El pasado 19 de junio, el llamado Consejo Interministerial de Guinea Ecuatorial, presidido por el primer ministro, Vicente Ehate Tomi, aprobó los estatutos de la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernabilidad de la Comisión de la Unión Africana (UA), según informó en su momento el propio Gobierno en su página web .

La aprobación de los estatutos de la Carta no implica la ratificación, ni mucho menos.  El “Consejo Interministerial”, en la jerga del régimen, es el nombre con que se conoce a las reuniones del Consejo de Ministros a las que no asiste el presidente, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Por ello, sus decisiones no tienen ninguna validez si no las avala el dictador y las refrendan posteriormente las dos cámaras del Parlamento.

La Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernabilidad de la Comisión de la Unión Africana (UA) es un instrumento cuya finalidad (teórica hasta más no poder) es promover “la adhesión a los valores y principios universales de la democracia y el respeto a los derechos humanos”, fomentar “el Estado de Derecho, la celebración periódica de elecciones libres y justas” y prohibir, rechazar y condenar “los cambios inconstitucionales del gobierno”.

En la actualidad, la Carta, redactada en 2007 y en vigor desde 2012, está ratificada por quince de los 54 países del continente africano: Suráfrica, Burkina Faso, Camerún, Etiopía, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Lesotho, Mauritania, Níger, Nigeria, Ruanda, Sierra Leona, Chad y Zambia.

Visto el balance democrático y de derechos humanos de la mayor parte de estos países, por el canto se conoce el pájaro. Como en tantos otros casos, el documento establece los principios pero ni prevé la forma de imponerlos ni existe la intención de hacerlo, un importante defecto que tanto monta para la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernabilidad como para el resto de tratados, convenciones, pactos y demás instrumentos internacionales cuya validez teórica es indudable pero que, tamizados por la Realpolitik, se convierten en meros instrumentos de propaganda.

Guinea Ecuatorial es, en la actualidad, Estado parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y culturales (CESCR), de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC) y del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía (CRC-OP-SC). No es Estado Parte del Estatuto de Roma por el que se regula el Tribunal Penal Internacional (TPI), pero tanto da que da lo mismo.

¿Qué podemos decir del grado de cumplimiento de toda esta lista de compromisos internacionales por parte de la dictadura Guinea Ecuatorial?

Departamento de Estado de EEUU: “desprecio por el estado de derecho, torturas, negación de libertades, corrupción, homicidios extrajudiciales”

Por ejemplo, el mismísimo Departamento de Estado de Estados Unidos es sumamente expresivo y, de hecho, el capítulo correspondiente a Guinea Ecuatorial de su informe anual de 2014 sobre el estado de los derechos humanos en el  mundo constituye un auténtico espejo invertido de todos los pactos, convenciones y demás tratados firmados y ratificados por el régimen dictatorial ecuatoguineano.

“Los principales problemas en materia de derechos humanos en el país son el desprecio del estado de derecho y del debido proceso, el uso de la tortura y de la fuerza excesiva por parte de la Policía, la negación de las libertades de expresión, prensa, reunión y asociación y la corrupción oficial generalizada”, se lee en el informe del Departamento de Estado.

Estados Unidos es, actualmente, el principal socio comercial de Guinea Ecuatorial y las principales empresas petroleras que operan en el país africano proceden precisamente de la gran potencia norteamericana. En agosto de 2014, Obiang participó en Washington en la Cumbre Estados Unidos-África, organizada por el presidente Barack Obama, quien fue duramente criticado por los medios precisamente por permitir la entrada del presidente ecuatoguineano.

El informe del Departamento de Estado denuncia también “la incapacidad de los ciudadanos para cambiar su gobierno mediante el derecho al voto en unas elecciones libres y fiables, los homicidios arbitrarios y extrajudiciales, el abuso contra detenidos y presos, las malas condiciones de vida en las prisiones y centros de detención, las detenciones arbitrarias, el régimen de incomunicación, los acosos, la deportación de residentes extranjeros sin el debido proceso y la falta de un sistema judicial independiente”.

Por si faltara algo, el documento del Departamento de Estado da cuenta también de “las restricciones a las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, la violencia y la discriminación contra mujeres y niños, el tráfico de personas, la discriminación social contra personas con discapacidades, las minorías étnicas y los inmigrantes, así como contra la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero y contra las personas con VIH/sida”. “Los derechos laborales están restringidos y se ha constatado el uso de trabajo forzado, incluso de niños”, añade.

Las organizaciones internacionales de derechos humanos más prestigiosas del mundo, como son Human Rights Watch y Amnistía Internacional, poco pueden añadir a semejante panorama.

HRW: “Corrupción, pobreza, torturas, detenciones secretas, ejecuciones”

El informe de 2015 de Human Rights Watch (HRW), es todo un catálogo de barbaridades. “La corrupción, la pobreza y la represión continúan asolando a Guinea Ecuatorial bajo el liderazgo del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que ha presidido el país desde 1979. Los enormes ingresos procedentes del petróleo financian los fastuosos estilos de vida de la pequeña élite que rodea al presidente, mientras que una gran parte de la población sigue viviendo en la pobreza. Persisten problemas como la mala gestión de los fondos públicos y las denuncias verosímiles de corrupción de alto nivel, así como otros abusos graves, como la tortura, los arrestos arbitrarios, la detención secreta y los juicios injustos”, comienza el documento.

HRW recuerda que, a lo largo de 2014, “el presidente Obiang hizo importantes donaciones a organizaciones internacionales, contrató a empresas de relaciones públicas, viajó por todo el mundo para visitar a los líderes de otros países y auspició eventos internacionales con la intención de mejorar su imagen. Sus esfuerzos dieron algunos resultados: el secretario general de las Naciones Unidas y otros dignatarios hicieron visitas oficiales durante la Cumbre de la Unión Africana, celebrada en junio, y una asociación de países de habla portuguesa aceptó en julio la candidatura de Guinea Ecuatorial para su adhesión, algo que el país había tratado de conseguir durante una década”.

“El hijo mayor y posible sucesor de Obiang, Teodorín, fue condenado formalmente en Francia en marzo por cargos de lavado de dinero derivados de una prolongada investigación, mientras que Estados Unidos accedió a resolver su reclamación de confiscación contra Teodorín en octubre, en un caso independiente, que produjo miles de páginas de evidencia de presunta corrupción, extorsión y lavado de dinero”, prosigue el documento, que recuerda que aunque Guinea Ecuatorial figura entre los cinco mayores productores de petróleo del África Subsahariana y tiene una población de aproximadamente 700.000 personas, “ocupa el puesto 144 de 187 países en el Índice de Desarrollo Humano, que mide el desarrollo social y económico”.

 

Una escena de New Building, el barrio de chabolas más grande de Malabo, cuyos habitantes carecen de agua potable

 

En cuanto a los llamados derechos humanos de primera generación, HRW denuncia el “pobre historial en materia de libertad de prensa” del país y las restricciones en las libertades de asociación y reunión, y asegura que en Guinea Ecuatorial, “los derechos de debido proceso son ignorados de forma rutinaria y el maltrato a los prisioneros sigue siendo común”.

La tortura sigue vigente, a pesar de los desmentidos del gobierno. Muchos detenidos están recluidos indefinidamente sin conocer los cargos que pesan en su contra. Algunos se encuentran en detención secreta. Las deplorables condiciones en las prisiones y cárceles son potencialmente mortales”, se lee en el informe. Aparte, el presidente Obiang “ejerce un control excesivo sobre el poder judicial, que carece de independencia”.

HRW recuerda también que, pese a que en febrero de 2014 el gobierno de Obiang anunció una moratoria temporal sobre la pena de muerte hasta el punto de convertirse en la base para que la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) admitiera el ingreso de Guinea Ecuatorial, “solo dos semanas antes de anunciarla” el Gobierno había ejecutado “hasta a nueve personas que habían sido condenadas a muerte” y en julio de 2014, Obiang afirmó en una entrevista que “seguía estando a favor de la pena de muerte”.

Amnistía Internacional: “torturas con impunidad, ejecuciones, tratos crueles, detenciones arbitrarias”

El capítulo dedicado a Guinea Ecuatorial en el informe anual de 2014/2015 de Amnistía Internacional redunda en los mismos argumentos, como la ya citada ejecución de nueve presos “trece días antes del establecimiento de una moratoria temporal de la pena de muerte”.

El documento de Amnistía también denuncia la detención arbitraria de opositores políticos, “recluidos en régimen de incomunicación durante largos periodos sin cargos” o el uso de tribunales militares para juzgar al civiles. “Las fuerzas de seguridad seguían torturando con impunidad. Detenidos y presos también eran sometidos a otras formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes. En muchos casos, permanecían recluidos en régimen de incomunicación durante largos periodos sin cargos ni juicio y se les negaba tratamiento médico”, señala el documento en su resumen de 2014.

Como ya se dijo más arriba, la ratificación de la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernabilidad de la Comisión de la Unión Africana (UA) depende en estos momentos de Obiang. El día que lo haga, si lo hace, el régimen dispondrá de un nuevo instrumento internacional para violar. Y le saldrá tan gratis como siempre.

 

 

Imagen | HRW