Auditorías de la deuda, registros de lobbies, agendas públicas, portales de transparencia… Datos, datos, datos. La política vive una época que la empuja a abrirse en canal para sacar al escaparate no solo el resultado de lo que hace sino todo el proceso. Al mismo tiempo, una parte de la ciudadanía pide una participación más activa en las decisiones. Ahora Madrid llegó al Ayuntamiento de la capital con un programa pensado para llevar a sus últimas consecuencias toda esa corriente de apertura. ¿Qué quedará de la intención? Desde hoy publican las agendas de los miembros de Gobierno, por ejemplo, y van a crear un registro de lobbies en Madrid. Son acciones de Gobierno pero están limitadas. Ahora Madrid no tiene mayoría en el Pleno y necesitará apoyo para convertir su intención en norma que afecte a toda la institución. Pablo Soto, concejal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, y Victoria Anderica, directora del proyecto de transparencia, charlaron con SABEMOS sobre lo que quieren hacer.

El próximo 10 de diciembre termina el plazo para que ayuntamientos y comunidades autónomas se hayan adaptado a la Ley de Transparencia. ¿Qué se va a hacer en el Ayuntamiento de Madrid más allá de lo que ya dice la norma?

Soto: El equipo de Gobierno anterior había empezado a diseñar un procedimiento para el acceso a la información con la idea de no redactar una ordenanza propia para Madrid, es decir, aplicar simplemente la Ley Estatal desde el 10 de diciembre. Para esa fecha tenemos que tener listo el procedimiento administrativo que va a permitir a cualquier ciudadano solicitar información al Ayuntamiento. Pero además, la intención de este Gobierno, compartida por muchos de los funcionarios que venían trabajando en este tema, es crear una ordenanza de transparencia que mejore la legislación estatal. 

Todo el mundo que conoce la institución nos dice que para conseguir un reglamento orgánico o una ordenanza municipal propia se tarda un año o año y medio, y que no es nada sencillo ni política ni técnicamente. Los plazos de redacción de la normativa van a ser unos y los plazos de dinámicas nuevas, otros. Las dinámicas nuevas ya están en marcha, como hacer públicas las agendas de los miembros del Gobierno. Una normativa que obligue al resto o a futuros gobiernos tardará más tiempo.

Anderica:  Ahora nos vemos obligados a crear un sistema que se parezca al que hay de acceso a la información a nivel estatal, que consiste en dar información que muchas veces ya está publicada. Lo que queremos es publicarla mejor, que si necesitas acceder a ella no tengas que iniciar un procedimiento administrativo. Entregarla de manera inmediata. Por mail, por formulario, en la manera que la gente considere que le viene mejor. Después, de cara a la ordenanza de Madrid, lo que queremos hacer es consultar con los funcionarios y con gente de fuera para que nos digan qué información creen que debería estar publicada y que no incluye la Ley de Transparencia estatal, que es una ley de mínimos realmente. Queremos que la normativa de Madrid obligue a publicar proactivamente muchas informaciones y hacer visualizaciones que te permitan entenderlas. Queremos apostar por un sistema que vaya desde visualizar el presupuesto a cómo crece la deuda. Además, todos esos datos hay que publicarlos en formatos abiertos también. 

 

¿Qué se va a mejorar respecto a la ley estatal o la ordenanza tipo que ha facilitado la Femp (Federación Española de Municipios y Provincias)?

Anderica: El Portal de la Transparencia a nivel estatal pone muchas dificultades para acceder a la información. Piden requisitos que, según el CIS, cumple el 4% de las personas. Y además deniegan información que se les pide. Es muy revelador el dato que se ha conocido de que el 52% de las solicitudes que se han hecho en el Portal de Transparencia las ha hecho un 7% de los solicitantes. Nosotros queremos hacer un sistema más sencillo. 

Soto: El derecho de acceso en otros países significa que un periodista mandando un email a una dirección de administración pregunta un dato y se le contesta a ese email con ese dato. Eso es lo que vamos a hacer para todo el mundo. La Ley de Transparencia no reconoce como derecho fundamental el derecho de acceso a la información pero nosotros sí podemos hacer que el Ayuntamiento lo trate como tal. Eso quiere decir que ninguna barrera burocrática puede bloquear ese derecho.

 

¿Llega Ahora Madrid dispuesto a levantar las alfombras del Ayuntamiento?

Soto: Una de las primeras peticiones que hemos tenido es del concejal de Economía y Hacienda (Carlos Sánchez Mato) para hacer la auditoría de la deuda, tal y como recogía nuestro programa electoral. Es necesario crear una herramienta, no es un proceso sencillo, tiene elementos de participación y elementos de transparencia, una serie de fases y de actores. Creemos que auditar lo que ha pasado aquí, lo que ha llevado a la institución al punto en el que está es algo que se tiene que hacer con mucha legitimidad. 

Anderica: Una de las cosas que se han hecho en mucho países, aunque estamos todavía definiendo qué se puede y qué no se puede hacer, es crear webs de contratación pública, pero no como la web de contratación del Estado. La idea es abrir los formatos en que están publicados los contratos del Ayuntamiento, crear bases de datos. Las administraciones no trabajan con PDF, trabajan con bases de datos. Tenemos que estudiar si podemos hacerlo o no, pero el punto ideal sería poder conseguir que en esa web de contratación se pudiera buscar por CIF o por cantidades. 

Empezáis a trabajar en lo que se ha hecho hasta ahora y os encontráis con que los contratos son confidenciales. ¿Qué pasa?

Soto: No vamos a hacer nada ilegal pero si una cláusula nos parece ilegítima habrá que discutirla para enmendarla. 

Hay una gran crítica a los riesgos de las auditorías de la deuda por las consecuencias de cara a la financiación futura de Madrid. Imaginemos que se detecta que determinadas obras se inflaron. ¿Qué pasa?

Soto: Esa respuesta no ha de ser política, no la tengo que dar yo. Tiene que ser una respuesta colectiva.

Esa deuda está pagada dentro de un crédito en el que se incluían otras cosas que sí eran legítimas. ¿El objetivo es no pagar la parte que no sea legítima y, de ser así, eso cómo se hace?

Soto: No, el objetivo no es no pagar. El objetivo de una auditoría de la deuda es entender lo que ha pasado y en consecuencia actuar. Pero no podemos pensar ya en las actuaciones que vamos a tener porque en Bankia (y Caja Madrid) no había actuaciones sobre las tarjetas black hasta que, gracias a una auditoría, se vio cómo era la operativa y qué personas tenían esa tarjeta. Y entonces se entra en otra fase del proceso que es qué se hace. Y no solo desde un punto de vista político. Qué se hace desde un punto de vista jurídico, económico. Será una respuesta compleja con matices técnicos. La gente tiene derecho a saber qué es lo que ha ocurrido.

El objetivo de una auditoría de la deuda es entender lo que ha pasado y en consecuencia actuar. Pero no podemos pensar ya en las actuaciones que vamos a tener porque en Bankia no había actuaciones sobre las black hasta que hubo una auditoría. 

Anderica: Hay un proyecto internacional llamado Stop Secret Contracts que defiende justamente que la contratación es el talón de Aquiles del gasto público. Entre contratos pequeños y grandes la cifra de dinero es muy alta. Ese problema es común en todo el mundo y la solución, realmente la única solución, es que exista una mayor transparencia. No solo estamos hablando de publicar los contratos. Hay que publicar el concurso, los pliegos, la gente que se presenta, los criterios por los que se ha elegido un contratista y no otro. La transparencia tiene un efecto disuasorio, correctivo y preventivo.

¿Plazo?

Soto: Se puede hacer en menos de una legislatura.

Anderica: Eso seguro.

No tenéis mayoría en el Pleno. ¿Esto es algo en lo que os tenga que apoyar el PSOE para hacerlo?

Soto: Digamos que en la acción de Gobierno no, pero en el cambio de normativa sí. Nosotros podemos llevar a la práctica muchas cosas como acción de Gobierno, pero nuestro objetivo no es abrir la información de Madrid cuatro años y que luego el que venga ya no lo haga. Lo que queremos es crear estructuras robustas, resistentes para que, gobierne quien gobierne, el Ayuntamiento de Madrid siga siendo transparente.

¿Qué otras cosas podéis hacer ya para avanzar en la transparencia sin cambiar normativa?

Soto: En la Junta de Gobierno hemos llegado a un acuerdo por el que se obliga a todos los concejales de Ahora Madrid, tanto de las áreas de gobierno como de los distritos, a publicar sus agendas. Desde el lunes (hoy) van a estar en internet. No podemos obligar a todos los concejales a publicarlas pero podemos obligarnos a nosotros mismos. Hemos emitido un manual con ayuda de Victoria (Anderica) y de los funcionarios con una exposición de motivos y todas las recomendaciones de qué hay que publicar, cuál es la información suficiente y cuándo hay una excepción por temas de seguridad, por ejemplo. Se ha hecho un gran trabajo. Y ha sido acción de Gobierno. Para que lo cumpliesen todos los concejales, también los de otros partidos, tendríamos que hacer una ordenanza y ahí sí necesitaríamos apoyos. De momento, vamos a mandar un mail a los concejales de la oposición invitándoles a que se sumen pero no les vamos a obligar. En paralelo vamos a redactar la normativa que vamos a llevar al Pleno. 

¿Tenéis confianza en que se apruebe?

Anderica: Yo creo que la voluntad política ha cambiado en estas últimas elecciones. Entre los acuerdos de investidura que ha firmado tanto Ciudadanos como el PSOE, la transparencia era un eje fundamental. Ahora se van a poner a prueba esos acuerdos y que la voluntad es real. 

Europa se ha puesto seria con el registro de lobbies pero España parece que no tiene prisa por regular el suyo. ¿Qué quiere Ahora Madrid hacer en la ciudad?

Soto: En las competencias que tenemos como área hemos puesto explícitamente que vamos a crear y gestionar un registro municipal de entidades de representación (lobbies). De momento vamos a hacer el registro. Es una decisión tomada desde antes de ganar las elecciones. A alguien de una empresa que quiera reunirse conmigo le voy a decir: ponte en el registro. Pero si esa empresa se quiere reunir con Esperanza Aguirre, ella no se lo va a decir y la ley no les va a obligar hasta que en un Pleno lo apruebe. 

 

Participación ciudadana. ¿Cómo se consigue que los referéndums sean vinculantes?

Soto: Estamos en la misma situación. De momento los hacemos vinculantes como acción de Gobierno. Nosotros políticamente decidimos que creemos que la participación debe ser efectiva y real, por lo tanto, si una iniciativa ciudadana la llevamos a consulta el resultado lo tenemos que respetar. Y mientras tanto en paralelo vamos trabajando en la reforma del reglamento interno de participación ciudadana para el que necesitaremos apoyo de otros grupos. El PSOE ya lo llevaba en su programa electoral, que las consultas ciudadanas sean vinculantes.

¿Esto se puede decidir en una normativa local?

Soto: Claro. Hay que hacer un poco de ingeniería jurídica y vamos a tener seguramente enfrente oposición de todos los ámbitos pero se puede.

¿Qué porcentaje del censo se fijará que debe apoyar una propuesta para que se haga un referéndum?

Soto: Seguramente va a ser el 2%.

¿No teméis que esa iniciativa lleve a propuestas cuestionables?

Soto: Uno de los argumentos que siempre se utiliza contra la democracia participativa es invocar miedos, decir que va a haber grupos organizados que van a proponer cosas muy locas. Por cada ejemplo que me pongas de ese tipo yo te puedo poner cientos de ejemplos de leyes de democracias representativas que han sido mucho más lesivas. No hace falta ir muy lejos. Nunca se le pregunta a la gente sobre temas, siempre se le pregunta sobre representantes. La democracia participativa no resuelve todos los problemas pero sí se sabe que es un sistema que produce leyes que quebrantan menos los derechos humanos, los derechos de las minorías, que producen menos deuda, un gasto más racional. 

La participación son los anticuerpos que genera una sociedad cuando se están escribiendo leyes malas. En Baviera, cuando cayó el muro de Berlín, el primer año hubo 300 iniciativas ciudadanas que consiguieron el umbral para que se votaran en referéndum. Era por la situación de la que venían. 

En España, el propio 15M surge en una situación en la que millones de personas estaban yéndose al paro, cientos de miles personas perdiendo su casa, otros tantos saliendo de España. Nos juntamos y lo que dijimos fue Democracia Real Ya. No dijimos Pan, Techo.. Dijimos Democracia Real Ya. Estamos preparados. Si no, tenemos derecho a equivocarnos.