La Caixa, BBVA, Santander, Bankia, Sabadell o Credit Agricole, entre otros, firmaron el 4 de diciembre de 2014 créditos por un importe total de 995 millones de euros. Todos y cada uno de ellos estaban destinados a devolver al Estado el dinero del Plan de Pago a Proveedores. Madrid dejaba desde ese momento de estar sometida al férreo control al que Hacienda somete a las administraciones intervenidas.

El 4 de diciembre de 2014, a falta de meses de la celebración de las elecciones municipales, la gran banca concedía al Ayuntamiento de Madrid alrededor de 995 millones de euros en diferentes créditos con plazos de amortización que se extienden hasta 2023. La confianza, a pesar de tratarse del ayuntamiento más endeudado de España en términos absolutos, parecía plena. La Caixa formalizaba dos préstamos con el Consistorio que aún dirigía Ana Botella por 257 millones por un lado y 50 millones por otro; el BBVA ponía 200 millones; Bankia y el Santander aportaban préstamos de 100 millones de euros cada uno; el Sabadell firmaba dos préstamos por 98 y 52 millones; Credit Agricole, 75 millones; y Bankinter, algo más de 57 millones, según la documentación del Ayuntamiento consultada por SABEMOS. Además de ser firmados en la misma fecha, todos y cada uno de esos préstamos tenían idéntico destino: devolverle al Estado central el dinero recibido para afrontar las facturas de proveedores que Alberto Ruiz Gallardón se había ido dejando olvidadas en los cajones durante sus años en la alcaldía (cerca de 1.400 millones de euros). 

Pedir dinero al Estado había tenido duras consecuencias para Madrid al igual que para otras administraciones locales y autonómicas. En concreto, el Consistorio de la capital llevaba sometido a un férreo control de las cuentas municipales por parte del Ministerio de Hacienda desde 2012 cuando, tras pedir por primera vez acogerse al Fondo de Pago a Proveedores, tuvo que presentar un detallado Plan de Estabilidad Financiera en el que se desgranaban los impuestos con los que se iba a cargar a los madrileños, los gastos a recortar, el capital que se iba a devolver cada año y los intereses que se iban a pagar, así como el compromiso de destinar el superávit que obtuviese el Consistorio a pagar deuda de forma anticipada. Un rescate en toda regla. Con dinero para pagar deudas, con condiciones, con control de las cuentas… Como Grecia, Irlanda o Portugal pero a tamaño nacional.

Después de cumplir con el plazo máximo de pago a proveedores y lograr superávit en las cuentas anuales, Madrid necesitaba alrededor de 995 millones de euros para devolverle al Estado lo que le había prestado y salir del estrecho corsé del plan de ajuste. La gran banca aceptó  de nuevo financiar al Consistorio más endeudado de España. 

El plan de ajuste de Madrid, que se ha estado revisando anualmente, ha supuesto destinar durante los últimos años el 25% de los presupuestos de la capital a devolver deuda y pagar intereses. A base de ajustes, el Gobierno de Botella en Madrid logró pagar a los proveedores en el plazo establecido por la ley (un máximo de 30 días) y obtener superávit en sus cuentas anuales (que ha ido destinando a reducir deuda de forma anticipada tal y como marca la ley). Le faltaba lograr financiación y devolverle lo suyo al Estado para librarse de la intervención y por tanto del férreo control y la banca se alió de nuevo en este objetivo con el Ayuntamiento de Madrid. 

El precio debía ser mejor del que le estaba proporcionando el Estado e incluso en esto el sector financiero aceptó. El crédito de 50 millones de La Caixa, por ejemplo, tiene un tipo de interés fijo del 1,8% y un plazo de amortización hasta diciembre de 2023. El Santander le ha prestado a Madrid al 1,9%; Credit Agricole al 2%, el Sabadell al 1,7%. Hoy el argumento del mejor precio no podría utilizarse puesto que el Ministerio de Hacienda está financiando este año a otras administraciones españolas al 0% de interés. Lo que sí consiguió Botella fue afrontar la recta final de su mandato con mucho menos control sobre sus cuentas y esa situación la hereda el nuevo equipo de gobierno de Madrid, con Manuela Carmena en cabeza. 

No es que no haya controles, ni mucho menos. Desde abril de 2012, cuando aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera, el Gobierno de Mariano Rajoy ha ido modificando la normativa para incrementar los compromisos de autonomías y ayuntamientos al mismo tiempo que aumentaba las posibilidades del Gobierno central de intervenirlos incluso cuando éstos se negasen a acudir a los fondos extraordinarios de liquidez. Pero ni los plazos para presentar información al Estado son ahora los mismos para Madrid, una vez se ha salido del mecanismo, ni se podrá por tanto actuar de forma inmediata, lo que da margen a la nueva alcaldesa, Manuela Carmena, para demostrar si su intención de seguir atendiendo la deuda pendiente es compatible con sus planes para la ciudad.

¿Qué podría y qué no hacer Montoro?

Si Madrid siguiese intervenida, es decir, con un plan de ajuste y reequilibrio de las cuentas sometido al control del Ministerio de Hacienda, tendría que presentar un informe del interventor sobre el citado plan de ajuste de forma trimestral. Ahora Montoro tendrá que esperar a que, si es el caso, Madrid incumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria de este año para que entre en acción el supuesto de la normativa que dice que, desde ese momento, “todas las operaciones de endeudamiento a largo plazo de la corporación local incumplidora precisarán autorización del Estado”. 

El otro momento en que Montoro puede tener algo que decir será en octubre pero ya con respecto a los presupuestos de 2016. 

Hay una tercera opción que permite a Hacienda controlar a las corporaciones locales, que se activa en el caso de que un ayuntamiento incumpla durante dos meses consecutivos el plazo máximo de pago a proveedores (30 días). En ese momento, el Estado pasa a poder “establecer medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos” que la corporación local deberá adoptar. Si persiste en el retraso del pago, el Estado puede empezar a retener recursos derivados de la participación en impuestos para atender el pago a los proveedores.