Amnistía Internacional (AI) denuncia que España incumple todas sus obligaciones en cuestión de derecho a la vivienda. Acusa a las autoridades de invisibilizar la realidad de cientos de miles de personas que han perdido su vivienda y de implementar medidas regresivas.

El dato más reciente que tenemos en España sobre casas vacías corresponde al 1 de noviembre de 2011, cuando el INE publicó el último Censo de Población y Viviendas. Por entonces había 3,4 millones de viviendas vacías de un total de 25,2 millones de viviendas. El número de viviendas deshabitadas había aumentado en un 10,8% en los últimos 10 años. No hay datos más actuales pero teniendo en cuenta que desde el inicio de la crisis se ha procedido a la ejecución hipotecaria de unas 600.000 viviendas, parece evidente que esa cifra debe ser hoy aún más alta. 

No hay un censo similar a nivel europeo pero el periódico The Guardian, tras consultar los distintos censos nacionales, establece que hay 11 millones de casas vacías en la Unión Europea. Esto significa que España acumula el 30% de las viviendas deshabitadas europeas. Ni Grecia ni Portugal llegan al millón. Siguiendo con las comparaciones europeas, España es el segundo país con menor porcentaje de vivienda social (1,1% del total del parque de viviendas) siendo “superado”sólo por Grecia, donde no existe la vivienda socal.  

Con estos datos encima de la mesa, Amnistía Internacional pide al gobierno español que se paralicen los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección de los derechos humanos. En concreto, la organización solicita la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los jueces puedan analizar caso por caso la razonabilidad y proporcionalidad de un desalojo y el establecimiento de un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas. 

Cientos de miles de personas (tampoco hay datos exactos) no pueden disfrutar de su derecho a la vivienda y, según la ONG, el gobierno español está incumpliendo sus obligaciones: “Para muchas autoridades la vivienda no es un derecho humano sino un bien de consumo”. Por ello, AI denuncia que no se han adoptado medidas suficientes, así como la falta de transparencia y una clara intención de invisibilizar la gravedad de la situación. “Es una violación extendida de derechos humanos”, sostiene el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán. 

A los ayuntamientos les solicita que actuen al principio del proceso intentando mediar en la negociación (tal y como hizo ayer parte del gobierno municipal de Cádiz antes de ser desalojados por la Policía) y que ofrezcan alternativas ocupacionales a los desahuciados (tal y como Carmena propone desde el Ayuntamiento de Madrid).   

La asociación defensora de los derechos humanos también denuncia la implantación de algunas medidas regresivas injustificadas por parte de distintas autoridades: Desde 2008 se ha recortado el gasto público en vivienda en más del 50%, cuando ya era uno de los presupuestos más bajos de Europa. Según Eurostat, las ayudas a la vivienda descendieron de 40,95€ por persona en 2008 a 27,79 en 2012 frente a la media de la Unión Europea que estaba en 2012 en 134,65€.  Por otro lado, el periodo de calificación de la vivienda pública ha descendido en casi todas las comunidades a unos 10-15 años. Se ha procedido a la venta de vivienda social, siendo el caso de la Comunidad de Madrid especialmente alarmante con 3.000 viviendas vendidas a un fondo buitre. Y todo en un contexto de crisis económica y laboral en el que los ciudadanos necesitan más que nunca que se protejan sus derechos.