El partido de Albert Rivera excluye de sus exigencias la renuncia inmediata de Chaves y Griñán y la limitación de los mandatos ejecutivos a dos legislaturas. Tampoco reclama una auditoría de los últimos años de Gobierno ni la despolitización de la Cámara de Cuentas, como sí pide a Cristina Cifuentes en Madrid.

Y Ciudadanos cedió. Susana Díaz había amenazado con romper las negociaciones y convocar nuevos comicios si esta semana no había acuerdo para su investidura y el partido de Albert Rivera ha decidido dar la imagen de partido institucional antes que de inflexible que dificulta la gobernabilidad del país. Así, respaldará a Díaz después de que esta firmara ayer un documento triple en el que se compromete a desarrollar 70 medidas económicas, sociales y de regeneración solicitadas por el partido naranja donde hay ausencias muy notorias.

El escrito no menciona a Chaves ni a Griñán -pese a que Rivera había insistido en que sin el compromiso por escrito de que renunciarían a sus escaños no había acuerdo posible-, obvia la limitación de mandatos -salvo para el presidente y sin especificar la duración- y tampoco se incluyen dos de las medidas más severas que se le exigen a Cristina Cifuentes en Madrid para darle su apoyo: auditar los últimos años de Gobierno autonómico y despolitizar órganos como la Cámara de Cuentas o el Consejo Consultivo.

Respecto al primer asunto, ayer mismo el presidente del partido tuvo que empezar a justificarse recordando que esta vez Díaz asume el pacto anticorrupción “sin excepción”, lo cual obligará a pedir la renuncia de los expresidentes de la Junta si el Tribunal Supremo ratifica su imputación. Sin embargo, esto es algo a lo que la propia mandataria socialista ya se había comprometido públicamente y lo que Rivera había dicho tras los comicios es que no iba ni a coger “el teléfono” si Díaz “no echa a José Antonio Griñán y Manuel Chaves, sus padrinos políticos y expresidentes de la Junta, que están imputados por corrupción política”.

La limitación de mandatos es otra de las reivindicaciones señeras de Ciudadanos y prácticamente ha desaparecido en Andalucía. Tan sólo hay una breve referencia a ello en la medida 13 de las 35 de regeneración que componen el texto y no afecta a la totalidad de los cargos ejecutivos sino sólo a los “presidentes de las CCAA”. Tampoco se especifica la duración -aspecto clave, pues si es de dos mandatos, como siempre ha defendido Rivera, impediría a Susana Díaz volver a presentarse- ni se dice nada de los cargos legislativos, que hasta ahora tenía en 12 años el tope máximo de desempeño en los postulados del partido naranja.

Ni auditoría ni despolitización de órganos

Por último, dos duras condiciones que le ponen a Cristina Cifuentes para respaldar su investidura en Madrid no aparecen por ningún lado en Andalucía: la auditoría de los últimos ocho años de Gobierno regional y la despolitización de los órganos autonómicos. Ciudadanos quiere revisar al detalle la labor de Esperanza Aguirre e Ignacio González pero no así la de José Antonio Griñán y Susana Díaz, pese a que los escándalos de corrupción y las sombras que se ciernen sobre adjudicaciones y subvenciones otorgadas por estos últimos no desmerecen a las que pueda haber en Madrid. Algunas de ellas tan recientes como las de Aznalcóllar o los cursos de formación.

En cuanto a los órganos regionales, muy criticados fueron los últimos nombramientos acordados por PP y PSOE para la Cámara de Cuentas andaluza, justo antes de las elecciones. Tan polémico fue el asunto que UPyD lo llevó a los tribunales y el candidato de IU a la Junta, Antonio Maíllo, se lo reprochó en varias ocasiones a sus homólogos socialista y popular en el debate electoral televisado. Para evitar este tipo de situaciones Ciudadanos pide en Madrid despolitizar el organismo pero no ha incluido tal exigencia en el documento firmado con Díaz. Tampoco se recoge nada sobre cambiar el modus operandi del Consejo Consultivo o de Canal Sur.

Demasiadas ausencias, en definitiva, que deslucen lo que Rivera trata de presentar como el primer gran logro de su partido en las instituciones, pese a que sí ha logrado que el PSOE vaya a reformar la ley electoral, crear una oficina antifraude o establecer la incompatibilidad entre la función de parlamentario y cualquier otra actividad profesional. Además, se incluye la rebaja del tramo autonómico del IRPF o la contratación de más profesores y sanitarios, entre otras medidas que los socialistas ya habían comprometido, como la eliminación de los aforados o una mayor apuesta por la innovación y el desarrollo.