La palabra reforma ya no es popular ni cuando hablamos de economía en general, ni muchos menos cuando hablamos de impuestos y gasto público.

Todos estamos hartos de que la palabra reforma sea un sucedáneo de recortes indiscriminados de gastos-austeridad-, o bien de subidas de impuestos, habitualmente indiscriminadas y que pagamos los de siempre. Sin embargo, necesitamos cerrar la brecha del déficit, aunque sólo sea porque nuestro nivel de deuda pública ya es casi del 100% del PIB y no puede seguir elevándose indefinidamente. Por otra parte, la llamada “reforma fiscal” del Gobierno ha sido fundamentalmente una pequeña rebaja de impuestos; y tristemente, si queremos mantener el Estado del Bienestar necesitamos recaudar más y no menos. Esto es algo que cuando oímos hablar de rebajas fiscales todos deberíamos tener presente.

La cuestión de cuánto más necesitamos recaudar no es sencilla de resolver; puesto que depende de la respuesta a varios interrogantes. En primer término, ¿qué estado del bienestar queremos? Si queremos una sanidad pública universal, como la que actualmente disfrutamos, tendremos que pagar más impuestos que si estamos dispuestos a tener una sanidad más limitada como en Estados Unidos, además de pagar íntegra la educación superior.

Por otro lado, ¿cuánto nos podemos ahorrar suprimiendo corrupción, despilfarro y duplicidades? La respuesta es cero si siguen gobernando los que se han beneficiado de la corrupción y el despilfarro, y a los que las duplicidades les benefician. Pero incluso si no es así, el potencial de ahorro no es ilimitado. El profesor Fernández-Villaverde ha calculado que el potencial de ahorro en esta cuestión puede estar en unos 20.000 millones de euros (un 2% del PIB aproximadamente).

Si partimos de la base de que queremos mantener unas prestaciones públicas similares a las actuales, y de que acometemos un serio recorte en la “grasa” de las Administraciones Públicas, nos queda un interrogante importante como conseguimos pasar de una recaudación total del 37,8% PIB a una cifra alrededor del 40% del PIB. Este reto tiene tres respuestas:

En primer término, reduciendo el fraude fiscal. Desgraciadamente, las leyes fiscales se cumplen menos en España que en los países de nuestro entorno, y ésa es una de las causas fundamentales de que en España recaudemos menos que en otros países con impuestos similares. El indicativo que más me convence es ver la evolución las bases imponibles respecto del PIB. En 2006, las bases de los principales impuestos respecto del PIB ascendían al 121,15%. En 2013, el conjunto de bases con respecto del PIB sólo eran el 102%, recuperándose algo en 2014, al llegar al 104%. No sólo es que haya caído el PIB, es decir, la economía, sino que cada vez se declara menos en los grandes impuestos. Si estas bases volviesen a la media histórica, recaudaríamos unos 20.000 millones de euros entre los grandes impuestos, IRPF, IS, IVA e Impuestos Especiales y cotizaciones a la Seguridad Social.

Este gráfico, cuyas fuentes son el INE y como no, la Agencia Tributaria, es el resumen deprimente de nuestra crisis fiscal:

Una segunda respuesta es reducir los agujeros en nuestro sistema fiscal. Con los tipos en máximos no recaudamos todo lo que deberíamos porque tenemos una falta de coherencia brutal en nuestro sistema fiscal, repleto de agujeros, o lo que queda de él. Además esta falta de coherencia está distorsionando la eficiencia y la asignación de los recursos, es decir, está lastrando el crecimiento de la economía. ¿De qué hablo cuando hablo de tipos en máximos? No sólo de que sobre el papel sean muy elevados, sino de que los tipos que se recaudan están en máximos:

Sobre lo que cualquier español gana o consume, y declara, en 2014 pagó más que nunca antes: un 15,2% y la fuente de estos datos es la propia Agencia Tributaria. Si a esto se le une que las bases están casi en mínimos, es que las distorsiones que generan nuestros impuestos están en máximos.

La tercera cuestión es el desempleo y los bajos salarios. Algo más de la mitad de la recaudación total de todas las AAPP proviene directamente del trabajo- aproximadamente el 85% de la recaudación del IRPF- este dato se basa en un estudio que hice en 2011 que todo el mundo utiliza y nadie cita: A esta cifra del IRPF hay que añadir la totalidad de las cotizaciones sociales: todo esto procede directamente del trabajo. Esta dependencia es superior a la de los países de nuestro entorno, y tenemos muchísimo más paro (y menores salarios). La combinación de estos tres factores nos lleva a tener menor recaudación. En consecuencia, una reducción del desempleo nos llevará a obtener mayor recaudación (y de paso a pagar menores prestaciones por desempleo). Desgraciadamente, la muy leve mejoría de nuestras cuentas públicas se ha basado mucho más en el agotamiento de las prestaciones públicas y no en la creación de empleo. Por esa razón, las cuentas de la seguridad social arrojaron un déficit de más de 11.000 millones en 2013 y 2014. Como señalaba Adam Smith en La Riqueza de las Naciones: la riqueza de las naciones no es más que el trabajo de sus habitantes. Si tuviésemos una tasa de desempleo aceptable en un país occidental como el 10%, incluso sin ningún tipo de reformas en nuestro sistema fiscal, estaríamos en superávit.

Este cóctel es deprimente, pero tiene, en mi opinión algunas soluciones. Esto lo comentaremos próximamente, pero antes hablaremos de otra cuestión relevante: la desigualdad y cómo se ha incrementado con la crisis. Esto explica, junto con la corrupción, porque una crisis económica y fiscal se convierte en una crisis política e institucional. Pero ésa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión.

Francisco de la Torre es inspector de Hacienda y autor del libro ¿Hacienda somos todos? Impuestos y Fraude en España (Debate, 2014)

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