• “No habrá una rebaja generalizada del IBI que afecte igual a Villar Mir o a Florentino Pérez que a un vecino de Villaverde, Aluche o Carabanchel”
• “A Blackstone los pisos de la EMVS le salieron baratitos: de los 129 millones de euros sólo pagaron 49 en efectivo y el resto fue subrrogarse hipotecas”
• “Es vergonzoso que el Ayuntamiento de Madrid sea colaborador necesario en la precarización del empleo”
• “Entregar el Metro a la Comunidad de Madrid no tuvo ningún sentido”
• “Los presupuestos para 2016 serán expansivos, pero tenemos un ostáculo legal fundamental: la regla de gasto”

El pasado 13 de junio, el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Madrid liderado por Manuela Carmena tomó posesión de sus cargos; al frente del Área de Economía y Hacienda, Ahora Madrid ha situado a Carlos Sánchez Mato, un economista exmilitante de Izquierda Unida, católico de base, luchador contra los abusos en el seno de la Iglesia y con años de experiencia en el activismo económico y social. SABEMOS le entrevista en su despacho en la calle Alcalá para hablar de sus primeras (y muy agitadas) semanas en el cargo, lo que se ha encontrado y sus planes de futuro. No esquiva ninguna pregunta, pero no quiere volver a oír hablar de la polémica sobre la tasa de turismo. 

¿Cómo valora estas primeras semanas en el poder?

Hemos hecho un aterrizaje más abrupto, desde el punto de los medios, del que mucha gente podía pensar. Pero ha sido tremendamente positivo si pensamos en el entusiasmo de los empleados municipales y en las enormes ganas de colaborar para que se produzca un verdadero cambio de timón en la política municipal. Había un hartazgo colectivo no solamente en la sociedad, sino en el propio Ayuntamiento. Esas expectativas nos ponen en la obligación de cumplir. Es lo que la gente espera de nosotros.

¿Algún ejemplo?

Hay gente que puede pensar que es demagógico, pero les ves un brillo especial en la mirada a las personas que no forman parte de la plantilla municipal, como pueden ser quienes limpian en este edificio y en otros. Gente que lleva 24 años limpiando aquí y que no son empleados municipales y no lo han sido nunca. Ese brillo te dice “a ver si alguna vez el Ayuntamiento, que es para quien he trabajado siempre, me contrata de forma directa”. Eso para mí tiene muchísimo más valor que la acogida de los directivos del Ayuntamiento, que también nos han recibido bien, pero imagino que con otras intenciones y con otras expectativas diferentes a las que puede tener un empleado de la limpieza o un auxiliar administrativo.

También me ha sorprendido lo competente que es la gente. Aunque siempre se habla mal de la función pública, yo tenía buena opinión desde fuera. Pues bien, en estas semanas mi opinión aún ha mejorado. Hay una capacidad espectacular, y lo triste es que se ha pasado años desaprovechada. La sensación por parte de los empleados municipales era que su trabajo técnico, que era muy bueno, se enfrentaba con un tapón desde el punto de vista político. Era gente que luchaba para mejorar la gestión desde la optimización del coste y a quienes luego una decisión política hacía que ese trabajo quedase en aguas de borrajas. Es un reto enorme dar la posibilidad de que ese trabajo pueda ayudar a objetivos generales y no a objetivos particulares, espúreos y para una minoría de la población.

O sea, que quienes ocupaban antes el mismo puesto que vd. han estado ignorando los informes que les iban llegando.

Es evidente, porque no sólo nos lo han dicho los empleados públicos, sino que los resultados están ahí. Estamos en un Ayuntamiento en el que en la última Comisión de Economía y Hacienda el representante del PP habló de una extraordinaria herencia porque nos hemos encontrado con la caja llena. Yo digo llena de telarañas. La caja lo que tenía era un volumen de deuda que sigue convirtiéndonos todavía en el Ayuntamiento más endeudado del Estado Español, proporcionalmente por encima de lo que le correspondería por su tamaño. Y evidentemente esa deuda no es para estar orgullosos. Aunque el potencial del Ayuntamiento para afrontar ese hecho es enorme, eso sí es verdad. Tenemos la capacidad de dar la vuelta a la situación y de responder a los intereses generales, no a los intereses de una parte de Madrid que evidentemente ha vivido muy bien con la anterior administración y a la que no le interesaban los conceptos de ahorro y austeridad, sino que los usaban de forma artera para sus propios intereses.

¿Han encontrado facturas en los cajones? Se ha encontrado, ya desde junio, con vencimientos por 260 millones del soterramiento de la M-30 y de los créditos para tapar el impago a proveedores…

Tenemos más de una de esas. El concepto de “facturas en los cajones”, por las disposiciones legales que se pusieron en marcha a partir de 2011 se han dificultado muchísmo. Todavía llevamos demasiado poco tiempo como para decir que no puedan aparecer cadáveres escondidos, pero sí que ese concepto, que antes se usaba de forma profusa, se ha vuelto más complicado por medidas como la factura electrónica y la obligatoriedad de usarla por parte de los proveedores… Ahora, asuntos que van apareciendo tenemos unos cuantos y van a ir saliendo a la luz pública en los próximos meses porque evidentemente nos hemos encontrado con determinadas operaciones casi hechas que de alguna manera comprometen este presupuesto y los siguientes, lo que es más problemático.

¿Por ejemplo?

Cosas que se harán públicas en su momento. Hay operaciones de renting, por ejemplo, que tienen que ver con un determinado concepto que puede ser mucho más lesivo para el contribuyente. Los camiones de bomberos, por ejemplo. Es algo que saldrá en los próximos meses. Siempre habían sido propiedad del Ayuntamiento; pues el anterior equipo consideró que era mucho más interesante tenerlos vía renting, entregando los que el Ayuntamiento tiene en el momento actual. Ese contrato es claramente más caro que el gasto que se estaba teniendo anteriormente. ¿A quién le interesa que los camiones de bomberos estén en renting? Al Ayuntamiento no, y a los madrileños y madrileñas tampoco. A lo mejor a la empresa de renting sí que le interesa.

No descartan que haya casos que supongan acciones judiciales futuras.

No lo digo en este caso, porque hay que revisar aún unas cuantas cosas, pero lo que digo es que es uno de los ejemplos en los que no se trata de facturas en los cajones, pero sí se trata de compromisos plurianuales, a muy largo plazo, que comprometen el patrimonio municipal y van contra la eficiencia económica.

¿Y las denuncias sobre el caso Mercamadrid?

En efecto, es otro ejemplo de actuación no correcta, no adecuada desde el punto de vista de la eficiencia económica independientemente de lo que luego la justicia pueda decir. Independientemente de que no hubiera nada asociado a un caso de corrupción, lo que hay es un absoluto mal uso del dinero público por parte de quienes presumían de ser unos buenos gestores. Y luego éramos quiens llegábamos desde la sociedad civil y llevábamos en algunos casos décadas protestando por estos temas, los que estábamos incapacitados para acceder y gestionar de forma adecuada…

¿Cómo está siendo la relación con el resto de administraciones (autonómica y estatal)?

Para ser políticamente correcto hablaré de la lealtad institucional máxima que tiene que haber entre las distintas instancias, y por supuesto máximo respeto por parte del Ayuntamiento de Madrid respecto a las demás administraciones. Pero automáticamente dejo de serlo (políticamente correcto) y digo que tenemos una absoluta e imperiosa necesidad de relacionarnos de manera beligerante contra corsés legales que nos impiden hacer política a las adminsitraciones locales, no solo al Ayuntamiento de Madrid. Estamos condenados a entendernos, por descontado, y nuestra voluntad va a ser siempre la de llegar a acuerdos. Pero no acuerdos desde la posición de claudicación, que es la que ha mantenido hasta ahora el Ayuntamiento de Madrid y otras corporaciones locales. No podemos admitir que teniendo determinadas posiciones de superávit en el presupuesto del año que viene no podamos destinarlo a mejorar los déficit de equipamiento que existen en los barrios de Madrid y que tengamos que destinar de manera prioritaria determinados excedentes que generemos a amortizar deuda de forma anticipada. Es uno de los elementos que tenemos de conflicto con el Ministerio de Hacienda, y vamos a pelear, por la vía legal, para que se modifiquen las normas que impiden que se hagan políticas en favor de los ciudadanos.

¿Qué déficits de equipamientos más urgentes habéis detectado?

Estamos aún en un proceso de evaluación de esas necesidades, pero lo que está claro y ya se ha detectado es que esta ciudad se ha centrado en las grandes infraestructuras, los grandes megaproyectos y se ha olvidado de las necesidades de los distritos y los barrios, especialmente los que están en peor situación, que tienen población más vulnerable o en peligro de exclusión. Evidentemente todos esos déficit de equipamientos no recibían el cariño del anterior equipo de gobierno, ni del anterior, ni del anterior, pero nosotros estamos obligados a estar especialmente atentos sobre estas necesidades. Y, una vez evaluadas, estableceremos un calendario para atenderlas.

En un momento dado el Ayuntamiento entregó el Metro a la Comunidad de Madrid. ¿Eso tuvo sentido?

Ninguno. De hecho, eso está todavía dando sus coletazos finales. Porque hay determinadas infraestructuras que registralmente todavía están en manos de patrimonio municipal. Hay cosas que no tiene ningún sentido entregar. Una cosa es que es evidente que Metro de Madrid y el consorcio exceden lo que son los límites del municipio de Madrid. Otra cosa es la importancia que debiera tener la posición del Ayuntamiento de Madrid en ese consorcio. Entonces, entregar de alguna manera todo a cambio de nada, lo que supone es no ser capaz de poder actuar en ese consorcio de forma adecuada. No sólo es entregar el patrimonio de los madrileños y madrileñas, sino la capacidad de decisión sobre lo que éstos necesitan. Lo cual es, evidentemente, uno de los muchos ejemplos de claudicación, porque nadie niega que se han de tratar los asuntos del consorcio de transportes con una mirada más amplia que la del Ayuntamiento de Madrid, pero negar la importancia del Ayuntamiento de Madrid en ese consorcio…

¿Van a intentar recuperarlo?

Evidentemente es una de las políticas que tenemos que llevar a cabo, pero retrotraer esto a la situación anterior es extremadamente complejo. Porque bueno, han dejado preparado hasta la entrega registral de determinadas estaciones que todavía no estaban. Habrá que mirarlo, pero hay determinadas actuaciones que dificultan extraordinariamente la vuelta a la situación anterior.

O sea, que justo antes de que llegaran lo dejaron todo atado.

Sí.

Sobre los bancos, ¿qué expectativas tienen respecto a ellos?

Las actuaciones que desde el área de equidad y derechos sociales, y por parte de la propia alcaldesa han sido buscar posibles acuerdos de colaboración. Buscar cómo poner a disposición del área correspondiente muchos pisos vacíos de los que tienen estas entidades, algunas de ellas públicas. Esa ha sido la posición de la alcaldesa y de Marta Higueras, y en esa posición cuentan con todo el apoyo del equipo de gobierno. Mi opinión es que en esa actuación van a encontrar muchísimas resistencias, evidentemente, por parte de las entidades bancarias. Pero bueno, eso está por ver. Espero que esa posición que tengo yo se vea refutada por los hechos. Está claro que existen intereses contrapuestos, y que existan unos poderes públicos que quieran garantizar el derecho a la vivienda, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, es algo que no le gusta a las entidades bancarias. No van a poner muchas facilidades para que podamos llevar a cabo esta labor en los próximos años.

¿Tienen alguna estimación o cálculo de las necesidades en este sentido?

Todo ese trabajo todavía no está terminado de realizar porque uno de los elementos más tristes es que no existía una adecuada información acerca de las necesidades reales y de los medios de que disponía la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo para afrontarlas. El ejemplo más claro fue que la empresa municipal prácticamente abandonó su objeto social, el motivo por el que había sido creada y ese elemento tan importante para la actuación social del Ayuntamiento de alguna manera fue echado, fue orillado, y encima se llevaron a cabo operaciones como la venta de ese patrimonio a empresas como Magic Real State Blackstone (y gestionado por Fidere) que se han hecho con 1.860 viviendas, con plazas de garaje, con trasteros y con locales comerciales por un precio absolutamente irrisorio. Eso es algo claramente denunciable desde el punto de vista político y analizable desde el punto de vista judicial. Por si se ha producido algún tipo de vulneración de la ley.

¿Van a ir con los abogados a presentar una batería de querellas?

No, lo que haremos es analizar las operaciones pero no con un ánimo de venganza. Lo digo porque hay gente que sí se lo plantea. Es nuestra obligación, la de la intervención general de la administración local, realizar un análisis exhaustivo de todas las operaciones, sobre todo si han supuesto un deterioro patrimonial del Ayuntamiento de Madrid. Porque vamos, creo que nadie entendería que le dedicásemos tiempo a analizar los grandes éxitos patrimoniales, si los hubiera. Pero es que lo que ha pasado es justamente lo contrario. Operaciones que han supuesto pérdidas para los madrileños y madrileñas. ¿Qué quieren, que nos los callemos? ¿Qué quieren, que no lo investiguemos? Para empezar, desde el punto de vista político no nos lo perdonaría nadie: ni los que nos han votado, ni los que no nos han votado. Pero es que además vulneraríamos la ley. Lo que estamos haciendo es lo que debemos hacer: iniciar los pasos para realizar un análisis exahustivo de las medidas que hayan podido suponer un deterioro patrimonial para el Ayuntamiento de Madrid.

¿Y en ese caso se iniciarían acciones legales?

Nuestra obligación sería poner en conocimiento de la Fiscalía en su momento lo que pueda haber sido una vulneración de la ley. Pero incluso en el caso de que no hubiera habido una vulneración de la ley, porque puede ser solamente una mala gestión, eso también tiene que conllevar una responsabilidad política. Lo que no puede ser es que se puedan realizar venta de patrimonio público cuando estamos ante una emergencia social y que eso no tenga ningún tipo de responsabilidad política asociada. ¿Qué sentido tiene que se hayan vendido esas viviendas a un precio medio de 69.000 euros? Habría muchísimas familias que dirían “a ese precio podría haberlo comprado yo”. Cuidado, que el planteamiento de este Ayuntamiento no es que se tuviera que haber vendido a estas familias. Ni a esas familias, ni a ninguna, ni a este fondo de inversión. Pero cuando se produce una situación en la cual, con la excusa (porque es una excusa) del endeudamiento que se ha producido precisamente por actuaciones claramente discutibles desde el punto de vista político, que la salida que se propone sea enajenar patrimonio por esos importes y de esa manera, es algo absolutamente incalificable desde el punto de vista político.

Y tened en cuenta que a ese fondo les ha salido baratito: no es que hayan pagado 69.000 euros de media por los pisos, sino que se han quedado con ellos pagando mucho menos dinero. Sí, porque lo que han hecho ha sido quedarse con las hipotecas que ya tenía contratadas la empresa municipal de la vivienda. Concretamente [muestra los papeles] el conjunto de operaciones y estas viviendas se vendieron por 129 millones de euros; pues solamente pagaron en efectivo unos 49 millones de euros. El resto ha sido subrogación de las hipotecas, de deuda que ya tenía concedida la empresa municipal de la vivienda. O sea, les ha salido por una tercera parte de esta cantidad al contado: unos 23.000 euros de media les han costado estos pisos, y el resto son unas hipotecas que irán pagando en un montón de años.

Se vendían con fuertes descuentos precisamente por conseguir liquidez…

… Y ni siquiera has tenido en realidad esa liquidez. Este tipo de operaciones, independientemente de las posibles responsabilidades judiciales, desde el punto de vista político son indefendibles. No es un tema de venganza ni de revancha, sino de la imprescindible y necesaria vigilancia del uso del dinero público que ha de tener cualquier equipo de gobierno.

¿Cómo afecta el tener que lidiar con un Gobierno autonómico de distinto color?

Tenemos temas en los que hay distintas posiciones, pero también digo que estamos condenados a entendernos, en el mejor sentido de la expresión. Tenemos asuntos como La Cañada, que es un tema que lleva años sin resolverse. Tenemos que resolverlo o al menos dejarlo mejor que como nos lo encontramos. Es un reto. Podemos ¿por qué no? establecer actuaciones que lleven al menos a mejorar la situación de un lugar como La Cañada. Tenemos patatas calientes, posiciones ideológicas diferentes, pero nos debería guiar el bien de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid capital y del resto de la Comunidad. No se me levantarán las carnes por llegar a acuerdos con un partido como el PP por llegar a acuerdos siempre y cuando planteemos mejoras reales para la gente, no subterfugios para revelar atajos que no mejoren la vida de la gente.

Los contratos de limpieza y jardinería (muchos de ellos adjudicados recientemente a ACS) ¿Los han podido revisar ya? ¿Alguna conclusión?

Con la limpieza estamos ante algo que si hacemos una encuesta en esta calle (que es de las más limpias) obtendríamos un consenso general de que Madrid está hecha un asco. Con el proceso de licitación de contratos marco integrales, de externalización del servicio de limpieza y recogida de basuras… O sea, con las políticas del PP Madrid, está hecha un asco. ¿Cómo afrontamos esa realidad? Porque puede ser menos sangrante en el centro, pero si os paseáis por los barrios y los distritos periféricos, la situación es verdaderamente vergonzosa: no se están cumpliendo los estándares mínimos de calidad en el servicio que aparecían en los pliegos que resultaron adjudicados con esos contratos. Por lo tanto, el Ayuntamiento tiene que actuar de manera terminante exigiendo el cumplimiento de los contratos y planteando posiciones que están encima de la mesa de una forma absolutamente preliminar. Lo que no vamos a permitir es que esa situación se perpetúe en el tiempo. Estamos aquí para gestionar la ciudad y para mejorar esos indicadores. Tenemos un compromiso claro de que en seis meses vamos a mejorar, un planteamiento al que llegamos con el Partidos Socialista en el acuerdo de investidura, que aunque no era prioritario en nuestro programa, ante la emergencia social es evidente que es algo que afecta al conjunto de los ciudadanos de Madrid y es algo que tenemos que abordar. Y tenemos que hacerlo exigiendo el cumplimiento de los contratos. 

En SABEMOS publicamos una historia sobre cómo el Ayuntamiento adjudicó recientemente contratos de seguridad a una empresa relacionada con el ministro Soria, que emplea a trabajadores en condiciones muy precarias. ¿Cómo se puede lidiar con este tipo de contratos ya adjudicados?

Modificar los contratos existentes es muy complejo si se están cumpliendo. Pero eso no quiere decir que no tengamos una posición política ante ellos. Lo que no tiene ningún sentido es que una administración local como el Ayuntamiento de Madrid sea colaboradora necesaria en la precarización del empleo. Eso es vergonzoso. Es una actuación claramente reclamable y denunciable desde el punto de vista político. Que la administración local piense que abarantando los contratos, de esa manera, está prestando el mismo servicio, es un claro error. Se está produciendo en la seguridad y en otros contratos de menor importe que también son significativos. Si nosotros hacemos que las empresas, por su propia desesperación (no pensemos otra cosa) están haciendo ofertas claramente a la baja, porque eso es lo que fundamentalmente prima a la hora de la adjudicación, estamos olvidando algo fundamental, que es la calidad. La administración, si subcontrata unos servicios y unos talleres culturales en un distrito del extrarradio, no puede pensar que es lo mismo contratar por 100 que contratar por 70. Contratas por 70 y dices “qué barato, qué buena gestión hemos hecho”. ¿Pero qué servicio estamos dando? ¿Es el que piden los ciudadanos y las ciudadanas? Porque claro, el resultado me parece que es claramente lesivo para los que reciben el servicio, pero además a costa de que los trabajadores que prestan ese servicio estén en condiciones de semiesclavitud. No podemos no incorporar cláusulas que eviten este tipo de situaciones. Porque si no estaríamos haciendo dejación de nuestra responsabilidad. No basta con limitarnos a evitar que no estén en situación de precariedad los empleados municipales: no podemos colaborar en echar combustible en una situación en una ciudad que luego tiene dificultades para llegar a fin de mes. Estamos diciendo que queremos evitar que haya desahucios, pero si luego estamos favoreciendo con nuestra política de subcontratación a que la gente no puede pagar sus hipotecas, pues entramos en conflicto directo.

¿Y la tasa de turismo? ¿Hay o no hay?

Estoy aburrido de hablar del tema. Pero como lo que dije quedó por escrito en la Comisión de Economía y Hacienda. Dije lo que dije, lo dije claramente y quedó por escrito. Cualquier cosa que diga solo puede empeorar las cosas.

¿Qué va a pasar con el IBI?

Tenemos un pleno el miércoles donde se va a tratar el tema. El IBI tiene que reflejar con mayor medida la progresividad. O sea, que proporcionalmente paguen más los que más tienen. Pero como no es un impuesto que depende solo de la actuación municipal [depende también de una revisión catastral que tenga en cuenta el desplome de los precios de los últimos años], tenemos claro que queremos reducirlo. Pero no de manera generalizada, sino a las capas de la población que están en una situación peor. No bajarle el IBI al Real Madrid, que nada en la abundancia, ni al Atlético de Madrid, que nada menos. Hacer planteamientos demagógicos de rebajar impuestos directos de forma generalizada [El PSOE pide una rebaja de 100 euros en el recibo para todos los madrileños] ataca el principio fundamental de suficiencia tributaria. No se puede empezar la casa por el tejado, ni se puede hablar de bajadas generalizadas sin ver las necesidades que hay que sufragar. El planteamiento es justo el contrario: se ven las necesidades que se tienen en los presupuestos (tanto para impuestos como para tasas) y con esas necesidades vemos cómo las financiamos. Una bajada generalizada implicaría volver a la política del endeudamiento. ¿Nos hemos vuelto locos? ¿Vamos a volver a pedir dinero prestado para ejecutar las políticas que tiene obligación de cumplir el Ayuntamiento? ¿Venimos de donde venimos y queremos volver a lo mismo? No tiene ni pies ni cabeza.

¿Hablamos de un IBI en función de la riqueza? ¿Del tamaño de las viviendas?

No, hay cosas que no se pueden hacer desde el punto de vista legal. Mi planteamiento es convertir el IBI en algo mucho más progresivo, pero depende del señor Montoro. Y tenemos la obligación no solo de exigirlo desde Madrid, sino desde otros muchos ayuntamientos. Compartimos con el PSOE la idea de cobrar un recargo por viviendas vacías, pero tenemos que mirar el encaje legal para hacerlo. Tiene sentido bajar el IBI, pero en ningún caso pueden ser bajadas generalizadas. Y mucho menos antes de establecer las necesidades.

¿Y con el marco que sí cuentan, qué se puede hacer?

Podemos trabajar con las bonificaciones. Por ejemplo, con bonificaciones para familias numerosas, para familias en exclusión social. Hay posibilidades de abundar en nuevas bonificaciones para no sufrir el enorme palo que supone el IBI para ciertas familias en riesgo de exclusión. Las aplicaremos con toda seguridad en el presupuesto de 2016. Pero no habrá una rebaja generalizada de tipo que afecte porcentualmente por igual, pero monetariamente mucho más, a Villar Mir o a Florentino Pérez que a un vecino de Villaverde, Aluche o Carabanchel. 

Presupuesto 2016: ¿Hemos de esperar un presupuesto expansivo?

Con toda seguridad. Las necesidades son muchas y, evidentemente, el presupuesto tiene que ser expansivo. Pero tiene un obstáculo legal fundamental, que es la regla de gasto. Nos complica que podamos ampliar el gasto sin que se modifiquen determinadas normas y leyes. Aunque generásemos un superávit presupuestario la legislación nos impide gastar en ese tipo de necesidades. Eso va a contar con nuestra oposición y vamos a tratar de defender una reforma legal. Queremos un presupuesto que sirva, y eso requiere reuniones con el Gobierno central, con otras administraciones locales… No vamos a renunciar a cumplir las necesidades de los madrileños y madrileñas.