Nuclenor, sociedad controlada por Endesa e Iberdrola, ya presentó una demanda contra el Gobierno de Zapatero por el cierre anticipado de la central nuclear. Entonces pidió una indemnización de hasta 950 millones en concepto de lucro cesante. Ese recurso se desestimó. Pero si el próximo Ejecutivo da el visto bueno a la reactivación hasta 2031, la compañía se rearmará con nuevos argumentos jurídicos para resucitar la batalla legal cuando sea necesario. Hasta tres fuentes ligadas a la renovación de licencia de Garoña creen que el eventual litigio es una clave crucial de todo el proceso y de los intereses de Nuclenor.

El futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, es cada vez más incierto. Vive una extraña situación de impasse, y parece que la propia compañía propietaria, Nuclenor, es la más interesada en seguir así por algún tiempo más. Nuclenor –participada a partes iguales por Endesa e Iberdrola- solicitó el año pasado la reapertura de la planta hasta 2031, cuando la compañía cumplirá 60 años. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el supervisor del sector, lleva meses realizando inspecciones para determinar los requisitos para la reactivación de la central, y ahora exige a la compañía realizar reformas previas para poder hacer sus evaluaciones.

Esas reformas obligarían a Nuclenor a realizar inversiones millonarias (podrían ascender a 100 millones de euros, según fuentes del sector) y las debería ejecutar sin saber si contará con el visto bueno del CSN. Y, en caso de lograr una evaluación favorable del organismo, las inversiones también habría que haberlas realizado sin saber si el Gobierno (no éste, sino el siguiente) le concedería la autorización para volver a funcionar. Esto es, Iberdrola y Endesa deben dar el visto bueno a inversiones millonarias con la incertidumbre de si valdrán finalmente para algo.

El sí del Gobierno, que cuando se inició el proceso de renovación de Garoña se podía dar por hecho, daría argumentos jurídicos suficientes a Nuclenor para pedir una indemnización por lucro cesante si fuera necesario

Por eso, los accionistas de Nuclenor siguen aplazando su decisión sobre esas inversiones, con lo que está frenando que el CSN pueda continuar con sus inspecciones. Y cada vez es más probable que la propietaria de la planta espere a que se celebren las próximas elecciones generales para mover ficha, a la espera de saber quién ocupará el próximo Gobierno. Y es que tan sólo el Partido Popular se muestra abiertamente a favor de reabrir Garoña, y casi cualquier otro escenario que no sea un gobierno del PP (a lo sumo uno de los populares con el apoyo de Ciudadanos) parece que hace imposible la reactivación de la planta, dado que prácticamente todos los partidos de la actual oposición y también Podemos se han comprometido a impedir la reapertura.

El aval del CSN a la reactivación de Garoña hasta 2031 supondría ya abrir la puerta a que el resto de centrales nucleares españolas soliciten posteriormente la renovación de sus licencias de explotación hasta cumplir 60 años de vida útil (hasta ahora la vida de diseño de las instalaciones es de 40 años). Y una eventual autorización posterior por parte del Gobierno no sólo supondría de facto cambiar el marco del sector nuclear español, sino que también, para el caso concreto de Garoña, supondría un paso cualitativo importante para los intereses de las compañías propietarias.

Y es que el visto bueno del Ejecutivo (sea quien sea el que esté al frente) rearmaría a Endesa e Iberdrola para afrontar, en caso de ser necesario, una batalla legal que ya abrió hace unos años. Hasta tres fuentes diferentes vinculadas desde diferentes ámbitos a la renovación de licencia de Garoña explican a SABEMOS que una de las claves fundamentales de todo este proceso es la oportunidad que el OK del Gobierno le otorgaría a Nuclenor para reclamar una indemnización por lucro cesante si se produjera el cierre anticipado antes de cumplir los 60 años. La compañía ya lo intentó, sin resultados, en 2009, pero ahora contaría con nuevos argumentos jurídicos.

La batalla que perdió en la Audiencia

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió en 2009 ampliar la vida útil de la central nuclear Garoña por cuatro años. Sólo por cuatro años, hasta 2013. Y lo hizo en una decisión con la que pretendía ser salomónico. Por una parte, el Ejecutivo socialista no caía en un maximalismo antinuclear e incumplía su compromiso de ir clausurando las centrales nucleares españolas según iban cumpliendo 40 años desde su entrada en funcionamiento. De haberlo hecho, debería haber ordenado el cierre de Garoña en 2011, que es cuando alcanzaba esos 40 años. Y, por otra, no atendía a las pretensiones de Nuclenor, que solicitaba una ampliación de la licencia de explotación por diez años, hasta 2019. Salomónico, o simplemente ni para ti ni para mí.

El Consejo de Seguridad Nuclear había avalado la prolongación de la vida de Garoña hasta 2019. Imponía requisitos especiales para garantizar la seguridad, que es su función primordial, pero el organismo informó favorablemente sobre la ampliación de las operaciones de la planta por otros diez años. La decisión de la duración de las renovaciones de las licencias de explotación de centrales nucleares es, en todo caso, potestad del Gobierno. Y el de ZP la ejerció y decidió que la prórroga fuera por sólo cuatro años, no más.

La compañía reclamó al Gobierno en 2009 una compensación de hasta 951 millones de euros por un cierre que el grupo consideraba anticipado. Las razones que llevaron a la AN a rechazar el recurso se acabarían con la autorización del Gobierno para ampliar la vida útil hasta los 60 años de la central

Nuclenor emprendió entonces una batalla legal para que se anulara la decisión de Industria de ampliar (pero poco) la vida de la central sólo hasta 2013 y que se le permitiera operar los diez años adicionales que avalaba el CSN en su informe. O, en su defecto, si no se anulaba, reclamaba una indemnización de al menos 951,4 millones de euros en concepto de lucro cesante por no poder operar hasta 2029 (el informe del CSN avalaba seguir funcionando otros diez años, hasta 2019, prorrogables por otros diez). Según los cálculos de Nuclenor, el lucro cesante sólo por no poder operar hasta 2019 sería en concreto de 385,6 millones de euros.

La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional desestimó en 2011 la demanda, y avaló la potestad del Gobierno de determinar la duración de las renovaciones de las licencias de las plantas nucleares, aunque el CSN respaldara plazos superiores [ver aquí la sentencia]. ¿Pero y si ahora el Gobierno sí que concediera la autorización por los años solicitados y otro Ejecutivo posterior, de otro color, decretara un cierre anticipado? Fuentes oficiales de Nuclenor consultadas por SABEMOS explican que el único interés de la compañía es la reactivación de la planta y el negocio de generación eléctrica, y niegan que se busquen argumentos para un eventual nuevo litigio. “Ése no es nuestro objetivo. Queremos que Garoña continúe si salen las cuentas para ser rentables. Nada más”, sostienen.

En la actualidad, Nuclenor ha solicitado de nuevo la ampliación de la autorización de actividad para Garoña, con el objetivo de mantenerla abierta hasta 2031. Y si finalmente obtuviera el visto bueno del CSN y la autorización del Gobierno para que siga operativa durante esos 17 años adicionales, fuentes del sector nuclear apuntan que Nuclenor se armaría de nuevos argumentos jurídicos de cara a reactivar la batalla legal en caso de ser necesario. “Si un Gobierno, sea el que sea, da el sí a prorrogar la vida de Garoña hasta los 60 años, Nuclenor ahora sí tendrá donde agarrarse para reclamar una indemnización por lucro cesante cuando otro Gobierno futuro decida anticipar el cierre”, indica un ejecutivo del sector nuclear. “No sé si la Audiencia Nacional le daría ahora sí la razón, pero Nuclenor tendría más armas jurídicas para solicitar una indemnización”.