El mercado español de la sanidad privatizada tiene dos colosos. Se trata de IDCsalud, el gigante que salió de las sucesivas fusiones entre IDC, Capio y Quirón, controlado por el fondo CVC Capital Partners, y Ribera Salud, creadora del llamado Modelo Alzira. Ambos corren grave peligro en las regiones en las que más se recurrió a sus servicios.

El caso de IDCsalud es delicado, pero todavía no requiere de la UCI, al menos en Madrid. El acuerdo entre PP y Ciudadanos para situar a Cristina Cifuentes en la presidencia sólo supondrá “la paralización del proceso de privatización de los servicios sanitarios y de gestión del sistema sanitario”, según el punto 47 del acuerdo de investidura.

Sin embargo, el programa de Ignacio Aguado era inicialmente bastante más duro para sus intereses: pedía la desprivatización de cuatro hospitales, tres de ellos controlados por IDCsalud, concretamente los de Valdemoro, Móstoles y Villalba (Sanitas controla el cuarto, el de Torrejón de Ardoz).

En Castilla-La Mancha, el acuerdo de investidura entre PSOE y Podemos promueve “la auditoría de los sistemas sanitarios y revisar los procesos privatizadores emprendidos a nivel autonómico con al intención de revertirlos, defendiendo el carácter público de los hospitales de Villarobledo, Almansa, Manzanares y Tomelloso, y reivindicando la gestión pública de los hospitales de Toledo, Guadalajara y Cuenca”.

En todo caso, hay que recordar que los planes de privatización anunciados a principios de esta década por María Dolores de Cospedal sobre los cuatro primeros centros que iban a ser privatizados nunca se cumplieron y siguen vinculados al servicio regional de salud (SESCAM). Pese a los recortes en este apartado, y según datos de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), se trata de una de las comunidades autónomas con menos privatizaciones.

La peor amenaza para IDCsalud no es ésta. Tiene que ver con las próximas elecciones en Cataluña, su otro territorio natural. En función del resultado, se verán más o menos afectados, al existir la posibilidad de que se le atasquen las puertas giratorias que han utilizado hasta ahora. Fue el caso del cierre de camas en el Hospital Clinic y el traslado de actividad al Sagrat Cor de la privada. La CUP denunció entonces el hecho de que el directivo Raimon Balenes hubiese antes sido director del Clinic.

Así pues, los cambios de Gobierno son muy peligrosos para sus intereses, especialmente cuanto más poder tengan Podemos y Cs y menos los partidos que hasta ahora han estado en el poder en Cataluña.

Todo esto amenaza a una operación sobre la que había informado Reuters: el intento de venta del grupo por parte de CVC Capital Partners por un importe de unos 5.000 millones de euros. Con los recientes cambios en la situación política en España, con la Sanidad totalmente controlada por las comunidades autónomas, y las auditorías y desprivatizaciones sumiendo el futuro de la compañía en la incertidumbre, parece difícil que nadie se vaya a meter en el fregado a precio de oro.

El final del Modelo Alzira

 

En la Comunidad Valenciana, madre del llamado Modelo Alzira, hemos llegado a un punto en el que ya ni el PP refrenda este tipo de gestión. Ribera Salud, controlada por Centene Corporation, se hizo recientemente con el control total de las empresas que gestionan la sanidad pública en Torrevieja, Elche y Alzira, al comprar las participaciones de Asisa y Adeslas, que han optado por abandonar el barco. Ribera está controlada por la compañía estadounidense especializada en Medicaid, que le compró la participación a precio de ganga a una Bankia en retirada, y por el Sabadell, que detenta el 50% restante.

Los actuales gestores privados de la sanidad pública valenciana ya sabían que las elecciones del pasado mayo en Valencia no iban a traer buenas noticias para el llamado Modelo Alzira, el proyecto pionero de colaboración público-privada en el sistema sanitario español.

De los seis partidos que partían con opciones reales de entrar en Les Corts Valencianes sólo dos, UPyD y Ciudadanos, no se habían pronunciado en contra de las concesiones que gestiona Ribera Salud, y lo peor es que tampoco hablaban bien de las concesiones sino que se limitaban a guardar silencio.

Como ejemplo del desprestigio del modelo, hasta el Presidente de la Generalitat había anunciado la no renovación de unas concesiones que no sólo no han cumplido las expectativas económicas, sino que han sido un arma política contra los populares tras la dudosa decisión de la Generalitat de abonar una indemnización 69 millones, de los cuales 25 millones eran por lucro cesante, cuando los gestores del Hospital de la Ribera se mostraron incapaces de hacer viable el proyecto. Sólo a última hora, y no sin presiones, el PP salió a defender la viabilidad de la iniciativa apuntando, eso sí, cambios en su funcionamiento.

El escenario final que han dejado las urnas no deja ningún tipo de dudas: el Gobierno valenciano va a poner fecha de caducidad al Modelo Alzira. El PSPV ya advirtió antes incluso del arranque de campaña que no renovaría las concesiones entregadas a manos privadas -las áreas de salud de La Ribera, Dénia y Torrevieja (gestionadas actualmente por Ribera Salud), y Manises (por Sanitas)-. Compromís quiere realizar una auditoría del funcionamiento real del servicio y pide buscar las formas de “revertir de forma completa” las concesiones a manos públicos, y Podemos habla textualmente de “recuperar gradualmente los servicios privatizados revisando los contratos, conciertos y concesiones administrativas”.

Se espera también que el nuevo Gobierno controle más férreamente que el PP los servicios que se prestan y la derivación de pacientes a otros centros, algo que siempre ha sido fuente de protesta entre los críticos del sistema.

No obstante un desmontaje ordenado del sistema ideado por Eduardo Zaplana a finales de los 90 supondrá una labor de, al menos, tres legislaturas. Sólo el Hospital de la Ribera finaliza su concesión antes de que se vuelvan a celebrar elecciones (2018), el resto de departamentos cedidos a la iniciativa privada finalizan sus contratos entre 2021 y 2025.

En todo caso, la situación no es halagüeña para estos dos imperios de las privatizaciones. O les arrancarán muchas concesiones, o les impedirán crecer. Pero nada volverá a ser como antes. Al menos, hasta dentro de cuatro años.

 

lA VISIÓN DE RIBERA SALUD

Desde Ribera Salud siempre hemos intentado mantenernos al margen del debate político. Modelos de colaboración entre la Administración y la iniciativa privada funcionan, desde hace muchos años, en distintos sectores, en diferentes comunidades autónomas, con distintos gobiernos y también fuera de España. Más allá de quién gestiona un servicio público lo importante es cómo se gestiona, con resultados medibles y objetivos, teniendo en cuenta la opinión de usuarios y profesionales. Ojalá se cree un observatorio, como reclamamos desde la Comisión de Cooperación Público Privada de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), que lo evalúe. No nos hemos planteado nada ante un cambio de gobierno más que cumplir el contrato que tenemos firmado con la Administración dando la mejor atención sanitaria como hemos hecho siempre.