Difícilmente la CNMC podría haberle dicho de más formas a la LFP que no hay por donde coger su informe sobre la comercialización de los derechos del fútbol. Pero la Liga, que quita peso a las reflexiones del regulador, seguirá adelante.

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) tenía que presentar al regulador una propuesta de oferta para la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales de la Liga BBVA y la Liga Adelante. Lo hizo el pasado 3 de junio. Y difícilmente podían esperarse una respuesta más severa.

La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) es taxativa en su informe: la propuesta de la Liga “no cumple con los requisitos mínimos indispensables (…) para que la CNMC emita el informe preceptivo”. Siempre a su juicio, no han llegado con nada lo bastante presentable como para opinar sobre ello.

La CNMC no sabe qué sistema utilizará la Liga para puntuar a los operadores para valorar la oferta, no tiene ni idea de cómo se valorará la parte técnica-cualitativa de la oferta, no se estipula qué pasaría si algún lote no se pudiese adjudicar, no sabe cómo se licitará la producción de los partidos y no le consta qué oferta pretende formular la Liga para la comercialización conjunta de los derechos en el extranjero.

Pero, en todo caso, estos problemas son sólo ¡por lo que no conoce la CNMC! Porque sobre lo que sí sabe y no le gusta nada también hay una lista bastante larga.

“El sistema previsto para adjudicar los lotes de los partidos de Segunda División (…) no cumple con los requisitos de transparencia, competitividad y no discriminación entre operadores”, subraya el regulador. “No permite que un mismo operador pueda acceder a más de dos lotes de derechos aun cuando hubiera presentado oferta, lo que incumple el real decreto-ley e incluye una carga adicional para los operadores interesados en la presentación de ofertas”, añade.

Y las críticas siguen: No se ha segmentado por tecnología de explotación, como sí se hace en otras Ligas europeas, lo que habría permitido “un proceso mucho más competitivo en el que, por una parte, se evita el acaparamiento de derechos y, por otra, se permite que operadores que no posean las distintas tecnologías puedan quedar fuera del proceso de adjudicación”.

Por último, y no menos importante, la LFP “se ha reservado una posición de privilegio en lo relativo a la distribución de los contenidos audiovisuales a través de internet al obligar al adjudicatario a desarrollar los mecanismos precisos para que los clientes puedan acceder a los contenidos licitados a través de la página web de LFP”. Vamos, que vende el coche pero obliga a aparcarlo en su garaje.

El regulador deja claro que con la propuesta la LFP se ha montado un sistema que le permitirá hacer lo que le venga en gana

En realidad, el regulador deja claro que con la propuesta la LFP se ha montado un sistema que le permitirá hacer lo que le venga en gana. “Decisiones no regladas dentro del procedimiento de licitación“, lo llama la CNMC.

Lo mejor del informe es que, si bien no es vinculante, en caso de que la LFP no mejore drásticamente la propuesta cualquier competidor que quiera denunciarlo tendrá en él un arma mortífera.

El sistema (…) debe revisarse en su totalidad”, “La LFP no debe reservarse derechos de emisión y los mismos deberían ser objeto del mismo procedimiento de licitación en lotes distintos”.

Y otro punto muy importante. El regulador pide que se separe “material y temporalmente la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División de fútbol de la temporada 2015/2016 del de las temporadas siguientes (…) porque existe incertidumbre sobre la oferta que la LFP pueda sacar efectivamente al mercado, y el contrato firmado con Mediapro y sus negociaciones con Telefónica para la rescisión de sus contratos individuales con clubes de fútbol para esa temporada o para acordar un sistema de explotación conjunto de los derechos audiovisuales que cada uno dispone para la temporada 2015/2016, son susceptibles de distorsionar el procedimiento de licitación y adjudicación, al situar a estos dos operadores en una situación de preminencia frente al resto de interesados en la explotación de los citados derechos. Por ello, la CNMC considera que no procede extender esas eventuales ventajas competitivas de Mediapro y Telefónica a un ciclo que abarque dos temporadas adicionales a la 2015/2016″.

Si este informe fuese un examen, la Liga lo hubiera suspendido. Si fuese un partido de fútbol, habrían tenido que repetirlo. Si fuese una pistola, le habría explotado en la mano.

El caso es que, se arreglen o no las cosas, la competición empieza el próximo 22 de agosto y los interesados en la compra de estos derechos aún no tienen ni idea de si se podrán ir en algún momento de vacaciones. En principio, después de leer este informe, parece que no.

La respuesta de la Liga

Tras hacerse público el informe de la CNMC, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) presentó su propio escrito de alegaciones, firmado por Javier Tebas, en el que, básicamente, intenta desmontar los argumentos del regulador. Deja claro que seguirá adelante, asegura que no comercializar un ciclo de tres años le supondría un perjuicio económico astronómico, y asegura que mucha más ventaja competitiva tendrían Movistar y Mediapro si no hubiese un concurso centralizado. En todo caso, aseguran que han presentado numerosa documentación que aporta la información que buscaba la CNMC y hacer mucho énfasis en el carácter no vinculante del informe y en su voluntad de seguir cooperando con el regulador.

Según explicó la LFP, las recomendaciones que la CNMC incluye en su informe sobre la comercialización centralizada en España “ya han sido recogidas en el último borrador comunicado” a la propia comisión “o serán incluidas en las bases definitivas”. Consideran que con este informe se abre camino para la puesta en marcha del proceso de licitación y destaca que de inmediato “se procederá a la publicación de su petición de las bases para la presentación de ofertas para la adquisición de los derechos audiovisuales comercializados centralizadamente en España”.