La primera en la frente. Pocos días después de que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy ordenase a sus ministros y altos cargos una mayor coordinación en la labor de gobierno, se desata una guerra sin cuartel en el Gabinete a cuenta de las promesas de mejora salarial de los funcionarios. El sector próximo a la vicepresidenta el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hace responsable del desaguisado al equipo del jefe de gabinete del jefe del Ejecutivo, Jorge Moragas.

Mucha prisa parece tener el nuevo director de campaña del PP por atraer el voto de los descontentos con el partido, entre ellos el sector de los empleados públicos, más de dos millones en España. Una filtración desde el entorno de Moragas sobre la devolución de derechos a los funcionarios provocó que ayer arreciase la tormenta en el palacio de la Moncloa.

El sector sorayista se desayunó con la noticia publicada en todos los periódicos de tirada nacional de que el Gobierno quería congraciarse con los empleados públicos, aceptando pagar a estos la totalidad de la paga extra retirada en 2012. Incluso se hablada en los periódicos de determinada subida salarial que paliase la pérdida de poder adquisitivo del sector funcionarial.

Como en el asunto todavía está en pañales, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y mano derecha de la vicepresidenta, José Luis Ayllón, no tuvo otra que salir a primera hora de la mañana a negar la mayor: nada de devolver a los funcionarios la extraordinaria o los llamados moscosos.

El daño en la descoordinación estaba ya hecho. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro –también próximo a Soraya Sáenz de Santamaría-, se vio obligado a aclarar que la intención del Ejecutivo es devolver a todos los ciudadanos -también a los funcionarios- lo que perdieron como consecuencia de las políticas de austeridad que exigía la batalla contra la crisis.

Los socialistas se encuentran con un filón

El PSOE vio en el asunto un filón en su estrategia de desgaste del gabinete de Rajoy. El portavoz del grupo socialista del Congreso, Antonio Hernando, se apresuró a convocar a los periodistas, en rueda de prensa, para lanzar el mensaje de que el Gobierno actúa en materia de función pública “como un pollo sin cabeza”.

Hernando lamentó que el Gobierno diga primero a algunos medios de comunicación que va a devolver una parte de esa paga, que más tarde lo desmienta el secretario de Estado Ayllón y que el ministro Montoro comente después que quizás se haga. “Pedimos al Gobierno –dijo el portavoz socialista- que deje de jugar con los funcionarios y con los trabajadores en general, porque no es posible que una estrategia electoral ponga a los pies de los caballos las expectativas de millones de personas y de miles de funcionarios”.

El asunto coleó durante todo el día y se convirtió en el tema estrella del primer encuentro del recién nombrado comité de dirección del PP. El vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Casado, terció en la polémica para asegurar que, cuando se den las condiciones, los populares harán “honor a la palabra dada” y devolverán la paga extraordinaria a los funcionarios.

Consciente de que el asunto afecta de lleno a la estrategia del PP, Casado se vio en la obligación de defender la coordinación entre el Gobierno y el partido, subrayando que precisamente “la mejor coordinación” es que los preside la misma persona, Mariano Rajoy.

Así las cosas, el enfado del bando sorayista con el jefe de gabinete del presidente del Gobierno era ayer mayúsculo, como pudo comprobar SABEMOS al testar el estado de ánimo del sector próximo a la vicepresidenta del Gobierno. El debate sobre los salarios de los empleados públicos es, en opinión de los seguidores de la Sáenz de Santamaría, el típico asunto que pasa factura al PP en las urnas, si no se pilota bien.

En la facción cercana a la vicepresidenta se recordaba ayer lo ocurrido en la primera legislatura del gobierno de José María Aznar. El entonces ministro de Administraciones Públicas, el mismo Mariano Rajoy, decretó la congelación del sueldo de los funcionarios durante dos años consecutivos (1997 y 1998).

Sin embargo, pudo permitirse después, gracias a la bonanza económica, conceder subidas salariales de los empleados públicos por encima del IPC, lo que motivó que llegase la paz con los sindicatos de los empleados públicos, tras tres años de conflictividad. Consecuencia de ello, según todos los analistas, fue que el PP de Aznar logró en el año 2000 vencer en las elecciones generales por mayoría absoluta.