiental

El acta del pleno del CSN del 15 de julio confirma que se aprobó un informe del cuerpo técnico del organismo sobre la materia. Y en ese acta se apunta que el Ministerio de Industria había pedido que el CSN “anticipe” la evaluación del impacto radiológico del ATC. “El informe presentado [por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear] a la consideración del Pleno valora únicamente el impacto radiológico al público como consecuencia de la operación normal de la instalación”, recoge el acta, y no se contempla en cambio ese impacto radiológico si en el almacén se produjera un accidente, como es obligatorio para considerar que la evaluación está completa.

Según reconoce el propio CSN, la aprobación del informe incompleto se realiza a instancias de Industria y “de cara a la formulación por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Declaración de Impacto Ambiental de la instalación”. Otro documento obligatorio para continuar con las siguientes autorizaciones y hacer posible que prosiga el proceso. Esto es, el pleno del CSN (integrado por dos consejeros del PP, dos del PSOE y uno de CiU) habría aprobado un estudio que no está completo para que Medio Ambiente pudiera avanzar en la elaboración de impacto ambiental.

Medio Ambiente necesita el informe completo

Sin embargo, existen diferentes visiones dentro del Gobierno sobre cómo desarrollarse el procedimiento. Y es que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), que dirige Isabel García Tejerina, entiende que el informe radiológico tal y como está ahora podría ser insuficiente. “Para que el expediente esté completo necesitamos todos los informes del CSN”, confirman fuentes del Ministerio de Medio Ambiente. Y “cuando se dispone del expediente completo es cuando el Magrama tiene toda la información precisa para poder elaborar la declaración de impacto ambiental”. De hecho, Medio Ambiente, en principio, no pretende hacer “nada hasta que el expediente esté completo”, sentencian las mismas fuentes.

Medio Ambiente entiende que “necesita todos los informes del CSN” y no parece dispuesto a hacer “nada hasta que el expediente esté completo”

Es evidente, en efecto, que la declaración de impacto ambiental no puede aprobarse formalmente hasta que todo el informe de impacto radiológico esté completo. Pero algunos expertos consultados por SABEMOS consideran que sin todos los estudios el Magrama ni siquiera podría empezar a elaborar la declaración de impacto ambiental. Esto es, las prisas del Ministerio de Industria por que el CSN aprobara una parte del estudio para ir quemando etapas podrían ser inútiles.

“Ese informe completo es preceptivo para que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pueda elaborar la declaración de impacto ambiental”, explica Raquel Montón, responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace España. Montón, que también es miembro del comité consultivo del CSN, subraya que “sin tener toda la información sobre el impacto radiológico, toda, el Magrama no podría comenzar a hacer la declaración de impacto ambiental. No puede”. Desde la organización ecologista se denuncia la opacidad con que el Gobierno y el CSN están desarrollando el proceso. Greenpeace ha solicitado al Magrama que les facilite el informe aprobado por el CSN sobre el impacto radiológico, porque aún no se ha hecho público.

Las prisas que Industria no ve

Desde el nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, y desde organizaciones ecologistas se denuncia desde hace semanas los intentos del Gobierno central de acelerar el proceso de autorización del almacén nuclear y avanzar lo máximo posible antes de la celebración de las elecciones generales, previstas para noviembre o diciembre. “El Gobierno no tiene prisa y no se está acelerando el proceso, que además va con retraso respecto a los plazos que se preveían“, explican fuentes de Industria. “El CSN es el que determina los tiempos y está pidiendo más información para seguir con el proceso. No hay prisas”.

El CSN ha adelantado a este lunes el pleno en que estudiará la aprobación de la autorización del emplazamiento del ATC

No obstante, el CSN ha adelantado a este lunes el pleno en que abordará la posible autorización de emplazamiento (el pleno inicialmente estaba previsto para el miércoles). Y lo hará sin despejarse las incertidumbres sobre la calidad de los terrenos. De hecho, Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de los residuos nucleares, pretende adjudicar después del verano un contrato para realizar sondeos adicionales que permitan un nuevo estudio sobre la calidad del suelo, cuyos resultados podrían no estar disponibles hasta abril o mayo de 2016.

No es que con esta autorización previa que ahora se debate se dé permiso para iniciar la construcción del almacén, pero sí se da un impulso crucial al dar por buena la ubicación elegida. Tras la autorización previa, el Gobierno debería aprobar la declaración de impacto ambiental, y el CSN aún debería dar otras dos autorizaciones: la de construcción (ya solicitada también por el Ministerio de Industria) y la de explotación del almacén.

Objetivo de Industria: un ATC a finales de 2017

La necesidad de construir un almacén centralizado para acoger los residuos nucleares de alta actividad de las centrales españolas se viene planteando desde hace décadas. En el último Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que data de 2006, se contemplaba inicialmente la construcción de un almacén temporal centralizado que estaría listo en 2010 o 2011 y que serviría para guardar los residuos durante varias décadas, sólo hasta la construcción de un almacén geológico profundo (AGP), que es donde se esconderá la basura nuclear durante miles de años. Lo de tener el ATC en 2011, claro, no se cumplió. El Gobierno de Rajoy impulsó de nuevo el proyecto en ese mismo 2011 y se esperaba que, una vez elegida Villar de Cañas para ubicarlo, que el almacén pudiera estar operativo en 2016. Y es evidente que el nuevo plazo tampoco se cumplirá, ya que muy probablemente será en 2016 cuando se inicien los trabajos de construcción.

Los planes del Gobierno pasan por que el ATC esté operativo a finales de 2017. De hecho, fuentes de Industria reconocen que el almacén debe estar listo en esa fecha porque es “el momento en que empezaría a haber problemas con los residuos”. Los problemas a los que se refieren son, singularmente, que en 2017 deben regresar a España -en principio al ATC- los residuos de la central de Vandellós que ahora están custodiados en Francia. Y si no se cumpliera ese plazo, Enresa deberá abonar una sanción a razón de 67.000 euros al día.

Fuentes de Enresa sostienen que los trabajos de construcción del almacén se alargarán durante dos años una vez conseguidos todas las autorizaciones. Si los permisos se otorgan, en el mejor de los casos, a finales de este año, se podría cumplir el objetivo del Gobierno de tener operativo el cementerio nuclear a finales de 2017. Pero todo lo que no supongo acelerar el proceso al máximo, ya supondría poner en peligro los plazos a los que se aspira y retrasar la puesta en marcha del silo a 2018 o incluso más tarde. No obstante, Ecologistas en Acción y otras fuentes del sector nuclear consultadas por SABEMOS ven imposible, precisamente por la probable calidad deficiente de los terrenos de Villar de Cañas, que las obras puedan completarse en sólo dos años como prevé Enresa. La mala calidad de los terrenos obligaría a hacer cimientos más profundos y más reforzados, y conllevaría realizar otras labores adicionales. Estas fuentes apuntan incluso que será difícil que ATC pueda estar operativo antes de 2020 o 2021.