Remunicipalizar servicios no es patrimonio de ningún movimiento radical. En los últimos 15 años lo han hecho 235 ciudades de 37 países diferentes, con Francia y EEUU en cabeza de la tendencia. Berlín tardó muchos años en lograr sacar de su servicio de agua al capital privado. La Ley de Transparencia de la ciudad Estado, que obligó a hacer públicos los contratos, y un referéndum (allí defendido por su Constitución) a iniciativa ciudadana fueron las claves.

Madrid está privatizado. Quién lo desprivatizará. El Gobierno del Partido Popular, con Ana Botella al frente, ha cerrado contratos de larga duración para la limpieza viaria, el cuidado de parques y jardines, la reparación de aceras… Dice Manuela Carmena, candidata a la alcaldía de la capital por Ahora Madrid y probable alcaldesa a partir del próximo día 13, que ella se ha fijado en cómo lo han hecho otras ciudades y que Madrid también puede demostrar que es posible remunicipalizar los servicios públicos, que #sísepuede. No ha mirado hacia Caracas ni hacia Quito. Manuela Carmena se mira en el espejo de Berlín y París.

¿Cómo se hizo en estas dos ciudades? En París fue relativamente sencillo. Gracias a que sus contratos eran por plazos relativamente cortos, cuando se hartó de las subidas exponenciales del precio del agua y la mala calidad, no tuvo más que decidir que dejaba de renovar con los proveedores privados (las francesas Veolia y Suez). No fue inmediato. La capital gala decidía a finales de 2008 remunicipalizar el servicio público del agua y el cambio tuvo efecto desde 2010, cuando la provisión pasó a depender de la empresa pública Eau de Paris, pero nada que ver con el proceso en Alemania.

El caso de Berlín se parece a los contratos de Madrid en la dificultad para rescindirlos y en la enorme opacidad que los rodea. 

El caso de Berlín reviste especial interés porque la remunicipalización de su servicio de agua topó con características similares a las de algunos de los contratos de servicios públicos que tiene Madrid: contratos difíciles de rescindir (en el caso de Madrid por haberse acordado periodos de vigencia muy largos) y una gran opacidad en las condiciones pactadas entre políticos y empresas privadas. Precisamente en la lucha contra la opacidad estuvo la clave en la capital alemana, porque todo partió de una petición de información de un parlamentario y acabó rematado por una Ley de Transparencia aprobada por el Estado de Berlín en octubre de 1999 y que afectaba, en principio, a todos los documentos en poder de las autoridades.

La petición de información y la iniciativa ciudadana

Berlín privatizó su agua gracias a lo que ya ha dado en llamarse Gran Coalición en toda Europa. Un Gobierno de la ciudad-Estado formado por socialdemócratas (SPD) y cristianodemócratas (CDU) modificaba en 1994 la compañía pública de agua Berliner Wasserbetriebe para que se rigiese por las leyes de la empresa privada. En mayo de 1999, solo cinco meses antes de que se aprobase la citada Ley de Transparencia, la asamblea del Estado de Berlín creaba el marco legal para la privatización parcial de la Berliner. En el contrato con los inversores privados (el gigante energético alemán RWE y la francesa Veolia, antigua Vivendi Environnement), el Estado de Berlín, que seguía manteniendo el control de la compañía (con el 50,1% del capital), aceptaba una cláusula de confidencialidad total. 

El tiempo fue enfadando a una parte creciente de berlineses con el servicio de agua de su ciudad. El precio cada vez era más alto (tuvo una brusca subida a partir de 2004) y la plantilla dedicada al tratamiento del agua cada vez menor y con peores condiciones. En junio de 2007, un parlamentario de Berlín hacía la primera petición de información a la Berliner Wasserbetriebe, la compañía de agua. Quería tener acceso a todos los documentos relacionados con la privatización parcial de la empresa incluido el contenido íntegro del contrato. Los inversores privados de la Berliner, por supuesto, se negaron y el Gobierno del Berlín denegó el acceso a la información argumentando que se revelarían con ello secretos empresariales y se pondrían en riesgo políticas del Gobierno respecto a servicios fundamentales como el agua.

Un parlamentario pidió en 2007 acceso a toda la información sobre la privatización, incluido el contrato con los socios privados. El Gobierno de Berlín se negó pero fue obligado por el Constitucional. 

El parlamentario no se rindió. Al contrario, puso una queja ante la Corte Constitucional de Berlín entendiendo que negarle datos a un miembro del poder legislativo iba contra la constitución y efectivamente, en julio de 2014, la Corte resolvió que la ocultación de la información violaba el texto constitucional. Que el acuerdo de confidencialidad firmado con los inversores privados no podía incluir la ocultación de la información a miembros del parlamento.

Mientras esto ocurría en las instituciones, nacía en 2008 en las calles una iniciativa ciudadana conocida como la Mesa del Agua de Berlín. Su intención era promover un referéndum sobre la aprobación de una ley que exigiera la publicación de todos los contratos y acuerdos relacionados con la privatización parcial de la Berliner. La nueva ley, según la propuesta ciudadana, sería de aplicación a todos los acuerdos firmados previamente y, en caso de no hacerlo, se pretendía que pudieran ser anulados. 

El Estado de Berlín rechazó también la celebración del referéndum argumentando que el borrador de la ley era inconstitucional. Y tuvo que ser de nuevo el Constitucional quien le sacase de su error y le tirase además de las orejas recordándole a los mandatarios de Berlín que ningún acuerdo privado podía erosionar las obligaciones públicas de los gobernantes. La Mesa del Agua de Berlín siguió adelante con su intención de celebrar el referéndum, intención que vieron satisfecha en 2011 con 660.000 berlineses participando en la votación en favor de la publicación del contenido de los contratos y la vuelta del servicio a manos públicas. 

El cambio en la ley

Su tesón provocó una reacción en tres de las formaciones políticas en el Parlamento (Los Verdes, los socialdemócratas y los lefties) que presentaban sendas iniciativas para introducir enmiendas a la Ley de Transparencia y establecer por ley la obligación de revelar el contenido de los contratos relacionados con la provisión de servicios públicos. El único argumento considerado válido para negarse a la publicación de los contratos sería el riesgo de un claro daño económico a los inversores privados afectados pero, se añadía, debía ser el propio inversor quien hiciera público que se negaba a que se desvelase la información y explicar cómo era posible verse afectado por la transparencia en un mercado en monopolio como el que disfruta una empresa privada una vez logra un contrato público. 

Al conocerse los contratos la imagen de la sociedad hacia las compañías y los políticos que habían alcanzado el acuerdo no hizo sino empeorar. Las cláusulas ofrecían todo tipo de condiciones favorables para los socios privados de la compañía del agua y les garantizaban un volumen determinado de beneficios. La Comisión de Competencia alemana resolvió que el contrato con Veolia incumplía la normativa alemana y obligó a la Berliner a rebajar un 18% el precio del agua. 

La remunicipalización y su coste

La ciudad-Estado de Berlín, gobernada en 2013 de nuevo por una Gran Coalición de socialdemócratas y conservadores, cedió al fin a la presión y tomó la decisión de remunicipalizar el servicio. El primer movimiento lo hizo la alemana RWE en 2012, tras un acuerdo por el que salió del capital de la Berliner a cambio de 658 millones de euros. Mientras, Veolia luchaba con uñas y dientes por mantener el contrato. En septiembre de 2013, la francesa anunciaba que había llegado a un acuerdo para salir del capital. Su 25% volvió a ser propiedad de Berlín a cambio de 590 millones de euros más otros 54 millones derivados del pago de dividendos entre otras cosas. La Mesa del Agua vio excesiva la cantidad pagada y mostró su temor a que un esfuerzo de ese tenor podía lastrar durante años el servicio de la compañía de agua. En su opinión, RWE y Veolia ya habían ganado bastante durante los años en que estuvieron en el capital de la compañía.  

Los casos de París o Berlín no son una excepción. Según el estudio Our public water future: The global experience with remunicipalisation, del Transnational Institute, en los últimos 15 años se han producido 235 remunicipalizaciones en 37 países diferentes. La tendencia se acelera, como demuestra el dato de que los procesos realizados entre 2010 y 2015 son el doble que los que tuvieron lugar entre 2000 y 2010. Otro punto interesante de la investigación reside en que el mayor número de remuncipalizaciones se ha dado en Francia (94), cuna de dos de los mayores grupos privados de provisión de agua Suez y Veolia, y en EEUU (58).

Los contratos de Madrid

Si es nombrada finalmente alcaldesa, Manuela Carmena se va a encontrar con un buen número de servicios a la ciudad contratados con empresas privadas, básicamente las grandes constructoras, por un largo periodo de tiempo. El equipo de Ana Botella, la alcaldesa saliente, se ha encargado de dejar bien atados más de 3.500 millones de euros en pactos con estas compañías que incluyen desde la limpieza viaria a la recogida de los residuos urbanos, el cuidado de parques y jardines o los parquímetros. 

Como ocurrió en el caso de Berlín, la clave para remunicipalizar los servicios puede estar en conocer el detalle de los contratos y en la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que multaba este año a las grandes constructoras con 98 millones de euros por repartirse contratos públicos, incluidos unos cuantos de Madrid.

 

IMAGEN: FLICKR por Andreas Levers