El debate en torno al órdago secesionista se calienta día a día. Los independistas catalanes se envalentonan en el Congreso y aseguran que el proceso “no lo para ni Dios”, mientras el lenguaraz presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, desvela una conversación privada con el Rey –que ayer le recibió en audiencia en la Zarzuela-, en la que el monarca le dijo, supuestamente, que la postura del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, es “irreconducible”.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sigue preparando el terreno para combatir el desafío catalán. Y lo hará en todos los ámbitos, en especial, en el jurídico- político y en el económico.

En el terreno jurídico-político, la Comisión Constitucional del Congreso aprobó ayer por una amplia mayoría (PP, PSOE y UPyD) el proyecto de ley de Seguridad Nacional. El texto seguirá ahora su trámite parlamentario en el Senado, para quedar aprobado antes de que se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones.

Sin recurrir al temido artículo 155 de la Constitución, la futura norma permitirá al Ejecutivo hacer frente al órdago independentista, en el caso de que el Parlamento que salga de las urnas apruebe una declaración unilateral de soberanía. Con una mayoría simple del Congreso y sólo a través de un real decreto, el Gobierno de la Nación podrá declarar la situación de excepcionalidad y hacerse con el control de los Mossos d´Esquadra y de las policías locales.

Prueba de que el proyecto de ley de Seguridad Nacional hace daño a los independentistas es que estos han decidido dar batalla en todos los frentes contra el texto. El nuevo consejero de Interior de la Generalitat y hasta hace poco diputado de CiU en el Congreso, Jordi Jané, anunció ayer que el Gobierno catalán llevará al Tribunal Constitucional la futura norma en cuanto finalice el trámite parlamentario y sea publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Los argumentos de los nacionalistas para oponerse al texto se centran en que el objetivo de los partidos mayoritarios es expropiar competencias a las comunidades autónomas y abortar, según ellos, el proceso democrático que se ha abierto en Cataluña.

Mayor financiación para Cataluña

El presidente del Gobierno también quiere hacer frente al órdago secesionista con armas económicas. Y lo hará con una mayor financiación a las comunidades autónomas, incluida -como no podía ser de otra forma- Cataluña.

En este sentido, Rajoy anunció que el año próximo se abordará el nuevo modelo de financiación autonómica, cuya dotación se incrementará por encima de los 7.000 millones de euros, lo que corresponde con las entregas a cuenta.

Durante una conferencia en Sevilla, el presidente del Gobierno quiso dejar claro que esas entregas a cuenta aumentarán de “una manera considerable” en los presupuestos generales del Estado para 2016, algo que repercutirá en la mejora de los servicios públicos.

Sin ofrecer datos de cuál sería el montante que se llevará Cataluña, el principal inquilino del palacio de la Moncloa recalcó que las comunidades tienen derecho a reclamar lo que quieran, al tiempo que subrayó que la existencia de mecanismos de extraordinarios de liquidez supone también un ahorro considerable para los Gobierno regionales.

Pedro Sánchez marca distancias con Mas… y con Rajoy

Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se esforzó ayer por marcar distancias no sólo con el presidente de la Generalitat, sino con el jefe del Gobierno de la Nación. Equiparando a uno y otro, el líder de la oposición llegó a decir: “No me gusta ni el frente de Mas y ni de Rajoy”. Los socialistas, que en los últimos días han ido de la mano del PP en la crisis catalana, quieren caminar por su propio camino, sin que esa proximidad a los populares les perjudique a pocos meses de la cita con las urnas.

Mientras tanto, el portavoz adjunto de UPyD en el Congreso de los Diputados, Carlos Martínez Gorriarán, defendió que el presidente del Gobierno debería ser más activo y avisar claramente al jefe de la Generalitat de que si toma decisiones unilaterales ilegales, aplicará el artículo 155 de la Constitución, suspendiendo algunas de sus competencias.