La plataforma online aspira a que en España se regule el alquiler turístico de viviendas por parte de particulares, porque, a su juicio, las legislaciones que van surgiendo sólo contemplan la actividad de los profesionales. Por eso mira al modelo de manga ancha de Reino Unido y Francia con los propietarios individuales de Reino Unido y Francia.

Airbnb presume de que la esencia de su negocio sigue siendo poner en contacto a propietarios particulares para que alquilen su casa (su propia casa) o una habitación a huéspedes temporales. Una parte de los usuarios que anuncian viviendas en su plataforma son empresas, la compañía lo sabe, pero quiere seguir siendo baluarte del home sharing (compartir casa) entre usuarios individuales.

Y es que Airbnb no reniega del término economía colaborativa (como han empezado a hacer algunos de sus rivales o algunos de sus antaño grandes abanderados, como Uber). La compañía sostiene que el 70% de los cerca de 92.000 usuarios que en España utilizan hoy su plataforma online para anunciar su vivienda son particulares (frente a un 30% de profesionales que se dedican como actividad principal a la gestión de alquileres de apartamentos que, por lo general, son propiedad de terceros… también particulares).

Airbnb dice que el 70% de los cerca de 80.000 usuarios que en España utilizan su plataforma para anunciar su vivienda son particulares

“Airbnb sí es una plataforma de economía colaborativa, nuestra base es una comunidad para hacer negocios peer to peer [entre pares, entre iguales]”, explican fuentes del grupo. “El negocio de alquilar una vivienda se hace entre particulares, y nosotros sólo ponemos a su disposición una herramienta tecnológica para que puedan ponerse en contacto, que les da seguridad, y que les permite hacer la transacción. Airbnb cobra a ambas partes por el uso de esa tecnología, pero un mínimo del 85% del importe queda en manos de esos particulares”. Y es que la compañía cobra una comisión del 3% del importe del alquiler al propietario que alquila y otra de entre un 6% y un 12% al viajero en función de la duración de la estancia.

Algunos informes críticos con la actividad Airbnb realizados en otros países (singularmente en EEUU) subrayan que, aunque la mayoría de los usuarios sean particulares, el negocio que generan las empresas es netamente superior por el carácter intensivo del uso que dan a las viviendas. Pero la compañía mantiene un riguroso secreto sobre cómo es el reparto proporcional de sus ingresos según el tipo de usuario.

Regular para las personas

En cualquier caso, y como la compañía defiende que su esencia es el negocio entre particulares, Airbnb reclama que en España se regule la actividad de alquiler de vivienda completas o de habitaciones por parte de propietarios que no son profesionales, sino que sólo rentabilizan su primera residencia cediéndola temporalmente a huéspedes. Y es que, según la empresa, las regulaciones autonómicas que se han ido aprobado o que se están diseñando (la competencia legislativa recae en las comunidades) sólo buscan regular la actividad de los profesionales, no la de los particulares.

La plataforma se queja de que las regulaciones autonómicas y locales sobre alquiler vacacional sólo contemplan la actividad de los alquiladores profesionales, no la de los particulares

El Gobierno central, hace casi dos años, encomendó a las comunidades autónomas que regularan el alquiler vacacional. Y así han empezado a hacerlo. Algunas regiones ya han aprobado su propia normativa, entre quejas de los arrendadores y también del sector turístico (hotelero particularmente). Ambos por considerarla discriminatoria, pero cada uno la considera discriminatoria para consigo y beneficiosa para el rival. Y el resultado es que, como en Madrid, la norma ya está recurrida. Y otras regiones trabajan en elaborar su legislación al respecto y, probablemente, se encontrarán con el mismo problema en breve. Aunque el año electoral lo ha postergado todo. Veremos el próximo año.

Airbnb insiste en que todas estas normativas (más las que desarrollan los ayuntamientos) sólo atienden la actividad de los alquiladores profesionales, pero no la de los particulares que no tienen el alquiler como su actividad profesional principal, sino como una forma de obtener ingresos adicionales cediendo su casa temporalmente o incluso sólo una habitación. “El home sharing vive en un limbo legal en España, no tiene un marco legal al que agarrarse”, subrayan fuentes de la plataforma online. Y es por eso que la compañía quiere mirarse en el espejo de Reino Unido y Francia que sí que han dado el paso (o lo van a dar) de regular la actividad concreta de los alquiladores individuales. Y lo han hecho con verdadera manga ancha.

Reino Unido y Francia como ejemplo

El Gobierno británico anunció el pasado febrero su intención de permitir a los particulares que alquilen su primera vivienda durante un periodo máximo de 90 días al año con total libertad. Si exceden ese plazo máximo o se trata de una segunda vivienda, el tratamiento es similar al que reciben los alquiladores profesionales. Y desde el año pasado, en Francia se permite el alquiler sin cortapisas de la primera vivienda (sólo la primera vivienda, la vivienda habitual) sin necesidad de contar con ningún permiso específico. Y el Gobierno galo deja en manos de los ayuntamientos la regulación de requisitos adicionales para el alquiler de segundas residencias de particulares.

Francia da total libertad para que los particulares alquilen su primera vivienda y Reino Unido lo va a autorizar sin ningún permiso hasta un máximo de 90 días al año. Airbnb le parecen regulaciones razonables

Desde Airbnb se ven ambas normativas como “razonables” para regular la actividad de los alquiladores individuales, sólo la suya. Y reclama, en paralelo, regulaciones flexibles y claras para que los alquiladores profesionales puedan desarrollar su actividad, pero subraya que cada mercado y cada ciudad tienen características propias y no se puede generalizar.

“Airbnb quiere que existan normativas que regulen el alquiler por parte de particulares, porque hoy para los particulares no hay normativa real”, apunta un portavoz. “Nuestro objetivo es que haya una regulación clara y justa del home sharing. Y que haya una regulación flexible para el alquiler profesional”.

En paralelo, Airbnb se autoexime de los posibles casos de fraude fiscal que exista entre sus usuarios. La compañía subraya que su actividad es transparente y que –dado que la transacción entre propietario e inquilino se hace su plataforma- la propia empresa realiza transferencias bancarias para abonar el importe convenido al dueño de la casa. “Unas transferencias que pueden ser perfectamente controlables por Hacienda”, apuntan desde la plataforma, al tiempo que explican que Airbnb envía a sus usuarios un resumen anual de ingresos y continuos recordatorios sobre la normativa vigente. “No hay opacidad, en todo caso más visibilidad”, sentencian.