Euskadi se ha convertido esta semana en la cuarta comunidad autónoma en regularla. En enero el Gobierno presentó un anteproyecto de ley para hacer una norma a nivel nacional, si bien está paralizada.

Sus defensores insisten en que su objetivo principal es preservar el derecho de los menores a convivir con sus dos progenitores. Sus detractores argumentan, en cambio, que prioriza los deseos de los padres frente a los de los hijos. La custodia compartida continúa provocando debates y desencuentros entre quienes defienden su regulación y su establecimiento como medida preferente en los casos de separaciones o divorcios conflictivos, y quienes abogan por que se estudie caso por caso atendiendo a cada una de sus particularidades. En España no existe una ley nacional que la regule, aunque sí lo hacen Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña y Navarra. A la lista se ha sumado esta misma semana el País Vasco, cuyo Parlamento aprobó una Ley de corresponsabilidad parental y relaciones familiares en casos de ruptura de la convivencia de los padres con hijos a su cargo o parejas sin hijos, conocida como Ley de Custodia Compartida, con el voto a favor de PNV, PP y UPyD y con el rechazo de EH Bildu. El PSE se abstuvo.

Justo Sáenz, presidente de Kidetza, la Federación de Euskadi de Padres y Madres separados que agrupa a las tres organizaciones existentes en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, celebra la aprobación de la medida que regula los casos de separación o divorcio en los que los padres no llegan a un acuerdo respecto a la custodia de sus hijos. Él, que junto a su organización presentó en 2011 una Iniciativa Legislativa Popular al respecto con el apoyo de 85.000 firmas, defiende en declaraciones a Sabemos el texto aprobado por la Cámara de Vitoria –en el que se han introducido algunas modificaciones– al entender que “se reduce la conflictividad” entre los progenitores, “se clarifican en el momento de la separación los derechos y las obligaciones de los padres respecto a sus hijos” y se establece un “convenio regulador” en el que los padres deben detallar cómo se tomarán las decisiones en asuntos tan importantes en la vida del menor como su educación, la sanidad o los viajes.

Medida preferente

La normativa vasca, similar a las ya aprobadas en otras comunidades del Estado, establece la custodia compartida como medida preferente cuando no sea perjudicial para el menor. Incluso cuando uno de los progenitores esté en contra, el juez podrá establecer ese tipo de custodia si bien tendrá en cuenta la atención dedicada al niño por cada uno de los padres antes del divorcio, la opinión de los propios menores, la relación de respeto que exista entre padres e hijos o la cercanía entre los domicilios de unos y otros. Además, se contempla el derecho del menor a una vivienda digna y prohíbe la custodia compartida en los casos en los que el padre haya sido condenado por maltrato, una de las condiciones que exigían Eh Bildu y PSE, que desde el principio mostraron sus reticencias a la ley.

El Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, mantiene su rechazo. Si bien consideran “positivas” las modificaciones introducidas en la tramitación parlamentaria de la norma, desde el instituto explican que están en contra de que la custodia compartida “se aplique en los casos en los que no exista acuerdo entre las personas progenitoras, ya que ello podría ir contra el interés superior de las y los menores”. “El interés de niñas y niños requiere que la custodia asignada, sea la que sea, garantice su mayor estabilidad personal, afectiva y familiar”, indican. Emakunde aboga “por una sociedad madura donde tanto mujeres como hombres sean corresponsables del cuidado de sus criaturas en todo momento”, y en la que la corresponsabilidad no se plantee “a partir de una separación, sino que debe darse desde el momento en el que nacen las hijas e hijos”.

La propuesta del Gobierno

El 15 de enero, el Ministerio de Justicia presentó a distintas asociaciones un Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de corresponsabilidad parental y otras medidas en los casos de nulidad, separación o divorcio, con la idea de regular la custodia compartida a nivel estatal. El texto que suscitó el firme rechazo inmediato de las asociaciones en defensa de los derechos de las mujeres, no ha sido sin embargo presentado ni siquiera en el Congreso de los Diputados, por lo que los plazos hacen ya imposible que se pueda tramitar en lo que queda de legislatura. A pesar de que desde el Ejecutivo se insistió en que sólo se trataba de un borrador, las organizaciones feministas denunciaron que el texto sí abría la puerta a la posibilidad de que un maltratador pueda obtener la custodia de sus hijos si así lo estima un juez, o a que se establezca la custodia compartida aunque ninguno de los progenitores la haya solicitado.

Ángeles Álvarez, diputada del PSOE y experta en Igualdad, reconoce que el borrador del Gobierno “desató las iras de todo el mundo” por esa permisividad con los maltratadores y por la “custodia compartida impuesta”. “Es un despropósito que el juez pueda imponer esto por defecto, ya que puede hacer que muchas familias tengan que mantener un vínculo que no quieren tener”, explica. Su partido respaldó la ley de custodia compartida aprobada hace ya años en Aragón pero, según advierte, la aplicación de la norma les está haciendo reconsiderar su postura. En su opinión, la prioridad en este momento es impulsar es una legislación específica que prohíba a los jueces a decretar la custodia compartida en esos casos de maltrato, y que los magistrados tengan que decidir en función de cada situación familiar.

Justo Sáenz, por su parte, anima a todos los agentes a adoptar normas similares a la aprobada en Euskadi. Según explica, tras años al frente de la Federación de Euskadi de Padres y Madres separados se ha dado cuenta de que una de las cuestiones “que genera más conflictos” es que la ley del divorcio “se ha quedado obsoleta al tener lagunas e inconcreciones”. Por eso, a su juicio, es necesario ir más allá.