El socialista Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia del Gobierno andaluz e imputado por el Tribunal Supremo en la causa de los ERE fraudulentos de Andalucía, ha formalizado este lunes su renuncia al escaño de diputado, que tendrá efectos a partir del jueves, 2 de julio.

En un escrito recogido por Europa Press, fechado el sábado y registrado este lunes, Zarrías comunica que renuncia a su escaño por Jaén “con efectos del día 2 de julio”, fecha a partir de la cual ya no ostentará la condición de diputado del Congreso, y por tanto aforado.

En el escrito, Zarrías aprovecha para expresar su agradecimiento a los servicios de la Cámara por las atenciones recibidas en estos años de parlamentarios.

Aunque la exposición razonada del instructor del Supremo, Zarrías ya presentó el viernes un escrito en el Tribunal solicitando la paralización del suplicatorio que este órgano tiene previsto remitir al Congreso para que los tres magistrados de la sala de recursos acabe revisando sus conclusiones. Su defensa alega que el juez Alberto Jorge Barreiro dictó sus conclusiones sin proveer antes un escrito que el exmandatario remitió el pasado miércoles instando al archivo de la causa.

Manuel Chávez

Por otra parte, el expresidente andaluz Manuel Chaves ha solicitado al Tribunal Supremo que paralice el suplicatorio que éste órgano tiene previsto remitir al Congreso para poder seguir investigándole por un delito de prevaricación administrativa en la causa de los ERE fraudulento.

En el escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, Chávez asegura que el magistrado instructor de su causa en el alto tribunal, Alberto Jorge Barreiro, parece “desconocer por completo las distintas fases del procedimiento legislativo” y ha cometido “un grave error” en su análisis de la conducta del exmandatario andaluz.

“Dicho sea con el máximo respeto y en estrictos términos de defensa, considerar que la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos por parte del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma puede ser constitutivo de un delito de prevaricación es, además de gravemente erróneo, una afirmación que supone desconocer por completo las distintas fases del procedimiento legislativo”, afirma.

La defensa de Chaves asegura que los Proyectos de Ley de Presupuestos en los que se incluyeron las ayudas sociolaborales se llevaron a cabo siguiendo una escrupulosa tramitación parlamentaria por parte de una cámara en la que estaban representadas las distintas fuerzas políticas y con el control de una Oficina Técnica ideada con este fin. Asimismo, recuerda que ninguna de la Leyes de Presupuestos aprobadas por el Parlamento andaluz entre 2002 y 2009 ha sido declarada inconstitucional.