Mientras se negocian a cara de perro los pactos de gobierno tras el 24M, gran parte de los partidos de la oposición que se disputan los gobiernos regionales y municipales se unen ahora para sumarse a la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el secretario de Estado de Energía por el recorte a las renovables.

La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético presentarán hoy la denuncia por prevaricación contra el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ante la Fiscalía Anticorrupción por el diseño “arbitrario” y “caprichoso” del nuevo modelo retributivo de las energías renovables y el recorte de las ayudas en más de 2.700 millones de euros [ver aquí el texto completo de la denuncia].

De momento, la denuncia la han firmado a título personal más de 2.500 personas, más de 110.000 personas han mostrado su apoyo a través de la plataforma online de activismo Avaaz, y una treintena de organizaciones y partidos políticos también se sumarán a ella. La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (PX1NME) han conseguido que se sumen gran parte de los partidos de oposición en un momento en que, tras las elecciones del 24M, se mantienen duras negociaciones para conformar gobiernos regionales y ayuntamientos (incluso algunas formaciones que se disputan esos ejecutivos entre sí).

Y es que entre los partidos que firmarán la denuncia se encontrarán PSOE, Podemos y Ciudadanos, tres formaciones que son las que tienen un papel protagonista en esas negociaciones postelectorales. Asimismo, se sumarán a la denuncia por prevaricación Izquierda Unida, ICV, Compromís, UPyD, Equo y Chunta Aragonesista. La Fundación Renovables y la PX1NME presentarán el texto ante la Fiscalía Anticorrupción mañana al mediodía.

Ambas asociaciones consideran que el hachazo a las retribuciones a las renovables y la cogeneración, aprobado por el Gobierno en junio del año pasado, se hizo con “arbitrariedad” y sin “respaldo técnico” que sirva para justificarlo. El recorte se articuló a través de una orden ministerial del Ministerio de Industria con la que se pretendía homogeneizar el cálculo de las rentabilidades de todas las tecnologías renovables y todas las instalaciones afectadas, dado que el nuevo modelo sustituía el sistema de primas por generación vigente hasta entonces por uno nuevo que simplemente garantizaba una “rentabilidad suficiente” a cada proyecto.

Sin metodología técnica

Por este motivo, la metodología de cálculo en la que se basa el recorte es, según los denunciantes, crucial para garantizar que se ha tratado a todos los afectados por igual y que no ha existido trato de favor a unas instalaciones frente a otras. El Ministerio de Industria encargó informes técnicos a dos consultoras internacionales, Roland Berger y Boston Consulting, para que elaboraran la metodología para calcular los nuevos párametros de retribución a las energías renovables. La contratación, realizada a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), contó con un presupuesto de 595.000 euros y se adjudicó por un procedimiento negociado (a dedo) por la urgencia que el Gobierno decía tener para contar con esa metodología.

Según se recoge en la denuncia, Roland Berger llegó a realizar hasta tres informes distintos con cálculos para realizar el recorte, presuntamente por presiones del Gobierno para que esos cálculos se ajustaran a sus necesidades para cuadrar las cuentas del sistema eléctrico. En cualquier caso, el informe definitivo no se entregó hasta cuatro meses después de estar ya aprobada la orden ministerial que servía para ejecutar el recorte (ese último informe de Roland Berger está fechado el 31 de octubre de 2014, y la orden ministerial fue publicada en el BOE el 20 de junio). Y su contenido no se ha conocido hasta que el Tribunal Supremo lo ha solicitado por las múltiples causas legales abiertas contra el recorte. En paralelo, la otra consultora, Boston Consulting, ni siquiera llegó formalmente a entregar ningún informe y su contrato fue rescindido.

“Pleno conocimiento de la arbitrariedad”

“El Gobierno no tenía obligación de pedir esos informes a las consultoras, lo que sí es obligatorio es tener una metodología técnica que sirva para justificar el recorte y demostrar que no es caprichoso”, explica Jorge Morales de Labra, vicepresidente de Fundación Renovables a SABEMOS. “La contratación de las consultoras servía para dar apariencia de legalidad al proceso, porque sus informes servían para establecer la metodología y para justificar cuál sería el recorte. Hay que determinar cómo se hizo el recorte, con qué metodología, y hoy no se conoce. Si no hay criterios homogéneos, hay base para investigar si el hachazo fue injusto y a sabiendas de que lo era”, sentencia. Por este motivo, la denuncia es por prevaricación y se dirige personalmente contra el secretario de Estado de Energía y presidente del IDAE, Alberto Nadal, al entender que fue el quien dirigió el proceso, quien tuvo “dominio del acto”.

Según el texto de la denuncia, “la Administración diseñó un mecanismo objetivo de valoración de estándares retributivos, mediante licitación con dos consultoras, las cuales emitieron sendos informes que no gustaron (…) hasta el punto de rechazar uno de ellos de plano e instar la modificación de los datos realizados por la otra consultra. De ser com los indicios evidencia, estaríamos entrando de lleno en la figura jurídica de la prevaricación administrativa (…) La orden ministerial fue dictada con grosero y pleno conocimiento de su arbitrariedad”.

Fundación Renovables y PX1NME entregarán la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción hoy para que abra una investigación sobre los hechos. Si el fiscal considerara que no hay motivos suficientes, ambas asociaciones pretenden convertir al denuncia en querella criminal y presentarla directamente ante el juzgado.