El nombramiento de Íñigo Méndez de Vigo como nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte ha disparado toda una oleada de balances, reivindicaciones y deseos de cambio entre los estudiantes, los docentes y los autores, frustrados con la polémica gestión de su antecesor, José Ignacio Wert.

Por una parte, los sindicatos de docentes pidieron este viernes a Méndez de Vigo que abra el diálogo con la comunidad educativa que no mantuvo su predecesor y que cambie las actuales políticas en beneficio de la educación pública.

En declaraciones a la agencia Efe, el portavoz de STES, Augusto Serrano, ha opinado que las políticas de Wert han sido “nefastas” para la educación y que se lleva “el honor” de haber sido el ministro peor valorado de la democracia.

Serrano ha apostado por que el nuevo ministro “cambie radicalmente las políticas” que se han aplicado, aunque lo primero que tiene que hacer es “hablar” con la comunidad educativa y “escuchar” lo que dicen las comunidades autónomas.

Por su parte, Adrián Vivas, presidente del CSIF, ha calificado de “improcedente y tardía” la marcha de Wert a meses del final de la legislatura y cuando la intención de la mayoría de las comunidades es parar la implantación de la Lomce.

Sobre el nuevo ministro, Vivas ha resaltado (también en declaraciones a Efe) que no es el “más adecuado” para enderezar el rumbo de la educación y se necesitaría un profesional que conozca “las debilidades del sistema educativo y tengan como horizonte un Pacto de Estado de largo recorrido”.

Similar opinión tiene el secretario general de la Enseñanza de CCOO, Francisco García, que ha recordado que el diálogo con Wert ha sido “inexistente” y ha abogado porque los docentes puedan recuperar todos los derechos perdidos en estos últimos años. Por su parte, UGT ha afirmado en un comunicado que el relevo en el Ministerio de Educación se ha producido “con nocturnidad y alevosía” y que Méndez de Vigo va a ocupar el cargo sin que se le conozca “relación alguna” con la educación.

Estudiantes

Los sindicatos de estudiantes han celebrado el cese de Wert, a quien acusan de haber destruido la educación pública, y le han dado un voto de confianza al nuevo titular. “Wert, no te vas, ¡te hemos echado!”, proclamaba este viernes el Sindicato de Estudiantes, que considera que tras varios años de “lucha sin cuartel” contra las políticas del “impresentable” ministro, al final ha llegado la noticia de que “sus días al frente del Ministerio de Educación llegan a su fin”.

En una nota de prensa citada por Efe, el sindicato ha advertido de que el cambio de Wert “no es un cese ni un cambio inocuo” sino el resultado de las movilizaciones contra su política educativa que han “desenmascarado” su intención de “destruir” la educación pública y abrir las puertas a la educación como negocio para unos pocos en lugar de un derecho para todos.

Asimismo, ha recordado que nunca antes un ministro de Educación había hecho una política educativa en contra de estudiantes, padres y profesores. Entre las “medidas estrella” de Wert este sindicato cita la Lomce, el despido de 32.000 profesores de la educación pública, el recorte en las becas, la subida de las tasas universitarias o la imposición del “decreto 3+2”, que permite grados de tres años con másteres de dos años.

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest), Alejandro Delgado, ha sostenido que Wert debería haberse ido “mucho antes” porque al haber estado estos últimos años en el Ministerio “se ha cargado la educación” tanto la básica como la universitaria.

Asimismo, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup) se ha congratulado por la marcha de José Ignacio Wert y ha denunciado que con su gestión al frente del Ministerio se ha limitado el acceso a la educación superior “para siempre”.

En declaraciones a Efe, el presidente de la Creup, Luis Cereijo, ha dicho que con Wert y este Gobierno se ha vivido “uno de los momentos mas difíciles para ser estudiante universitario”. “Wert ha cambiado la Universidad para siempre, ha limitado el acceso a la educación superior y ha decidido que en este Estado unos puedan tener sueños y un progreso y un futuro profesional justo y otros no”.

La Creup, que representa a la mayor organización estudiantil universitaria del Estado (a más de 800.000 universitarios) y forma parte de la Organización Europea de estudiantes universitarios, sostiene que Wert deja “un reguero de medidas que han dinamitado por completo la equidad en el sistema educativo”.

El ya exministro ha sido “un ejemplo de lo que jamás debería pasar en un estado social y democrático”, según Cereijo, que ha recordado y rechazado las normativas aprobadas para subir las tasas universitarias o el sistema de becas que establecía “criterios elitistas” como exigir una nota media que no se pide al resto de los estudiantes que no necesitan beca.

Sobre el nuevo ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, Cereijo dice estar expectante por conocerlo e intentar recuperar la relación que “jamás” tuvieron los universitarios con Wert.

Propiedad intelectual

Otro colectivo afectado por las gestiones de Wert, los artistas, autores, editores y productores de la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI), han pedido al nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte un cambio “real y justo” en la política sobre propiedad intelectual.

ADEPI pretende, según explica en una nota citada por Efe, “cambios en la política sobre propiedad intelectual y un diálogo constructivo que permita aprovechar los meses que quedan de legislatura para encontrar soluciones de consenso a los graves problemas que ha creado la reciente reforma de la ley”.

El sector cultural en España, aseguran, está “muy perjudicado por una reforma -la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)- que se aprobó sin corregir numerosas deficiencias técnicas” señaladas por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo de Consumidores y Usuarios y el Tribunal Supremo.

“Es paradójico que la reforma de la LPI se tramitara por el procedimiento de urgencia y que seis meses después de su entrada en vigor no se haya desarrollado aplicando los cambios que la propia reforma promovía”, sostienen.

Eso ha causado a los titulares “graves perjuicios económicos” al obligar a las entidades a establecer unas tarifas conforme a unos criterios que a día de hoy están pendientes de la aprobación de una orden ministerial.

La LPI ha reducido “arbitraria e injustamente” las rentas de los creadores en beneficio de las industrias que deben pagar dichos derechos; no soluciona “con eficacia” el problema de la piratería, reconoce “la provisionalidad del actual sistema de compensación por copia privada” y conduce a una “gran conflictividad” en la aplicación de las tarifas.