Varias empresas concesionarias de servicios en la red de Metro de Madrid afrontan ajustes de plantilla, así que sus trabajadores desean que el relevo político que se ha producido en las administraciones conlleve también cambios en la gestión del transporte subterráneo. Con los últimos recortes de personal, habrá estaciones que se queden sin ningún vigilante de seguridad, según los sindicatos.

La empresa Seguridad Integral Canaria, adjudicataria del mayor paquete en el concurso para la seguridad de Metro de Madrid, ha puesto sobre la mesa un plan de despidos colectivos que va a afectar a casi 100 personas.

Pero Valle Sanz, secretaria general de UGT en la compañía y trabajadora en esta concesión de Metro de Madrid, explica que el ERE no es lo único que les quita el sueño a los empleados de la compañía: no se pagan algunos pluses y otros se abonan a medias. Los vigilantes de seguridad tienen “muchísima incertidumbre”, cuenta Sanz a Sabemos, porque los salarios no siempre llegan a tiempo y algunos temen que en algún momento se acaben.

“De Seguridad Integral Canaria lo que nos esperamos es que en cualquier momento se marchen y dejen a los trabajadores con una mano delante y otra detrás”, dicen desde los sindicatos.

“Si Metro de Madrid le quitara el contrato y se lo diera a otra empresa, esa empresa que entra tendría la obligación de quedarse con los trabajadores. A nosotros nos harían un favor. De Seguridad Integral Canaria lo que nos esperamos es que en cualquier momento se marchen y dejen a los trabajadores con una mano delante y otra detrás y sin el salario, como pasó con Esabe”, explica Valle Sanz. “Si llegara la Administración, le quitara la concesión y pusiera a otra empresa de seguridad solvente, los compañeros darían palmas con las orejas”, subraya.

Este colectivo no es el único que desea que las cosas cambien en Metro de Madrid, empresa gestionada por el Gobierno de la comunidad autónoma. Otra de las concesiones, la de la limpieza de esta red de transporte, también vive sus propios conflictos laborales.

La filial de servicios de la constructora Sacyr, Valoriza, tiene en marcha un expediente de regulación de empleo de reducción de jornada que afecta al personal de limpieza del metro, como confirma a Sabemos el responsable de empleo de Construcción y Servicios de CCOO Madrid, Pedro Garijo.

“Yo no sé hasta qué punto puede cambiar esto, pero nos gustaría”, dice Garijo, después de abordar el sistema de adjudicación que se ha utilizado en las últimas concesiones. En todo caso, es la Comunidad de Madrid quien se encarga de la gestión del Metro. Entre las propuestas de Cifuentes para el suburbano en las pasadas elecciones estaban mejorar la cobertura 4G, rehabilitar las estaciones más antiguas y mejorar la accesibilidad y poner ascensores en las de mayor afluencia de viajeros. El acuerdo de investidura con Ciudadanos hablaba de congelar las tarifas y precios reducidos para menores de hasta 26 años y desempleados de larga duración.

Los concursos

Ambos representantes sindicales indican que los últimos contratos de servicios para Metro de Madrid se resolvieron atendiendo sólo a criterios económicos, sin exigencias de calidad en su prestación.

“En los últimos concursos lo único que puntuaba era el dinero, con lo cual la empresa que ofrecía menos se llevaba el concurso, no había unos estándares de calidad”, explica un representante sindical

“Antes había unos baremos en los que puntuaba la oferta económica y también la prestación del servicio que la empresa realizaba al cliente. En los últimos concursos lo único que puntuaba era el dinero, con lo cual la empresa que ofrecía menos se llevaba el concurso, no había unos estándares de calidad”, ha destacado Pedro Garijo.

Lo mismo sucede con la seguridad, explica Valle Sanz, porque las empresas “se están ciñendo al contrato”, de manera que están cumpliendo con las exigencias mínimas de número de vigilantes por estación.

La consideración de la oferta más baja va “en detrimento de la calidad del servicio” y además conlleva costes laborales, añade Pedro Garijo, porque si las concesionarias quieren extraer beneficios, han de ajustar los costes y, en este caso, la mayor parte de los gastos proviene de la plantilla. Eso se traduce en despidos.

En cualquier caso, advierte Sanz, los servicios se van a empezar a resentir en julio, debido a las vacaciones de los trabajadores, pero el despido de 94 empleados de Seguridad Integral Canaria dejará “estaciones sin ningún vigilante” de manera permanente.

Un empresario contra las cuerdas

El dueño de Seguridad Integral Canaria -a la sazón presidente de la recién ascendida Unión Deportiva Las Palmas-, Miguel Ángel Ramírez, no está para celebraciones después de que el Tribunal Supremo haya revocado un indulto parcial que le concedió el Gobierno, tras haber sido condenado por una operación urbanística que no tenía todas las de la ley.

Los líos judiciales del “canarión” no generan muchas simpatías entre su propia plantilla, como relata Valle Sanz: “ A él lo indultó el ministro Soria, pero aún sigue con causas pendientes con la Justicia. Todavía está por que le condenen por un delito que tiene contra la Seguridad Social y contra Hacienda. A nosotros las horas extras no nos las pagaba como extras sino como dieta, con lo que se ahorraba pagos a la Seguridad Social y a Hacienda. Además, con esto pagaba más barato al trabajador, que no cotizaba nada de eso. Esto cuando pagaba las horas extra, porque la gran mayoría de las veces, ni siquiera las pagaba”.

Pero las sospechas de Sanz sobre la rectitud del empresario en su forma de hacer negocios van más allá: “Esta empresa no es adjudicataria de ningún servicio que no sea de la Administración pública. Esto no es una empresa como Securitas, Prosegur o Seguribérica, que son solventes y que tienen otras contrataciones. No. En Seguridad Integral Canaria se mueven sola y exclusivamente por las administraciones públicas, bien sea Metro de Madrid o Patrimonio Nacional”.