Más de un millón de personas se han visto obligadas a escapar de sus hogares y alrededor de 17.000 han muerto desde que comenzó en 2009 la revuelta armada del grupo islamista radical Boko Haram en el noreste de Nigeria.

Éstas son las grandes cifras del conflicto, presentadas el pasado 3 de junio por la prestigiosa organización Amnistía Internacional (AI). Unas cifras que, desglosadas, nos presentan un panorama mucho más complejo del que se conoce a través de los medios convencionales, sin menguar con ello la repugnancia que inspiran las atrocidades cometidas por los terroristas de Boko Haram.

El informe de Amnistía ha sido elaborado mediante el análisis de más de 800 documentos oficiales, entre los que figuran más de 700 cartas y atestados del Ejército obtenidos sobre el terreno e informes diarios procedentes de las unidades militares del noreste de Nigeria, entre otros.

Asimismo, la organización ha tenido acceso a 90 grabaciones en vídeo en las que se muestra tanto a los miembros de las fuerzas de seguridad como a los milicianos progubernamentales de la Fuerza Civil de Acción Conjunta (Civilian JTF, un grupo paramilitar que tiene registrados al menos 1.700 combatientes de edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, sin contar a otros miles de miembros que se estima que no han sido registrados) cometiendo violaciones contra los derechos humanos.

AI ha entrevistado, además, a 412 personas (supervivientes, víctimas, familiares de víctimas, testigos presenciales, activistas por los derechos humanos, médicos, periodistas, abogados y “fuentes militares”) y ha enviado desde 2013 hasta 57 cartas a las autoridades federales y estatales en las que se informaba de los resultados de sus investigaciones y se reclamaban acciones concretas contras las violaciones de derechos humanos, trece de las cuales obtuvieron respuesta.

Vídeo que acompaña al informe de Amnistía Internacional (en inglés)

Pues bien, con todo este material, la organización ha constatado la muerte de más de 5.500 personas a manos de Boko Haram sólo entre 2014 y marzo de este mismo año y el secuestro de al menos 2.000 mujeres y niñas desde 2014.

En cuanto a las fuerzas de seguridad, el balance es muy revelador. Al menos 20.000 personas, en su mayoría hombres y niños, han sido detenidas por el Ejército desde 2009, de las cuales más de 7.000 han muerto desde marzo de 2011 por inanición, asifixia o torturas durante su cautiverio en los cuarteles militares.

Asimismo, más de 1.400 cadáveres fueron trasladados desde los cuarteles de Giwa a un morgue de la ciudad de Maiduguri (capital del estado de Borno) sólo en junio de 2013 y al menos 1.200 personas (hombres y niños) fueron ejecutadas extrajudicialmente por los militares en los estados de Borno, Yobe y Adamawa desde febrero de 2012.

Este balance confirma, en buena medida, las conclusiones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el jordano Zeid Raad al Hussein, quien el pasado 5 de junio aseguró en rueda de prensa que la población civil del noreste de Nigeria vive sometida a una situación de “terror absoluto” y exigió a las autoridades del país que investigasen los abusos supuestamente cometidos por las propias fuerzas de seguridad.

“Los civiles del  noreste de Nigeria conviven con los horrorosos actos de crueldad y violencia de Boko Haram”, entre los que figuran “asesinatos sin sentido, ejecuciones sumarias, la participación forzada en operaciones militares -incluido el uso de niños para detonar bombas-, los trabajos forzosos, los matrimonios a la fuerza y la violencia sexual -incluidas las violaciones”, explicó Al Hussein, que citó como ejemplos de estos abusos las amputaciones de manos de niños, el caso de un hombre que fue lapidado después de ser acusado de fornicación y las ejecuciones masivas de prisioneros.

Boko Haram ha sido acusado por la ONU de ejecuciones sumarias, uso forzado de civiles (incluso de niños) en ataques, matrimonios a la fuerza y violencia sexual

El alto comisionado recordó también una matanza perpetrada en la localidad de Kwajafa, en el estado de Borno, cuando los terroristas de Boko Haram obligaron a sus habitantes a reunirse para escuchar la oración y, una vez concentrados, abrieron fuego contra ellos. Un caso similar se produjo a finales de 2014 en la aldea de Mararaba Madagali, en el estado de Adamawa, cuando Boko Haram juntó a todos los habitantes masculinos de la localidad y asesinó a al menos mil varones y niños que se habían negado a unirse a su causa.

Al Hussein también denunció en la misma rueda de prensa ciertas “informaciones extremadamente preocupantes” sobre abusos cometidos por el Ejército durante sus operaciones contra Boko Haram.

“Mi predecesora, Navi Pillay, aseguró durante la visita que efectuó a Nigeria el año pasado que muchas de las personas con que se había encontrado le reconocieron abiertamente que las fuerzas de seguridad habían cometido violaciones contra los derechos humanos”, y que estos abusos habían servido de “caldo de cultivo para el reclutamiento de nuevos miembros por parte de Boko Haram”.

“Desde entonces, hemos recibido nuevas informaciones sobre detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones sumarias, así como sobre la falta de medidas para garantizar la protección de los civiles durante las operaciones contrainsurgentes”, denunció.

En su informe, Amnistía Internacional ha ido más lejos y ha dado los nombres de altos mandos militares que, a su juicio, deberían ser procesados por el Tribunal Penal Internacional (TPI). El Tribunal, con sede en La Haya, ha abierto una investigación preliminar sobre las acciones de Boko Haram, pero ha advertido de que, de momento, no hay pruebas suficientes para iniciar acciones contra el Ejército por las supuestas “atrocidades sistemáticas y orquestadas contra civiles”.

No es ésa la opinión de Amnistía Internacional. “Las repulsivas evidencias demuestran que miles de hombres jóvenes y niños han sido detenidos arbitrariamente y ejecutados deliberadamente o se les ha dejado morir durante su cautiverio en unas condiciones de vida de lo más horrorosas”, ha denunciado el secretario general de AI, Salil Shetty.

Estos datos “suministran suficientes motivos para la apertura de investigaciones sobre la posible responsabilidad criminal de los miembros del Ejército, algunos del máximo nivel”, ha advertido.

AI pide que se investigue la responsabilidad de la cúpula militar del país en las violaciones de derechos humanos

Entre los militares citados en el informe por su presunta implicación directa en crímenes de guerra, como ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas, figuran los generales John A.H. Ewansiha, Obida T. Ethnan, Ahmadu Mohammed, Austin O. Edokpayi y Rufus O. Bamigboye.

Asimismo, la organización reclama una investigación independiente e inmediata sobre la posible responsabilidad de otros altos mandos por los crímenes cometidos por sus subordinados. En esta lista figuran el general Azubuike Ihejirika, jefe del Ejército de Tierra entre septiembre de 2010 y enero de 2014; y el almirante Ola Sa’ad Ibrahim, jefe del Estado Mayor de la Defensa entre octubre 2012 y enero de 2014. Asimismo, el informe incluye al actual jefe del Estado Mayor, el mariscal del Aire Badeh, y al actual jefe del Ejército de Tierra, el general Ken Minimah.

El informe de AI recoge el testimonio de un oficial de alto rango que facilitó a la organización una lista de 683 detenidos que habían muerto desde octubre de 2012 en el cuartel de Giwa. A partir de sus visitas y de sus discusiones con los soldados destinados en el lugar, el militar ha estimado en “cerca de 5.000” el número de personas muertas desde comienzos de 2013. La mayoría de los muertos no han sido registrados oficialmente. “Cientos de cuerpos no identificados, las evidencias de fosas comunes y las horrendas historias sobre inanición y abusos procedentes de los cuarteles militares del país exigen, por lo menos, una investigación urgente y el procesamiento de los responsables“, según Salil Shetty. 

Varias imágenes extraídas del vídeo de AI

En este mismo sentido, Zeid Raad al Hussein instó en la citada rueda de prensa al Gobierno de Nigeria a que emprenda “investigaciones independientes y adecuadas” sobre las supuestas violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario por parte de las fuerzas armadas, incluida la posible muerte de “miles de personas” durante su cautiverio en instituciones del Estado. Estas investigaciones “deben ser transparentes, a fin de inspirar confianza e impedir futuras violaciones”, advirtió. “Es fundamental que las víctimas de los crímenes de Boko Haram no sean también víctimas de su propio Gobierno”, manifestó.

Tanto el informe de Amnistía como las declaraciones del alto comisionado de la ONU han tenido amplio eco en la prensa nigeriana y han generado las inevitables reacciones.

En una declaración oficial recogida por el Daily Independent, de Lagos, el director de información de la Defensa, el general Chris Olukolade, aseguró el mismo 3 de junio que el Ejército había recibido “con consternación” las “horribles acusaciones” y el “chantaje” de Amnistía Internacional “contra la jerarquía militar”. En la declaración, cuyo texto publica íntegramente el diario digital panafricano Sahara Reporters, el general Olukolade incluso no dudó en calificar el informe de AI como un acto deliberado de apoyo a Boko Haram. La organización se vuelve “más activa” en sus denuncias “cada vez que los terroristas pierden terreno en el campo de batalla”, manifestó.

 

El general Chris Olukolade acusa a AI de actuar en apoyo de Boko Haram.

 

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