Este viernes comenzaron en Bakú, capital de Azerbaiyán, los primeros Juegos Europeos de la historia. Hasta el 28 de junio, un total de 6.200 deportistas de 50 países (entre ellos España, que aporta 214 atletas, 117 varones y 97 mujeres) participarán en los 19 deportes de que constará este evento, para cuya organización el régimen dictatorial de Ilham Aliev, conocido y nunca bien ponderado violador de los derechos humanos, ha destinado alrededor de 500 millones de euros sólo para construir su nuevo Estadio Nacional.

Azerbaiyán ha tenido el honor de organizar estos Juegos por la sencilla razón de que, en 2012, fue el único país que presentó su candidatura, después de sus dos consecutivos (y costosísimos) fracasos en su intento por organizar los Juegos Olímpicos de 2016 y 2020 (hay otro caso similar, que todos tenemos en la punta de la lengua). El formato de este acontecimiento se inspira en los Juegos Asiáticos, los Juegos Panamericanos o los Juegos de la Commonwealth. “Bakú ha echado el resto para lograr que los primeros Juegos Europeos sean un éxito de organización”, ha afirmado TVE, que cubrirá los Juegos, en su página web.

“El estado que sirve como una de las puertas de entrada de Asia a Europa lleva años trabajando para convertirse en un país atractivo en el Viejo Continente, con el deporte y el turismo como principales imanes. Azerbaiyán quiere abrirse al mundo y, apoyado en un crecimiento económico brutal, es una apuesta segura para el éxito organizativo de los primeros Juegos Europeos”, ha añadido el Ente de todos. ”Con apenas nueve millones de habitantes y sólo 24 años de vida, Azerbaiyán cuenta con el aval de la producción de 1,4 millones de barriles de petróleo al día. Sus reservas de hidrocarburos y sus grandes bolsas de gas tienen gran parte de la culpa del gran poderío monetario de este pequeño país, toda una potencia económica en la región del Cáucaso”.

El Parlamento alemán ha denunciado la “sistemática violación de los derechos humanos” en Azerbaiyán

Con un análisis tan acrítico, poco sorprende que se haya pasado de alto un detalle tan poco importante como fue la reciente aprobación, por parte del Parlamento alemán, de una resolución propuesta por los partidos que apoyan al Gobierno (CDU/CSU y SPD) en la que se denunciaba la “sistemática violación de los derechos humanos” por parte del régimen de Ilham Aliev (quien preside dictatorialmente esta antigua república soviética desde que sucedió a su propio padre en 2003), sobre todo desde las elecciones presidenciales de 2013. En el texto aprobado se ha borrado expresamente toda referencia a los Juegos, a pesar de que en principio, la resolución estaba encabezada, precisamente, con la frase: “Aprovechando los Juegos Europeos en Azerbaiyán para sumarse a los derechos humanos…”. 

Tampoco ha trascendido (dentro del consabido espíritu de “no mezclar la política con el deporte”) la decisión del Gobierno azerí de prohibir la entrada de una misión de Amnistía Internacional (AI) hasta después de los Juegos Europeos. El objetivo de la organización era exponer a las autoridades del país un informe reciente en el que se ofrecían detalles sobre los hostigamientos, detenciones, encarcelamientos, ataques y torturas de que han sido objeto los periodistas, defensores de derechos humanos, miembros de la oposición y activistas en favor de la democracia a lo largo del último año, “en una sucesión de medidas represivas contra la disidencia que se han intensificado a medida que se acercaban los Juegos”.

En la actualidad, según AI, en Azerbaiyán hay al menos 20 presos de conciencia, recluidos “únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión”. Algunos de ellos están acusados formalmente de fraude y evasión de impuestos tras la introducción en 2013 de nuevas leyes restrictivas sobre financiación y registro de las ONG, mientras que otros, según la organización, “se enfrentan a cargos falsos, desde posesión de drogas y vandalismo hasta traición”.

“Nadie debería dejarse embaucar por los brillos y oropeles del espectáculo internacional que está organizando Azerbaiyán para proyectar una imagen internacional inmaculada y atraer inversión extranjera. Sus autoridades están entre las más represivas de Europa y sin duda estarían en el podio de los ganadores si se concedieran medallas por el número de activistas y defensores de los derechos humanos encarcelados”, declaró el director del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central, John Dalhuisen.

En junio de 2014, el presidente Aliev aseguró en un discurso ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que en su país estaban garantizadas la libertades de expresión, de asociación y de reunión. Por esas mismas fechas, según Amnistía, varios destacados defensores de los derechos humanos denunciaron ante la misma Asamblea Parlamentaria más de 90 casos de hostigamiento, intimidación, detención arbitraria y cargos por motivación política contra activistas, disidentes y periodistas. “La reacción de las autoridades no se hizo esperar: en cuestión de semanas, todos los que habían prestado declaración ante la Asamblea Parlamentaria fueron detenidos, uno tras otro”, denunció AI.

 

Ilham Aliev, presidente de Azerbaiyán

Tanto AI como Reporteros sin Fronteras (RSF) han denunciado la falta de medios de comunicación independientes y el uso, por parte de las autoridades, de los medios estatales para “desprestigiar a los críticos” con el Gobierno. Según Reporteros Sin Fronteras, “al menos ocho periodistas y nueve activistas en Internet están encarcelados en la actualizad en Azerbaiyán por causas relacionadas con el ejercicio de sus actividades informativas” y “muchos otros periodistas han optado por el exilio para evitar el acoso e inminente detención de las autoridades”.

De las medidas contra la libertad de prensa no se libran ni siquiera los medios extranjeros. “Azerbaiyán tiene un amplio historial de negación de entrada a algunos periodistas. Muchos están en una lista negra que maneja el ministerio de Exteriores y entre los que se encuentran periodistas internacionales, científicos y políticos. Antes de la celebración de los Juegos Europeos, el ministerio de Exteriores amenazó a varios periodistas con retirarles la acreditación si descubría que trabajaban ‘contra la integridad territorial, la independencia y la soberanía de la República de Azerbaiyán’, o difundían ‘información falsa’”, ha asegurado RSF.

Amnistía, RSF y HRW han denunciado la represión de activistas, opositores y periodistas por parte del régimen de Aliev

Otra prestigiosa organización internacional de derechos humanos, Human Rights Watch (HRW), ha advertido de que los Juegos se van a celebrar en una “atmósfera de represión gubernamental sin precedentes en la era post-soviética”.

Los pasados 5 y 9 de junio, HRW reclamó a los responsables del Comité Olímpico Europeo (COE) que aprovechasen la celebración de los Juegos para abogar en favor de los presos políticos, de los activistas y de los periodistas encarcelados ante las autoridades del país, pero de momento la organización “no ha recibido ninguna respuesta con sustancia”.

En lugar de ello, los dirigentes del Comité se han limitado a advertir, en sus distintas intervenciones ante los medios, de que el COE “no puede aceptar compromisos políticos” ni “dictar a un Estado soberano lo que debe hacer”. “El Comité Olímpico Europeo aún está a tiempo de impedir que los Juegos se vean empañados por los abusos del Gobierno, pero el tiempo corre”, ha declarado la subdirectora para Europa y Asia Central de HRW, Rachel Denber.

Los derechos humanos como requisito indispensable para acoger eventos deportivos internacionales

El pasado 2 de junio, la eurodiputada socialista española Elena Valenciano trasladó una pregunta al Parlamento Europeo en la que, tras denunciar el encarcelamiento de “la mayoría de los defensores de los derechos humanos más destacados, periodistas y otras voces independientes” de Azerbaiyán y advertir de que “el Gobierno azerbaiyano tiene el firme propósito de utilizar los Juegos para mejorar la reputación del país a escala internacional”, instó al Consejo Europeo y a la Alta Representante, Federica Mogherini, a pronunciarse sobre “las relaciones entre el deporte y los derechos humanos” y a aprovechar los Juegos para “defender de manera colectiva los derechos humanos y promover los valores universales”. Asimismo, Valenciano pidió al Consejo y la Alta Representante que insten “al Comité Olímpico Internacional, a los Comités Olímpicos Europeos y a otras grandes federaciones deportivas a que incluyan el respeto de los derechos humanos en la lista de requisitos indispensables para acoger eventos deportivos internacionales”.

En todo caso, muchos activistas por los derechos humanos del país han expresado su esperanza de que estos Juegos ayuden al menos a concienciar al mundo sobre los abusos del régimen. “Nuestra sociedad civil está destruida. Sin la ayuda de los países europeos, no podemos seguir soportando la represión del gobierno”, declaró a la agencia France Presse el activista Elchan Gassanov.

 

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