Cespa aceptó no presentarse al concurso de 2012 para dejarlo desierto y mejorar el precio, a cambio de que ACS y Sacyr le diesen después parte del negocio de forma indirecta. La filial de la constructora de los Del Pino, a la que el ayuntamiento acaba de adjudicar el concurso por 14 millones y 11 años, dispondrá de cinco días para entregar la documentación y formalizar el contrato una vez reciba el requerimiento.

Lo que no se pudo solucionar en seis años, se puede arreglar en seis días, con un equipo en funciones y tras unas elecciones que le han arrebatado la mayoría absoluta al partido que ha estado 24 años gobernando. Eso está a punto de demostrar el Ayuntamiento de Madrid. El Consistorio regido por Ana Botella acaba de adjudicarle a Cespa, filial de Ferrovial, el contrato de gestión de la planta de tratamiendo de biogás del Parque Tecnológico de Valdemingómez, tal y como adelantó ayer Bruno García Gallo en El País. Pero además, frente a la creencia de que sería ya el próximo gobierno municipal quien tendría que formalizar el contrato, a Cespa le puede dar tiempo a formalizarlo antes del cambio.

En concreto, dispondrá de cinco días para presentar la documentación necesaria una vez reciba el requerimiento, lo que da margen a que no sea el equipo de Manuela Carmena, previsible futura alcaldesa, quien decida si pone la firma definitiva. Las prisas son solo parte de la sorpresa.

La otra llega porque Cespa era la única hasta ahora sin su trozo del pastel de las empresas a las que sancionó la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) en enero de este año por amañar el concurso original de las plantas de Valdemingómez, que tuvo lugar en 2012. A la filial de Ferrovial parecía haberle salido mal la jugada, pactada con Valoriza (de Sacyr) y Urbaser (de ACS), de no concurrir a ninguno de los tres lotes de las plantas de generación y tratamiento del biogás que se obtiene de la basura.

El objetivo de aquel pacto ilegal era dejar desierto el concurso de la tercera planta, cosa que se logró, con la intención de obtener una mejora en el precio. Respecto a las otras dos plantas, las de generación de gas, se adjudicaron una a FCC por 92,7 millones de euros a cobrar durante 14 años (lo que significa que el contrato se prolongará hasta julio de 2026); y la otra a la UTE de Urbaser y Valoriza por 61 millones en el mismo plazo. Cespa se ha hecho ahora con la gestión de la tercera planta por 14 millones en un plazo de 11 años.

El pacto de 2012 

Lo que le prometieron a Cespa en 2012, a cambio de su salida de la foto del concurso, fue darle entrada en los ingresos del mismo por vía indirecta. Había dos formas, según figura en los correos que se intercambiaron las constructoras entre sí: una presentándose al siguiente concurso a través de Valdemingómez 2000 (empresa en la que participan Cespa, con el 20%; Urbaser, 40%; y Valoriza, 40%); y otra presentándose de nuevo Urbaser y Valoriza y luego subcontratando el servicio de modo que Cespa obtuviese parte del negocio.

El Ayuntamiento, que supo de las investigaciones de Competencia mientras se estaban produciendo (como han reconocido en el Pleno del Consistorio tanto el concejal de Medioambiente, Diego Sanjuanbenito, como la ya ex directora general de Valdemingómez, Myriam Sánchez), pasó años sin convocar el nuevo concurso a pesar de las preguntas recurrentes que la oposición le hacía al respecto.

A Ferrovial le prometieron darle entrada en el negocio de forma indirecta a cambio de que no se presentase al concurso de 2012. 

Este año, después de conocerse la sanción de Competencia por los pactos de las constructoras para repartirse contratos de servicios (lo que supuso una sanción total de 98 millones de euros), el Ayuntamiento de Botella convocaba finalmente el concurso cuya adjudicación acaba de otorgar

Se han presentado dos ofertas, la de la filial de Ferrovial, que ha concurrido en solitario y se ha cobrado la pieza; y una segunda en la que concurrían el resto de constructoras. ¡Oh, sorpresa! Las empresas que llevan años gestionando la planta no han sido capaces de presentar la oferta ganadora del concurso. Cómo recuerda esto a la licitación de la limpieza viaria de Madrid (concurso también sancionado por Competencia) en el que la única empresa que no se llevó nada (Urbaser, de ACS) era precisamente la que había hecho el proyecto piloto, que después de trabajar sobre el terreno presentó la oferta más cara. ACS amagó con impugnar aquel concurso. Nunca lo hizo.