El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, ha reducido a un delito contra la Hacienda Pública la investigación al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, por la que fue detenido el pasado 16 de abril, sin que “por ahora” haya indicios de blanqueo o alzamiento.

Lo ha hecho en un auto en el que rechaza el recurso que interpuso la Asociación de Abogados Demócratas (Adade) contra su decisión de no admitir que se persone como acusación popular en este procedimiento porque la “relevancia social” del exministro de Economía no es requisito suficiente para ello.

“De lo actuado hasta ahora, la única causa diferenciadora de especial relevancia” a la que alude la asociación para formar parte de la causa “no es otra que la significación social y, por ello, mediática del denunciado”, lo que resulta “a todas luces insuficiente” para admitir su personación, sostiene.

Y el hecho de que se haya permitido en otras causas no debe tener, “per se, efectos desvirtuadores” en ésta. Según recuerda en su resolución, la Audiencia Provincial de Madrid ya descartó que el expresidente de Bankia hubiera podido cometer un delito de alzamiento de bienes, que sería el que podría tener una relación “genérica” con “los casos más importantes de corrupción” que dice perseguir Adade.

El único delito que empieza a aparecer perfilado es el de contra la Hacienda Pública“, subraya el magistrado, que explica que se trata de “un delito determinado sin relación -por ahora- con hechos que se puedan relacionar con actos de corrupción”. Así, considera que el perjudicado “concreto” del mismo “es el Estado, representado por la Abogacía del Estado”, que ya ha pedido personarse.

Más testigos

Por otra parte, el juez Serrano-Artal ha citado para declarar en calidad de testigo el próximo 20 de julio a la inspector jefe de la Oficina nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas.

La citación se produce en coincidencia con el levantamiento del secreto de la pieza documental del caso, que estalló el pasado 16 de abril cuando el exmandatario fue detenido por unas horas y su domicilio y su oficina personal registradas por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera en cumplimiento de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Madrid por la Agencia Tributaria.

El magistrado ya levantó parcialmente el secreto que pesaba sobre las actuaciones el pasado 27 de mayo salvo en la pieza separada que contenía la información intervenida en los registros. Esta es la parte que se pondrá ahora en conocimiento de las partes.

En su denuncia ante la Fiscalía de Madrid, procedente de una investigación de la ONIF, Hacienda pidió la detención del el exministro de Economía y expresidente de Bankia ante las sospechas de que estaba cometiendo un delito de blanqueo de capitales y a la vista de presuntas operaciones de despatrimonialización entre 2014 y 2015 y reclamó el registro de su domicilio “incluso con la autorización de la fuerza”.

En su informe, sobre el que se preguntará el próximo lunes a García Valdecasas, la Agencia Tributaria destacaba dos presuntos riesgos asociados a Rato. Se trataba del presunto impago de varias cuotas de IRPF por importe anual de 120.000 euros, que es el importe mínimo previsto para el delito contra la Hacienda Pública, al que se unía un posible delito de blanqueo de capitales.