Nuclenor, participada por las dos eléctricas, aplaza su decisión sobre si acometerá las inversiones que el CSN le exige como paso previo para continuar con el proceso de reactivación de la central nuclear. Sin inversiones, no hay informe del CSN. Y sin informe, no hay reapertura posible. Nuclenor reconoce que cuanto más se alargan los plazos, más complicado es que la compañía decida continuar con la solicitud de renovación de la licencia. Podría esperar hasta conocer quién está en el Gobierno tras las elecciones generales.

El futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, es cada vez más incierto. Nuclenor, propietaria de la planta, presentó en mayo del año pasado ante el Ministerio de Industria su solicitud para reabrir la central y ampliar su vida útil hasta 2031, cuando cumplirá los 60 años desde su construcción. Pero la compañía sigue sin dar los pasos necesarios para continuar con el proceso de reactivación. Garoña se mantiene inactiva desde diciembre de 2012.

“Cuanto más tiempo pasa es más complicado que se opte por la reapertura. Dos años y medio es mucho tiempo”, dicen desde Nuclenor

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) exige inversiones millonarias previas a dar el visto bueno a la reapertura y los dueños de la planta (Iberdrola y Endesa, que controlan a partes iguales Nuclenor) siguen sin adoptar una decisión sobre si realizarán las reformas que le reclama el regulador y si continuarán así con el proceso de renovación de licencia.

“No se ha decidido nada. Aún no hay decisión sobre si se acometerán esas inversiones y sobre si se seguirá adelante con el proceso de reapertura”, explican a SABEMOS fuentes de Nuclenor. El consejo de administración de la sociedad se reunió el pasado 1 de junio y en esa cita se esperaba que los accionistas adoptaran una decisión sobre si plegarse a las exigencias del CSN. No la hubo. Y no hay fecha programada para el siguiente consejo de administración ordinario, ni tampoco está previsto convocar una reunión extraordinaria.

Con la vista en las elecciones

Nuclenor sostiene que no se adoptará ninguna decisión hasta que el CSN le aclare algunas dudas en torno a las reformas de renovación exigidas, aunque reconoce que existen otros factores que influyen en la decisión. “No se va a adoptar una decisión a la espera de que el CSN resuelva nuestras dudas. Pero las inversiones se harán teniendo en cuenta cuestiones técnicas, económicas y también políticas. Hay una incertidumbre política que también hay que valorar”.

Y es que, en caso de obtener el visto bueno del CSN para la renovación de la licencia de explotación, la autorización definitiva recae en el Gobierno. Y no será el actual Gobierno el que se pronuncie, sino que tendrá que ser el siguiente, el que salga de las próximas elecciones generales. De ahí la incertidumbre a la que alude la sociedad controlada por Endesa e Iberdrola. El Partido Popular ha mostrado de manera explícita e insistente su disposición a autorizar la prolongación de la vida útil de Garoña, pero toda la oposición (salvo UPyD y CiU) y algunos nuevos partidos (Podemos) han mostrado su rechazo frontal a la reapertura.

Cada vez parece más probable que las eléctricas no decidan si continuán con el proceso hasta saber quién controla el próximo Gobierno

Fuentes del mercado, implicadas en el proceso de reapertura, dan por hecho que Nuclenor no tomará una decisión definitiva hasta saber quién controla el Ejecutivo tras las próximas elecciones. Como la central está legalmente en una situación de cese de explotación, no hay un plazo máximo para resolver el expediente. Ni para Nuclenor ni para el CSN.

Los técnicos del regulador pretendían tener su informe a finales de 2015 o principios de 2016, pero no hay ninguna obligación legal que fuerce a la compañía a pronunciarse ya sobre si realizará las inversiones y continuará con la solicitud de renovación de licencia. Y cada vez es más probable que espere a conocer el resultado de las elecciones.

Primero, las inversiones

La Dirección Técnica de Seguridad Nuclear del CSN remitió el pasado abril una carta a Nuclenor en la que le exigía realizar multitud de mejoras de seguridad como condición previa a que el supervisor elabore el informe obligatorio sobre la posible reapertura de la planta, según confirman a SABEMOS fuentes conocedoras del expediente. Los técnicos del Consejo obligan así a los dueños de Garoña a realizar inversiones millonarias para poder evaluar sus resultados como parte de la inspección que desarrollan para avalar la seguridad de la central en caso de que vuelva a funcionar y prolongue su vida útil hasta 2031.

Nuclenor sigue aplazando la decisión sobre si realizará las inversiones que le exige el CSN para continuar con las inspecciones que permitan la reapertura de la central

Nuclenor ya reconoció hace tiempo que la reapertura exigiría probablemente inversiones en reformas y mejoras que podrían situarse en el entorno de los 100 millones de euros. Fuentes de la compañía participada por Endesa e Iberdrola subrayan que parte de esas mejoras y de las inversiones necesarias ya se han realizado –sin precisar en qué proporción– en los últimos meses, pero admiten que aún quedarían trabajos por hacer para continuar con la renovación.

Los técnicos del CSN aclararon a Nuclenor que parte de esas mejoras, gran parte, se han de realizar con anterioridad a la realización de su informe de evaluación. Sin esas inversiones por parte de Nuclenor, no hay informe de los técnicos del CSN; sin ese estudio de los técnicos, el consejo del CSN no puede dar el visto bueno a la renovación de la licencia de explotación de la central; y si el CSN no emite un dictamen favorable, el Gobierno –a través del Ministerio de Industria- no puede aprobar la autorización de reapertura y de prolongación de la vida útil.

Nuclenor se encuentra pues en un escenario complicado: debería ejecutar esas costosas inversiones (la empresa elude precisar su cuantía) sin saber si recibirá el visto bueno del CSN y, sobre todo, sin saber si posteriormente el Gobierno decidirá aprobar la ampliación de la explotación de Garoña. Debe ejecutar esas costosas inversiones sin saber si valdrá para algo, en definitiva. Y es este escenario el que está haciendo que la compañía dude sobre si continuar con el proceso de renovación.

Cuánto más tiempo, más lejos seguir con la reapertura

“Nuclenor no ha tirado la toalla. Pero la situación requiere un análisis técnico y económico, y con matices políticos. Por eso se ha aplazado cualquier decisión”, explica un portavoz de la compañía. “Cuanto más tiempo pasa es peor. Cuánto más tiempo pasa es más complicado que se opte por la reapertura. Dos años y medio es mucho tiempo”, admite, aunque “en otros países algunas centrales han estado sin funcionar durante más tiempo y luego han reabierto”.

Nuclenor cerró en diciembre de 2012 de manera unilateral, y sin permiso, la planta como medida de presión al Gobierno en el tira y afloja sobre los términos de la reforma eléctrica y para evitar el pago de los nuevos impuestos nucleares que entraban en vigor el 1 de enero de 2013. Desde entonces, el Gobierno del PP ha acometido varias reformas legislativas a medida para hacer posible la reapertura, e incluso para hacer posible siquiera que Nuclenor pudiera presentar la solicitud de renovación. Pero el nuevo escenario político (léase el desplome electoral del PP) hace que Nuclenor se lo esté pensando mejor.