El último informe de Human Rights Watch (HRW) sobre Colombia, ampliamente difundido por la prensa internacional y del país, no hace sino confirmar la durísima realidad que activistas, abogados, sindicalistas y dirigentes indígenas y sociales conocían en sus carnes desde hacía mucho tiempo: la responsabilidad directa de altos mandos militares en las violaciones de los derechos humanos y la absoluta impunidad en que se amparan los perpetradores.

El documento de la prestigiosa organización internacional, que se presentó públicamente este miércoles en Bogotá, denuncia que existen “amplias evidencias, hasta ahora inéditas”, que “implican a numerosos generales y coroneles del Ejército colombiano en ejecuciones extrajudiciales generalizadas y sistemáticas de civiles ocurridas entre 2002 y 2008″.

El documento de 105 páginas, titulado El rol de los altos mandos en falsos positivos: Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles, denuncia que numerosos generales y coroneles “sabían o deberían haber sabido” sobre los casos de “falsos positivos” (eufemismo referido a las ejecuciones, por parte de los militares, de civiles inocentes a los que se presenta como guerrilleros), e incluso “podrían haberlos ordenado o facilitado activamente su comisión”.

La Fiscalía investiga al menos 3.000 casos relacionados con las actuaciones de militares que, “presionadas para incrementar el número de bajas en la guerra contra los grupos guerrilleros, asesinaron a civiles e informaron que se trataba de muertes en combate”, según HRW. Hasta la fecha, el 95 por ciento de los procesados y condenados por estos casos son soldados de los rangos más bajos (cerca de 800). En el caso de los altos mandos, hasta la fecha se ha investigado a 70, pero sólo se ha condenado a once (siete coroneles y cuatro tenientes coroneles). En el caso de los generales, retirados o en activo, la impunidad es, sencillamente, absoluta.

“Los falsos positivos representan uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas en el hemisferio occidental de los últimos años, y hay cada vez más evidencias de que altos oficiales del Ejército serían responsables de estos hechos atroces”, denunció José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch.

“No obstante, los oficiales del Ejército que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han conseguido eludir la acción de la justicia e incluso han ascendido a los niveles más altos del mando militar, incluidos los actuales comandantes del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares”, añadió.

 

Dos víctimas de “falsos positivos” muertos en el departamento de Meta en 2004. La fotografía, en la que se aprecian varios soldados, figura en un expediente de la Fiscalía General

 

El informe se basa en los datos de la Fiscalía que demuestran la identificación de más de 180 batallones y otras unidades tácticas—adscritos a casi todas las brigadas y en todas las divisiones del Ejército en ese momento— que presuntamente cometieron ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008.

Diversas evidencias presentadas en el informe muestran que comandantes de las brigadas y unidades tácticas responsables de gran cantidad de ejecuciones, además de los entonces máximos mandos del Ejército, “al menos sabían o deberían haber sabido sobre estos delitos y, por lo tanto, podrían ser penalmente imputables debido a su responsabilidad de mando”. El documento cita también grabaciones y transcripciones de testimonios prestados a la Fiscalía por militares implicados en falsos positivos que “señalaron que sus superiores, incluidos generales y coroneles, presuntamente conocían, planificaron, ordenaron o facilitaron la comisión de estos crímenes”.

Un hecho particularmente grave, según HRW, es que “algunos de los oficiales del Ejército que comandaron las 11 brigadas que se analizan más detenidamente en el informe, posteriormente se convirtieron en los mandos militares de mayor jerarquía en Colombia”.

Ningún general ha sido procesado por su supuesta relación con los “falsos positivos”

Es el caso del general retirado Mario Montoya, comandante del Ejército Nacional entre 2006 y 2008 y que comandaba la Cuarta Brigada en la época en que varios soldados de esta unidad perpetraron al menos 44 presuntas ejecuciones extrajudiciales. O el del general retirado Óscar González Peña, comandante del Ejército Nacional de 2008 a 2010 y también comandante de la Cuarta Brigada cuando se produjeron al menos 113 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de este cuerpo.

Asimismo, al menos 28 presuntas ejecuciones extrajudiciales fueron perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada durante el período en el cual el actual comandante general de las Fuerzas Militares, el general Juan Pablo Rodríguez Barragán, estuvo al mando. Otro caso sangrante es la ejecución extrajudicial de 48 personas por parte de soldados de la Novena Brigada durante el período en el cual el general Jaime Lasprilla Villamizar, actual comandante del Ejército Nacional, estuvo al mando de la unidad.

Precisamente, la Fiscalía de Colombia citó ayer martes, para interrogarlos, a cuatro generales retirados para que expliquen su presunta relación con casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles ocurridas entre 2005 y 2008 en varias regiones del país, según confirmaron a la agencia Efe fuentes judiciales colombianas.

Entre los llamados a interrogatorio figura Mario Montoya, citado en el informe de HRW y que fue uno de los artífices de la célebre y controvertida Operación Jaque, en la que fueron rescatados la excandidata a la presidencia Ingrid Betancourt, secuestrada desde hacía seis años por las FARC, así como cuatro estadounidenses y varios militares y policías. También han sido citados, en calidad de “investigados”, los generales Andrés Jaime Augusto Bernal, Jorge Arturo Salgado Restrepo y Henry Williams Torres Escalante, según las mismas fuentes. Concretamente, según ha precisado Caracol Radio, Mario Montoya va a ser investigado por “falsos positivos” ocurridos entre marzo de 2006 y noviembre 2008.

El fenómeno de los “falsos positivos” se remonta a los años noventa, tal como explicaron, a modo de ejemplo, varios activistas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en Antioquia, a este periodista de SABEMOS a finales de los años noventa.

No obstante, esta lacra se intensificó sobre todo a principios de este siglo. Los datos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU recogen una cifra de al menos 3.000 víctimas sólo en el periodo comprendido entre 2004 y 2008.

Esta cifra corrobora las conclusiones de un informe publicado en 2014 por las universidades colombianas de la Sabana y la Universidad Externado de Colombia, titulado La política de seguridad democrática y las ejecuciones extrajudiciales, según el cual los “falsos positivos’” aumentaron considerablemente, nada menos que un 154 por ciento, durante la Presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010).

Entre 1990 y 2001 se registró una tasa de 0,095 “falsos positivos” por cada 100.000 habitantes, mientras que, entre 2002 y 2008, el promedio fue de 0,385, según el citado estudio universitario. Por su parte, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) de Colombia registró en 2010 “un incremento preocupante del 58,3 por ciento en los casos y de 69,5 por ciento en las víctimas comparándolo con las violaciones ocurridas en 2009”.

 

Tal como indicaba un informe del Movimiento de Reconciliación (MOR) y de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) de junio de 2014, aunque las ejecuciones extrajudiciales ya eran un problema importante antes de 2000 (634 de las cuales han sido documentadas y atribuidas a las Fuerza Armadas entre 1994 y 1999), el problema se aceleró en la década de 2000, hasta alcanzar un máximo en 2007. “La mayoría de las ejecuciones extrajudiciales documentadas durante el período 2000-2010 se conocieron como ‘falsos positivos’, cuyas víctimas fueron miles de pobladores civiles ejecutados por agentes estatales, cuyos cuerpos fueron presentados falsamente como resultados de la acción de las Fuerzas Armadas contra los grupos armados”, se lee en el citado informe, que se remite a fuentes tan diversas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Fiscalía General de la Nación, el Observatorio de Derechos Humanos de la CCEEU o el Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU. 

Durante gran parte de ese período, según este documento, “el Ejército medía su éxito en las labores de contrainsurgencia a partir del número de guerrilleros muertos”, lo cual se tradujo “en incentivos para comandantes y soldados rasos”, en la promesa de recompensas, en “la publicidad de los éxitos operativos, que pusieron de manifiesto bajas de la guerrilla logradas por el Ejército”, y en “la presión verbal de los comandantes de alto nivel hacia la tropa”.

Otro aspecto destacado por el ya citado informe de HRW son las “amenazas, ataques y actos de hostigamiento” de que han sido objeto los soldados que han declarado contra sus superiores en los casos de falsos positivos. Un caso particularmente grave se produjo el 27 de octubre de 2014, cuando Nixón de Jesús Cárcamo, que había confesado y aportado información a la Fiscalía sobre la presunta participación de sus superiores en falsos positivos, fue asesinado en el centro de reclusión militar de la Décima Primera Brigada.

Entre los acusados figuran actuales o antiguos jefes del Ejército

“A pesar de que la Corte Constitucional de Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han instado en reiterados pronunciamientos a que las violaciones de derechos humanos sean investigadas y juzgadas exclusivamente por autoridades de la justicia ordinaria, diversos fiscales indican que muchos casos de falsos positivos (posiblemente cientos) continúan en la Justicia Penal Militar”, lo cual “supone un grave impedimento para que exista rendición de cuentas”, advierte el informe de HRW.

La Justicia Penal Militar “no adoptó medidas básicas para investigar falsos positivos cuando la mayoría de los casos estuvieron bajo su jurisdicción” y “al menos algunos jueces militares ayudaron activamente a las tropas a encubrir los delitos”, denuncia la organización.

La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, está efectuando un seguimiento de los procedimientos vinculados con casos de falsos positivos en Colombia y podría iniciar una investigación si determina que las autoridades nacionales no se muestran dispuestas a investigarlos o juzgarlos, o que realmente no pueden hacerlo. Este hecho podría dar lugar a una investigación por parte del TPI, según HRW.

La responsabilidad de Estados Unidos

Por otra parte, HRW (cuya sede principal se encuentra en Nueva York) ha reclamado al Gobierno de Estados Unidos que exija el cumplimiento de los requisitos de derechos humanos a los cuales se supedita la asistencia militar a Colombia, incluida la exigencia de que los casos de derechos humanos estén “sujetos únicamente a la jurisdicción penal ordinaria”, y que los militares cooperen con los fiscales en estos casos. “Ante las evidencias de que estos dos requisitos no se están cumpliendo, Estados Unidos debería suspender la parte de la ayuda militar que depende de que Colombia cumpla con ellos”, indicó Human Rights Watch.

Precisamente, un senador de Estados Unidos, Patrick Leahy, ha expresado su preocupación por las conclusiones del informe de Human Rights Watch sobre falsos positivos en Colombia, que “muestra que, mientras hemos proporcionado miles de millones en ayuda al Ejército a lo largo de los años, sus tropas ejecutaban sistemáticamente a civiles”.

Los militares incluidos en el documento de HRW, prosiguió (citado por el diario El Tiempo), “han eludido la justicia y algunos permanecen en altos cargos de autoridad sin que Colombia o Estados Unidos hayan hecho nada para enfrentar el problema”.

Por ello, el senador expresó su esperanza de que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, se tome el informe “en serio” y haga “lo que sea necesario para que se imparta justicia y se recupere la credibilidad de los militares”. Asimismo, advirtió de que el Gobierno de Estados Unidos debe reaccionar “de forma enérgica” porque “será difícil seguir apoyando a una institución que ha cometido violaciones horrendas de derechos humanos”.

Uribe y Los 12 Apóstoles

El informe de HRW y sus repercusiones se unen a las constantes denuncias presentadas por las más prestigiosas organizaciones de derechos humanos (la propia HRW y Amnistía Internacional) y por los numerosos activistas del interior del país (muchos de los cuales han pagado muy caras sus investigaciones) sobre los vínculos entre los grupos paramilitares, por una parte, y el Ejército y los altos responsables del Estado, por la otra.

Ejemplo de ello es el testimonio prestado el pasado mes de febrero, desde una cárcel federal de Miami, por el extraditado exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, en el que acusaba al ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano de Álvaro Uribe, de mantener nexos con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles.

En su testimonio ante un fiscal, del que informó el diario bogotano El Espectador, Don Berna (condenado a 30 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico) aseguró que un senador, Miguel de la Espriella, había oficiado de enlace entre los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el Gobierno de Uribe y que Pedro Juan Moreno, fallecido en 2006 y antiguo secretario de la Gobernación de Antioquia durante el mandato de Álvaro Uribe como gobernador de este departamento del noroeste de Colombia, era un hombre muy cercano a los paramilitares, hasta el punto de que incluso uno de los grandes líderes históricos de las autodefensas, Carlos Castaño, “lo consideraba uno de sus asesores”.

En febrero de 1998, según Don Berna, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, Jesús María Valle, fue asesinado debido a que “se había convertido en una persona incómoda porque estaba denunciando unos hechos relacionados con la masacre de El Aro”, ocurrida en la región de Ituango, en el norte de Antioquia, en 1996. “¿Incómodo para quién?”, interrogó el fiscal. Don Berna contestó: “Pedro Juan expuso a Carlos Castaño que el doctor Jesús María Valle estaba haciendo unas denuncias contra él y el presidente Uribe cuando era gobernador de Antioquia. Además, que tenía vínculos con las guerrillas, concretamente con las FARC. Carlos (Castaño) me llama y me dice que le dé la orden a la banda de La Terraza para que le den de baja”. En respuesta a este testimonio, Santiago Uribe lo ha negado todo y ha asegurado que sus presuntos vínculos con Los 12 Apóstoles y la masacre del Aro son infundados.

 

Don Berna

 

No es esa la opinión de otro elemento incómodo para los Uribe en relación con estos nexos, el comandante retirado de la Policía Juan Carlos Meneses, quien en enero de 2014 se entregó voluntariamente a la justicia colombiana y a quien se considera el principal testigo en el proceso por paramilitarismo contra Santiago Uribe.

“Eso era un grupo de limpieza social. Tenía sus jefes rurales, su jefe de finanzas, estaban sus colaboradores que eran algunos comerciantes, algunos ganaderos de la región”, declaró por entonces a la revista colombiana SEMANA, a la que aseguró que se había reunido “cuatro o cinco veces” con el hermano del expresidente, “siempre en la hacienda La Carolina”. “En una oportunidad él me enseñó una pista de entrenamiento para hombres. Había hombres armados con fusiles, me mostró los radios de comunicaciones porque él tenía comunicación con sus frentes paramilitares”, agregó.

Por si faltaran testigos incómodos en este caso, otro antiguo comandante paramilitar, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, acusó a finales de 20013 al general retirado Flavio Buitrago (actualmente encarcelado), antiguo jefe de seguridad de Álvaro Uribe, de haber ayudado a narcotraficantes.

 

Álvaro Uribe

 

En 2006, en plena Presidencia de Uribe, estalló en el país el escándalo de la “parapolítica”, relacionado con los vínculos entre políticos y antiguos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Las investigaciones demostraron que dirigentes políticos y funcionarios del Estado se aprovecharon de estas relaciones para conseguir cargos locales y estatales y desviaron fondos en favor de estos grupos armados, responsables de gravísimas violaciones de derechos humanos, sobre todo (que no sólo) a partir de principios de los años ochenta.

Buena parte de los políticos investigados por la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia eran personas próximas a Álvaro Uribe, quien se defendió, en todo momento, con el argumento de que se trataba de una “conspiración”, incluso del poder judicial, contra su persona. Desde que estalló el escándalo, y hasta 2013, fueron condenadas cerca de 60 personas en el marco del llamado Proceso 8.000, incluidos medio centenar de congresistas.

Todo ello no impidió que 35 personas investigadas por estos vínculos con los paramilitares pudieran presentarse a las elecciones legislativas de 2014 y que 26 de ellos consiguieran escaño. El partido con el mayor número de congresistas investigados es, precisamente, la formación de Uribe, el Partido de la U, que consiguió ocho escaños.

En abril de 2014, el propio Álvaro Uribe se reunió en Bucaramanga (uno de los epicentros del paramilitarismo, en el departamento de Santander) con varios antiguos congresistas, entre ellos un procesado por la “parapolítica”, Alfonso Riaño Castillo, con quienes, según palabas del propio expresidente, se habló sobre “acuerdos programáticos, públicos y por escrito”. Riaño fue condenado en enero de 2012 a 90 meses de cárcel por promover y auspiciar grupos al margen de la ley.

Imágenes | Efe, El Espectador, HRW