España no es Grecia pero tampoco es EEUU. Mientras allí los bancos que compraron otras entidades financieras durante la crisis han pagado multas por lo que hicieron las entidades compradas, en este país todo fueron garantías para los compradores. Cuando Sabadell compró la CAM por un euro y BBVA se hizo con Unnim, el Estado se comprometió a que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) cubriría durante 10 años las posibles pérdidas que tuviesen en algunas de sus inversiones las entidades compradas. Algo similar, con otros plazos y estructura, se hizo con la antigua Caja de Castilla-La Mancha. Las pérdidas esperadas y cubiertas por el FGD, que calibran cada año expertos externos, no hacen más que aumentar.

Para empezar, una breve historia que cuenta cómo se hacen las cosas en otras partes del mundo. El gigante financiero JPMorgan Chase, natural de los muy capitalistas y muy liberales Estados Unidos de Norteamérica, decidió un día de la crisis financiera de 2008, antes de que dejaran quebrar a Lehman, que era una gran oportunidad comprar un banco al borde de la quiebra como Bear Stearns por 1.500 millones de dólares y otro ya en proceso de concurso de acreedores como Washington Mutual por 1.900 millones de dólares. Bear Stearns y Washington Mutual habían hecho cosas feas, como revender en trocitos hipotecas subprime (concedidas a personas con graves dificultades de pago) como si se tratase de una fantástica inversión. Obviamente, no lo fue. Años después (2013), EEUU obligó a pactar una multa histórica de 13.000 millones de dólares por los daños provocados debido a las prácticas de aquellas dos entidades. ¿Quién pagó los platos rotos? El comprador: JPMorgan Chase, que no era ningún angelito (ha sido multado por otra serie de prácticas) pero a quien no se le tuvo en cuenta no haber sido quien tomó las decisiones en Bear Stearns y WaMu. 

En España, las cosas se hicieron… de otra manera. Las entidades se han vendido en ocasiones por un euro o por mucho menos de lo que costó al Estado evitar su quiebra pero además se aseguró a los compradores un importante colchón contra pérdidas futuras derivadas de lo que compraban. Buena parte de esa cobertura la ha asumido el Fondo de Garantía de Depósitos, cuyos fondos, no se cansa de señalar la banca, son dotados por las propias entidades financieras en su inmensa mayoría. La pregunta es: ¿para qué se dotan esos fondos? ¿Es un regalo del sistema financiero? No. Es una de las contraprestaciones que se exige a la banca por el hecho de permitirle captar depósitos y asumir riesgos con ellos invirtiéndolos aquí y allá, es el amortiguador que sirve de garantía de que a cualquier depositante se le van a devolver al menos 100.000 euros por cada depósito en caso de que el banco al que se los confió quiebre, como ha ocurrido con Banco de Madrid. Pero también se le pueden cargar rescates de entidades financieras. 

Y ahí es donde se han agarrado buena parte de los llamados esquemas de protección de activos, los EPA, las garantías otorgadas a los compradores de entidades rescatadas contra pérdidas futuras derivadas de carteras concretas de créditos y otros activos. Cada año, expertos externos valoran la pérdida esperada de la cartera que está cubiera por el EPA. Según aumentan las pérdidas esperadas, se va apartando una cantidad equivalente de los fondos con que cuenta el Fondo de Garantía de Depósitos para cuando haya que entregarla a los compradores. A pesar de los buenos augurios que no paran de sonar respecto a la economía española, de momento la pérdida esperada de las entidades cubiertas por un EPA no deja de aumentar. A cierre de 2014, según la memoria del Fondo de Garantía, la provisión que cubre a Caja Castilla La Mancha, la CAM y Unnim superaba ya los 8.500 millones de euros. Los destinatarios son los compradores de esas entidades, es decir, Liberbank, Sabadell y BBVA respectivamente.

La CAM, 78% más de lo previsto en 2011, guardado para el Sabadell

La mayor parte de ese tesoro que espera a los compradores y que puede considerarse la enésima fórmula de ayuda encubierta del sistema financiero español corresponde a la que fuera la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la CAM, la entidad alicantina que, en el otoño de 2011 fue definida como “lo peor de lo peor” precisamente por quien debía haberse encargado de supervisarla, el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. La CAM, ya transformada en banco, fue adquirida a mediados de 2012 por el Banco Sabadell por un euro tras haber recibido una inyección de 2.800 millones de dinero público más una ampliación de capital a cargo también del Estado por otros 2.449 millones. Además, llevaba garantías.

El EPA de la CAM, que estará en vigor hasta el 31 de julio de 2021, cubre el 80% de las pérdidas de una cartera de créditos de 24.655 millones de euros, para la que existían provisiones a finales de 2011 dotadas por la propia CAM por 3.882 millones. La primera estimación de pérdida esperada, precisamente a cierre de 2011, era de 5.557 millones que, descontada la provisión que ya existía, suponía que el Fondo de Garantía iba a tener que aportar al comprador 1.340 millones de euros. A cirre de 2014, la pérdida esperada, la parte que no se va a poder cobrar de esa cartera de la CAM que se garantizó era ya de 9.899 millones de euros (un 78,1% más) lo que, descontada la provisión que ya traía la entidad, supone que el Fondo de Garantía tendrá que aportar al comprador 4.814 millones.

Unnim, la compra con premio del BBVA

La segunda de las operaciones cubiertas por un EPA con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos fue la de Unnim, la entidad fruto de la fusión de Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu, que acabó comprada (si este es el verbo que se debe emplear) por BBVA siendo ya un banco. Fue otra de esas operaciones del mercadillo financiero de todo a un euro en que se convirtió este país. El Fondo de Garantía de Depósitos ya fue el que asumió la pérdida de los 953 millones de euros que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) había puesto en Unnim. Además, se le dio un esquema de protección de activos (EPA) para cubrir el 80% de una cartera de activos de 7.359,7 millones por un plazo de 10 años que finaliza el 31 de octubre de 2021. Unnim ya tenía provisiones por 1.330 millones para esa cartera pero la pérdida esperada ha ido aumentando de forma que, la parte no cubierta, la que ha tenido que provisionar el Fondo de Garantía ha pasado de 1.247 millones a finales de 2012 a 1.591 millones a cierre del pasado año.

Caja Castilla La Mancha, la primera en la frente

La primera caja de ahorros que tuvo que ser rescatada, el primer bofetón que obligó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a dejar de alardear de sistema financiero, fue la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha (CCM). El Fondo de Garantía de Depósitos otorgó un EPA al Banco de Castilla-La Mancha, la entidad que derivó de la caja castellano-manchega por un máximo de 2.475 millones. CCM fue absorbida por Cajastur y el banco a que dio lugar es hoy parte de Liberbank. La diferencia con los otros dos EPA es que mientras en el caso de CAM y Unnim se ha dotado la pérdida esperada pero no se le ha dado nada aún al comprador, en el caso de CCM el EPA máximo se ha constituido como un depósito con la esperanza de recuperar parte con el tiempo. Esa esperanza se encoge año tras año según aumenta la pérdida estimada, que a cierre de 2014 era de 2.137 millones de euros. 

El EPA de la antigua caja de Castilla-La Mancha asumía pérdidas por un plazo de cinco años que finalizó a cierre de 2014. Sin embargo se previó la ampliación del plazo por otros siete años en determinadas circunstancias y “el 2 de diciembre de 2014”, explica la memoria del Fondo de Garantía, este y el Banco de Castilla-La Mancha “suscribieron una adenda al reglamento que regula el EPA prorrogando su vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2016”.

Más garantías con cargo directamente a los impuestos

A los miles de millones de euros dotados para cubrir pérdidas futuras del Fondo de Garantía habría que sumar 1.039 millones de esquemas de protección de activos que se diseñaron con cargo al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el Frob, que depende directamente del dinero público. Esas pérdidas esperadas tampoco paran de aumentar. A Caixabank se le concedió un EPA por 600 millones al hacerse con Banco de Valencia que hace un año la entidad que preside Isidro Fainé ya estimaba que sería el doble: 1.200 millones. 

Además existen otras garantías, no incluidas en esquemas de protección de activos, para otras compras. Es el caso de la polémica adquisición de NCG Banco (fusión y evolución de las antiguas Caixanova y Caixa Galicia) al venezolano Banesco. Tras un rescate de 9.000 millones de euros, la venta se cerró por 1.003 millones pero solo se pagaron 403 millones en el momento de la adquisición. De los siguientes plazos de pago se van descontando cosas que no le salen bien al comprador y que se decidió garantizar. De hecho, el precio ya va por los 840 millones y bajando

BBVA también ha recibido garantías por la adquisición en subasta de Catalunya Caixa que le permitirán reducir la factura en 600 millones. La compra se cerró por 1.187 millones de euros de los que se han eliminado 320 millones para cubrir la reclamación de Mapfre por la rutpura del contrato de bancaseguros.

Sin contar los esquemas de protección de activos, el sector ha recibido desde 2009 ayudas por importe de 61.495 millones de euros. La mayoría, 53.553 millones, han sido aportados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y el reto, 7.942 millones, por el sector financiero a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).