Grecia vota hoy si acepta una propuesta de la troika que ya no está sobre la mesa. Los ciudadanos griegos puede que no tengan información suficiente de qué viene después para tomar una decisión clara pero quizás el resto de países tampoco sabe qué hay detrás de una victoria del No. Pese a las llamadas a la tranquilidad del presidente Mariano Rajoy y el ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha cruzado en su camino un informe de la OCDE alertando de la debilidad de ciertos países, dado su nivel de deuda, si hay un sobresalto y el mercado empieza a dudar de ellos. España está entre esos países.

España, entendida como el conjunto de sus administraciones públicas, debía a finales del pasado mes de marzo 1,046 billones de euros, el equivalente a casi toda la riqueza (98%) que este país es capaz de generar en un año (en términos de PIB). El Gobierno prevé que la cosa no vaya a mejor de momento (para empezar porque se sigue gastando más de lo que se ingresa en las arcas públicas) y que, a cierre de 2015, se haya alcanzado ya el 98,9% de deuda sobre PIB. Es el triple de lo que se debía a finales de 2007 (383.800 millones o el 35,5% del PIB de entonces), antes de que este país se despertase a la sorpresa de que vivía subido a una burbuja inmobiliaria que, como todas las burbujas, antes o después se topa con algo y estalla. Y estalló. Ahora las estimaciones de analistas y organismos empiezan a dar por hecho que la economía de este país crecerá entre el 3% y el 4% en 2015. ¿Salvados? En absoluto.

Una deuda muy abultada es como un par de zapatos de cemento cuando se intenta nadar a la superficie y salir de una crisis. Mucho más si esa deuda depende en gran parte de inversores extranjeros. Cualquier susto puede dar la vuelta a la percepción del mercado, incrementar los intereses que se exigen al país para financiarle y colocarle en una situación de alto riesgo que le lleve otra vez a ir hacia el fondo. El último en recordarlo ha sido la OCDE, que ha elaborado un estudio en el que estima un umbral de deuda sobre PIB prudente al que debe aspirar cada país si no quiere ver afectado su crecimiento ni ser sacudido por cualquier turbulencia que lleve a los mercados a modificar su nivel de confianza.

El organismo que dirige Ángel Gurría dibuja un modelo que busca calcular cuál es el límite de deuda pública que puede alcanzar un país basándose tanto en su historial de política fiscal (la disciplina que ha demostrado tener tanto en gastos como en ingresos), como en la estimación de tipos de interés que se pueden exigir a la deuda de dicho país. Pues bien, según la OCDE, para determinados países, dado su historial fiscal, no hay forma de hacer el cálculo. Entre ellos está España (junto a Grecia, Islandia, Irlanda, Japón, Portugal, Eslovenia y la República de Eslovaquia). La evolución de la deuda en todos ellos es errática y la OCDE sugiere que “se cambie el comportamiento fiscal mejorando el superávit primario (que los ingresos cubran los gastos públicos antes de tener en cuenta el pago de los intereses de la deuda) para que la evolución de dicha deuda siga un camino sostenible”. De otro modo, esta situación anticipa “una alta volatilidad en los mercados ante cualquier noticia que afecte a estos países”. Para España, la OCDE estima un superávit primario del 2% como objetivo para lograr revertir esta situación tan delicada desde el punto de vista financiero en que se encuentra el país. 

Eso sí, la OCDE no quiere entrar en el debate de si eso se logra con más ingresos o metiendo más tijera a los gastos públicos. Considera que hay teorías muy dispares sobre en qué medida se activan multiplicadores de crecimiento de la economía en base a una y otra estrategia. 

Si los niveles actuales de deuda no han llevado a que se entre en la zona de riesgo es porque los intereses que se exigen hoy por hoy a esa deuda son extraordinariamente bajos. Pero no es fruto de una decisión libre del mercado que eso sea así. Hay doping y mucho, proporcinado por decisiones políticas que tienen al mercado totalmente embriagado. El nivel de liquidez es altísimo. A las corrientes de dólares que aún no ha retirado la Reserva Federal de EEUU, revueltas ya con las políticas de creación de dinero de Japón o Reino Unido se unió la orgía de billetes que este año, a estas alturas de crisis, decidió echar a la economía el Banco Central Europeo. Nada menos que 60.000 millones de euros al mes destinados a comprar deuda pública y privada desde el pasado marzo hasta septiembre de 2016.

El problema añadido de estar en el euro

“Evidencias empíricas entre países incluidos en el estudio sitúan la zona de peligro, el punto de no retorno para sufrir los efectos negativos de la deuda” en tres diferentes niveles según tres tipologías de países y los pertenecientes al euro no salen especialmente bien parados. Mientras para los países llamados desarrollados esa zona en la que empiezan a sonar las alarmas se alcanza con un nivel de deuda equivalente a entre el 70% y el 90% del PIB, si se trata de países situados dentro de la zona del euro el riesgo empieza ya entre el 50% y el 70%. La explicación reside en que, dentro del club de la divisa única, los países “han perdido el control sobre su política monetaria, no hay deuda común y hay una mayor dependencia de la financiación de fuera que genera dificultades para salvar los periodos difíciles”. 

Si sirve de consuelo, estar en el euro es algo mejor que pertenecer a una economía emergente, para las que el estudio de la OCDE sitúa la zona de riesgo en una deuda situada entre el 30% y el 50% del PIB. En su caso se debe a la exposición que estas economía tienen a los cambiantes flujos de inversión.

El problema añadido de estar en 2015

España ha estado jugando a un juego peligroso consistente en ir dando patadas hacia adelante a la deuda pública en espera de que la situación económica y la vuelta de la inflación ayuden a solucionar el volumen de deuda alcanzado durante la crisis. Pero en esta estrategia de aplazamiento del problema hay un obstáculo añadido precisamente en 2015. En el momento más complicado de la crisis del euro, aquel terrible verano en que se llegó a exigir a la deuda pública española un interés del 7% y tuvo que salir Mario Draghi (presidente del BCE) a decir aquello de que haría todo lo necesario para salvar al euro, España tuvo que conformarse con solicitar financiación a tres años (el mercado no se fiaba de plazos más largos) y aquellos bonos que emitió en lo peor de la turbulencia financiera vencen este año. 

Viendo las buenas condiciones del mercado, el Tesoro Público español actuó con habilidad para refinanciar el año pasado toda la deuda que pudo que tenía vencimiento en este año pero aún así, España tiene que pedir a los mercados en 2015 financiación por importe de 239.369 millones de euros, según la Estrategia de Emisión de los Valores del Tesoro de 2015. Si esas emisiones empiezan a encarecerse, la situación puede complicarse mucho para un país que ha planteado en sus Presupuestos destinar este año más de 35.000 millones de euros a pagar intereses de la deuda.