Cada vez que se charla sobre el sector eléctrico hay que sacar lápiz y papel, para explicar con esquemas los artificiosos mecanismos por los que se ha regido el mercado desde su liberalización. Por eso, a cada pregunta, José Donoso, director general de la patronal de la energía fotovoltaica Unef, se sirve de su bolígrafo, con la intención de dibujar croquis que desenmarañen los detalles de la energía en España. Todo hay que decirlo, no es el único del sector que utiliza esta forma de complementar sus explicaciones.

En lo que también coincide con otros actores del panorama eléctrico español es en apuntar en otra dirección cuando habla sobre el déficit de tarifa. Aunque reconoce que las primas a las renovables fueron una carga en este sentido, apunta que más del 40% -según un estudio de esta organización- se debe a decisiones políticas.

Sobre el sector todavía pesa el “hachazo” a las renovables, una de las aristas de la reforma energética emprendida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que implicó la reducción drástica de las primas a este tipo de energías. Donoso lo confirma y lo critica.

 

¿Cómo han quedado vuestros asociados tras la reforma eléctrica?

En una situación muy delicada, tanto con respecto al pasado como de cara al futuro. Lo más grave de todo es la ruptura de la seguridad jurídica que se ha producido, que afecta a nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. El mensaje que se ha dado desde el Gobierno es que el regulado debe desconfiar del regulador. Eso es terrible. Somos el cuarto país del mundo en arbitrajes internacionales en el CIADI [Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones], después de países como Argentina, Venezuela y Egipto. A qué nivel nos han puesto. En general, los pequeños inversores se encuentran en una situación delicada: han tenido que refinanciar su deuda con los bancos y algunos han tenido que vender su planta.

¿De cuántas plantas afectadas por refinanciaciones estamos hablando?

“Hay 65.000 instalaciones y todas han tenido que refinanciarse tras la reforma eléctrica. Los recortes que ha hecho el Gobierno oscilan entre el 15% y el 55% de los ingresos previstos”

De todas. Hay 65.000 instalaciones y todas tienen que refinanciarse. Los recortes que ha hecho el Gobierno oscilan entre el 15% y el 55% de los ingresos previstos por las plantas. De hecho, en algunos casos se prima la ineficiencia: el que es más eficiente pierde más.

¿Por qué?

Porque con el sistema anterior, tú cobrabas por kilovatio/hora (kWh) producido. Sin embargo, al ir a un sistema parecido a un sistema de pagos por capacidad, lo que te pagan es en función de la potencia instalada, no en función de la productividad de esa potencia. Es un sistema absolutamente ineficiente.

Entre las instalaciones que han sido refinanciadas, ¿hay algunas que hayan pasado a manos de los bancos?

Los bancos, sobre todo los nacionales, están intentando llegar a acuerdos. La deuda con la banca es de 24.000 millones de euros; si esto no se cierra bien, tienen que provisionar esa cantidad, lo que supone un deterioro para sus ratios. Entonces, los bancos están intentando llegar a acuerdos porque ellos no quieren quedarse con las instalaciones. Si los números no salen, lo que quieren es que se vendan a un tercero.

¿La reforma está mal hecha?

Por supuesto. Primero, por encima de cómo esté, porque rompe la seguridad jurídica. Y, además, porque se ha hecho desde el aislamiento, desde la decisión unilateral del Gobierno, cuando un proceso como este tiene que hacerse desde el consenso. Nosotros le hicimos propuestas al Gobierno, con medidas específicas para corregir la situación, alternativas a lo que estaban diciendo. Y no nos escucharon. No he visto en la vida una regulación tan irracional. El concepto del que parte la regulación del Gobierno es decir: “usted, empresario, invirtió mal”. Pensar que los empresarios eran tontos… Ellos pagaron el precio del mercado; ahora, 8 años después, viene un gobierno y dice que pagaron de más. Pues nadie paga de más, nadie regala dinero.

Algunos agentes del sector de las renovables están de acuerdo en que esta reforma se hizo mal. De hecho, han presentado una denuncia contra Nadal y contra Soria por prevaricación. ¿Unef se ha sumado?

Nosotros somos una asociación sectorial. Lo que hacemos es defender en los tribunales los derechos económicos y civiles de nuestros asociados, pero no entramos en elementos penales. Eso ya son nuestros asociados, individualmente, si lo consideran.

¿Pero usted cree hay fundamentos para que prospere la causa?

Eso lo dirán los jueces y los abogados. Yo lo que digo es que es muy grave lo que ha sucedido con esta ley, que ha perjudicado mucho a los inversores, entre los que hay fondos grandes pero también personas que invirtieron sus ahorros con la garantía del Estado.

El nuevo proyecto de Real Decreto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo regula muchas cosas y, entre ellas, el autoconsumo.

“El Gobierno está intentando cerrar todas aquellas puertas por las que pensaban que podría escaparse la posibilidad de hacer proyectos de autoconsumo”

Cuando se presentó el primer borrador, planteaba una situación sin precedentes, que era la aparición de un impuesto al sol, una barrera económica para desincentivar la inversión en proyectos de autoconsumo. Aunque no se aprobó, la amenaza de que en cualquier momento el Gobierno podía desempolvarlo tuvo un efecto de espada de Damocles, que paralizó todas las inversiones. Además, este decreto es retroactivo, no se aplica sólo a las nuevas instalaciones. Desde entonces no se volvió a saber nada, hasta ahora, cuando aparece un borrador todavía peor que el anterior, intentando cerrar todas aquellas puertas por las que pensaban que podría escaparse la posibilidad de hacer proyectos de autoconsumo. Además, empeora las condiciones económicas para los proyectos, las barreras o los impuestos al sol.

¿Pero qué es un impuesto al sol?

Es una forma de hablar. Ellos lo definen como un peaje o una carga. Lo que pretenden es poner unos periodos de amortización de hasta 31 años para las instalaciones domésticas, de forma que no te salga rentable hacer esa inversión. Este es uno de los aspectos absurdos de la regulación. Además, en el primer borrador prohíben la utilización de baterías, como la de Tesla. Mientras en España se prohíben las baterías, el Gobierno de Alemania lo considera tan positivo –porque además de ahorrar energía, contaminas menos y puedes reducir los picos del sistema- que da una desgravación fiscal de hasta un 30% de la inversión en baterías. Sin embargo, aquí se prohíbe y se pone un impuesto que puede llegar a ser más del 200% de lo que cada consumidor paga como término de potencia. Esto te lleva a que en cualquier instalación que hagas, la amortización se te vaya a más de 30 años. Es un decreto hecho para que nadie haga nada. Es absurdo.

Además de estos cargos, la medida establece la implantación de estudios obligatorios para la implantación, que se pagarían a las eléctricas; también incluye cosas como prohibir el volcado del excedente residencial de producción a la red. ¿Esto es un castigo a la fotovoltaica?

Está claro. No sé si la palabra es castigo, pero es una barrera. Pedir a todos los consumidores, independientemente del tipo de planta que sea, que soliciten un estudio de punto de conexión a la red de la compañía eléctrica, primero es un absurdo económico, porque te encuentras a alguien que ha comprado una pequeña placa de 1.000 euros para instalar en su casa que no va a verter nunca a la red y que tiene que pagar 400 euros y hacer un estudio de lo que pasaría si la vertiese. Luego, además, alarga los tiempos. No quieren que se instale fotovoltaica. ¿Por qué? Sería interesante saber las razones que tienen.

¿Son las eléctricas las que están frenando la instalación de la fotovoltaica?

Yo lo que puedo decir es que el responsable del borrador de real decreto es el Ministerio. Eso habría que preguntárselo al ministro o al secretario de Estado. Lo que me consta es quién firma.

¿Y no tiene sospechas?

A mí me gusta hablar de lo que hay, y lo que hay es una página web que dice que el Ministerio de Industria firma esto, es el responsable, no hay por qué ocultarse detrás de otros intereses. Si lo hace por voluntad propia o porque otros le estén convenciendo, él lo sabrá. Pero la responsabilidad política es suya.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe en el que considera “imprescindible” el autoconsumo. ¿Va en contra del Ministerio de Industria?

“A nosotros nos ha dado una alegría que la CNMC tome una posición de sentido común y considere imprescindible el autoconsumo”

Pues sí, pero es de sentido común. La Comisión Europea hace una semana publicó su informe en el que ha puesto sobre la mesa que España no cumplirá los objetivos del 2020. Estamos en el 15% de renovables y, si no se hace nada, seguiremos en el 15%. Llevamos 3 años prácticamente sin hacer prácticamente nada en energías renovables. La forma más eficiente, más económica y más rápida para conseguir ese objetivo es el autoconsumo, que además es la que genera más competencia. Además, es barata, porque no está pidiendo ningún tipo de prima. No estamos pidiendo que nos den ninguna prima ni ninguna subvención. A nosotros nos ha dado una alegría que la CNMC tome una posición de sentido común.

¿Os sentís más respaldados?

Evidentemente, pero la anterior Comisión Nacional de la Energía y la Comisión Nacional de Competencia también nos respaldaron, y fueron muy críticas con el anterior borrador. La Defensora del Pueblo también se ha pronunciado en contra de este borrador porque atenta contra los derechos de los ciudadanos. Pero lo que nos encontramos es un Ministerio que no respeta las instituciones, que es casi antisistema, porque no respeta el papel de las instituciones y toma sus decisiones independientemente de lo que digan.

¿Usted cree que Industria va a descartar, va a ignorar el estudio de la CNMC?

Ya lo veremos, pero la experiencia hasta ahora, si nos tenemos que fiar de lo que ha habido hasta ahora con informes anteriores… Lo que han hecho es sacar un borrador todavía peor que el anterior. Pues no nos hacemos muchas ilusiones.

Así las cosas, ¿prevén recurrir el real decreto si sale adelante?

“Estamos preparando las alegaciones al nuevo real decreto y después recurriremos a la Comisión Europea y a cualquier procedimiento o vía judicial que podamos”

De momento, estamos preparando las alegaciones y después recurriremos a la Comisión Europea y a cualquier procedimiento o vía judicial que podamos, por supuesto. Nosotros lucharemos por algo que no es solamente bueno para la fotovoltaica sino que es bueno para nuestro país. Nuestro país ha hecho una apuesta muy importante en el pasado por la energía fotovoltaica. Esa apuesta ha podido ser problemática en un sentido pero ha sido beneficiosa en otro, en generar un tejido industrial. Unas empresas, que son competitivas, que hoy en día están compitiendo con éxito en todo el mundo. Nuestro país necesita sectores como este, con valor añadido, con tecnología propia. Cuando se acaba con estos sectores se está acabando con una economía y con una parte de la clase empresarial nueva, más innovadora y más arriesgada, justo lo que necesitamos. Esto no es un capricho, es por donde va el mundo.

Pero hay muchas suspicacias acerca de cómo funcionaban las instalaciones fotovoltaicas y se las acusa de haber hinchado el déficit de tarifa por las primas a las renovables. ¿Qué es lo que tiene que decir UNEF?

El anterior sistema se basaba en la productividad: tú cobrabas en función del kilovatio que producías, otra cosa es que te estuvieran pagando un precio alto, pero era lo que costaba en ese momento.

Pero costaba tanto por las primas.

Costaba porque la tecnología costaba eso. Los precios han caído un 80%, pero entonces las tecnologías eran caras. El que quería invertir tenía que pagar el precio. El problema ha sido el precio. Sobre las suspicacias quiero dejar claro que ha habido una campaña informativa en contra de la energía fotovoltaica. En su día se habló de que había centrales solares que producían por la noche. Aquello salió a bombo y platillo, acusándonos de fraude. Sin embargo, cuando la presidenta de la CNE, Maite Costa, reconoció que había sido un error, que los técnicos se habían equivocado, eso ya no lo recogió nadie. En 2007-2008 hubo un error regulatorio. Había que instalar 450 megavatios/hora de capacidad, con unos incentivos. Al final del año, ya se habían instalado prácticamente todos.

Porque se aseguraban rentabilidades del 15 o el 20%.

Lo del 20% lo dice el ministro, que a mí me gustaría que aportara datos. Sí que es verdad que el Idae[Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía], en sus presentaciones para convencer a la gente de que invirtiera, decía: rentabilidad razonable del 12% y del 14%. Lo único que hizo el inversor fue seguir lo que decía el BOE. Pero esa rentabilidad no era tan grande. Yo estaba en el mundo de la empresa durante esos años y por menos de esa cantidad, la gente no invertía. Y era un sector nuevo, donde había un riesgo tecnológico. Tenemos estudios que dicen que la rentabilidad media de estas plantas, antes de la última reforma, estaba en el 6,3%. Por un 6,3% no habría invertido nadie.

Hubo una inflación de las estimaciones de rentabilidad que era irreal, como en la burbuja inmobiliaria.

No tiene nada que ver. Hay una diferencia fundamental: en la especulación inmobiliaria, fueron las empresas las que fueron especulando y aumentando los precios. Aquí no. Aquí las empresas respondieron a un precio que había fijado el Gobierno. No incrementaron precios, sólo respondieron a una señal de precio y respetaron la regulación. El que se equivocó en la regulación fue el Gobierno, aunque la intención fuera buena.