El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu sopesa la posibilidad de investigar sólo los gastos incurridos por consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia fuera del horario laboral de la entidad (festivos y noches). Con esta decisión quedarían fuera el 63% de los gastos.

Si usted tenía una tarjeta black, lo mejor que podría haber hecho es gastarla en horario laboral; al menos tendría más probabilidades de librarse de ir a juicio. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que instruye el caso de las tarjetas de Caja Madrid y Bankia, estaría sopesando investigar solo los movimientos de las mismas en el supuesto horario laboral, según han comentado a SABEMOS varias fuentes jurídicas presentes en la causa. Esto en la práctica eliminaría de la instrucción una mayoría de los gastos consignados por consejeros y directivos de la entidad.

Entre 1999 y 2012, tal como constaba en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción con la que se dio apertura a esta pieza separa del caso Bankia, un total de 87 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia gastaron 15,5 millones de euros a través de unas tarjetas denominadas en un correo electrónico de Blesa publicado por Eldiario.es como “black a efectos fiscales”. Una investigación interna llevada a cabo por los nuevos gestores de Bankia había concluído que las tarjetas funcionaban fuera del circuito oficial y al margen del control debido, unas conclusiones matizadas después por nueva información.

Si la causa tomara esta nueva dirección que aventuran tanto partes de la acusación como de la defensa, sólo unos 4,5 millones de los gastados con estos plásticos podrían tener visos de un uso ilegal, según consta en los documentos añadidos a la instrucción y a los que ha tenido acceso SABEMOS.

Más de 82.000 movimientos, de los que 30.000 fuera de horario

Tal como informó en su momento Voz Pópuli, a mediados de mayo, el magistrado que instruye también el caso de la salida a Bolsa de Bankia y el escándalo de las preferentes firmó una providencia en la que le pedía a la Policía que le determinara cuántos de estos gastos se habían efectuado dentro del horario laboral habitual de la entidad y cuáles se habían hechos efectivos o bien por las noches (a partir de las 20.00 horas) o bien los fines de semana y días festivos.

La Policía ya entregó la respuesta a esa providencia: un conjunto de archivos de excel en los que se distribuyen los gastos por colores: con fondo blanco los gastos hipotéticamente justificados porque se habrían hecho en horario laboral; en rojo, aquellos hechos por las noches; en amarillo los gastos de fin de semana. De los más de 82.000 movimientos de dinero efectuados por exconsejeros y exdirectivos, poco más de 30.000 se habrían realizado fuera del horario laboral. Es decir, que un 63% de los gastos quedarían fuera de la causa de confirmarse el nuevo criterio del magistrado.

En opinión de Andrés Herzog, abogado en representación de Unión Progreso y Democracia (personados como acusación popular) si este nuevo criterio del juez Andreu se confirmase, “muchos de los acusados podrían salir impunes e incluso pedir la devolución de cantidades gastadas en horario laboral”. En declaraciones a Europa Press, Herzog ha considerado “surrealista” el hecho de dar por buenos los gastos hechos en horario laboral.

Una visión muy distinta mantienen fuentes jurídicas de la defensa, para quienes este cambio de criterio de Andreu demuestra que el juez tiene serias dudas de la naturaleza misma de las tarjetas y de los posibles delitos relacionados con su uso. Desde el principio de la causa, los imputados han basado su defensa en asegurar que las tarjetas eran de empresa, sí, pero para gastos de libre disposición (personales y no personales).

Sin embargo, tanto el juez como el fiscal han ignorado estas alegaciones y se han mantenido en lo que literalmente disponían las actas internas en las que se aludía a tarjetas para los consejeros: que eran para gastos de representación. Es decir, que deberían ceñirse solo a gastos relacionados con el desempeño del cargo de directivo o consejero, conceptos restringidos que no conjugaban bien con algunos de los gastos conocidos gracias a la prensa: 10.000 euros en joyas, 16.000 euros en un viaje…

¿Qué no sería delito según este nuevo criterio?

Si se diesen por buenas las sospechas de las partes personadas en el caso de las tarjetas black, quedarían fuera de cualquier responsabilidad penal todo tipo de gastos, muchos de ellos de miles de euros. Por ejemplo, la compra el 15 de diciembre de 2009 de más de 1.435 euros en vinos por parte de Miguel Blesa (apenas unos días antes de abandonar la presidencia de Caja Madrid), otros 3.345 euros un año antes o 910 euros en mayo de 2008 en una de las tiendas de Louis Vuitton en España.

También quedaría fuera la compra, por parte del exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj de un viaje de 16.921 euros en diciembre de 2009, varios gastos de cientos de euros en productos para la práctica del Golf en julio de 2007 y gastos de miles de euros en joyerías y perfumerías en diciembre de 2006.

En el caso de Matías Amat, antiguo director financiero de Caja Madrid (que en su comparencia aseguró que esperaba recuperar el dinero retenido por la fianza), su pronóstico podría verse cumplido, ya que gastos como 2.801 euros en diciembre de 2010 en el restaurante Príncipe de Viana, 3.310 euros en joyas en abril de ese año, o 646 euros en spa y tratamiento de saud en noviembre de 2007, quedarían fuera de los hipotéticos delitos de apropiación indebida que el magistrado investiga.

Otros gastos que se quedarían fuera del cómputo delictivo de Andreu

  • 1.468 euros gastados en una peletería por el exdirector de Negocio Carlos Vela en marzo de 2004 y más de 781 euros en zapatos en abril de 2004.
  • El exjefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, tiró de tarjeta (1.152 euros) para adquirir electrodomésticos y equipos electrónicos; también se gastó 111 euros en julio de 2008 en una tienda de cuchillos y ferretería.
  • En diciembre de 2012 el economista y tertuliano Alberto Recarte tiró dos veces de tarjeta (1.800 y 1.400 euros respectivamente) en el prestigioso club Castellana Golf. Casi un año antes gastaría 3.509 euros en el restaurante Casa d’a Troya.
  • Otro economista de la línea liberal, Juan Iranzo, empleó 2.400 euros de la tarjeta de Caja Madrid para comprar en junio de 2006 joyas o relojes en Carlos Jiménez Joyeros.
  • El presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, tuvo un final de año 2010 movido en cuanto a gastos con la tarjeta black: en El Corte Inglés de Sanchinarro pagó 2.080 euros, otros 2.299, otros 536, otros 500, otros 1.999… así hasta una decena de cargo en el mismo día y el mismo establecimiento.

FOTO: NEIL TURNER en FLICKR