El expresidente del Congreso de los Diputados y antiguo ministro de Defensa, José Bono, jamás presentó un documento que demuestre la legal adquisición de su fabuloso patrimonio inmobiliario. Se limitó a entregar al Fiscal General del Estado las declaraciones de la renta de él y de la entonces su esposa, Ana Rodríguez Mosquera, alegando que parte del dinero empleado en la compra de sus más de nueve inmuebles lo aportó su mujer, de las rentas que obtuvo por su trabajo en la franquicia Tous.

Por Froilán Bravo y José Luis Lorente

Corría el año 2010 cuando el fiscal general del Estado –que entonces era Cándido Conde Pumpido- se limitó a archivar los papeles presentados por el alto cargo socialista sin ni siquiera pedir a la UDEF o la UCO los preceptivos informes acerca de este movimiento dinerario. La misma suerte correría después la querella que, por supuesto enriquecimiento ilícito, presentó en el Tribunal Supremo contra Bono el Partido Popular, archivada sin más explicaciones. Bono era por entonces uno de los miles de aforados que habitan en el suelo patrio, beneficiándose de un considerable plus de impunidad en relación con el resto de españoles no aforados.

Dos años más tarde, en 2012, a salvo ya de aquel pequeño escarceo con la Justicia, Bono adquirió un ático de 260 metros cuadrados en el número 4 de la madrileña calle de Velázquez, frente al Parque de El Retiro. Lo inscribió en el Registro de la Propiedad a su nombre y al de una hija menor de 14 años. El inmueble está valorado en más de 1,6 millones de euros. En esta ocasión no dijo nada acerca de la procedencia del dinero para comprarlo. Y no dijo nada porque nadie le preguntó, ¿para qué?

Antes de su separación, la familia Bono acumulaba ocho parcelas rústicas, un piso en Toledo, un chalet en Olías del Rey, otro en Bargas, cuatro pisos en Madrid, dos áticos en Estepona, un local en Albacete, un apartamento en Campello y la famosa hípica de Toledo. Un patrimonio que, según diversos medios, alcanzaba hace un lustro los seis millones de euros.

Dicen los que le conocen bien que José Bono, en muchas ocasiones, no es capaz de distinguir dónde comienza y dónde acaba la separación entre lo público y lo privado, lo religioso y lo político, los amigos y el trabajo… Por eso mismo, el modo de proceder del exministro lleva tiempo bajo la lupa de la Justicia: fue inspeccionado hace cinco años por el Tribunal Supremo y en la actualidad, perdido el cuestionado privilegio del aforamiento, se encuentra bajo la lupa de un Juzgado de Lugo por su relación -y las dádivas recibidas- con empresarios imputados en la llamada “operación Cóndor”.

De Salobre al Retiro

Es cierto que Bono se crió en una tienda que vendía de todo en el pequeño pueblo albaceteño de Salobre. Al frente de ella estaba su padre, que además de tendero de esos que entonces lucían orgullosos su guardapolvos, trabajaba en la Caja Rural y era alcalde y jefe local del Movimiento (Falange Española Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) del lugar.

Dicen los mentideros que el propio Bono veló sus primeras armas políticas en la Guardia de Franco, pero eso no lo hemos podido comprobar hasta ahora. En su pueblo nos dijeron que era la de Bono una familia que “marchaba bien”. “Lo enviaron a estudiar a los jesuitas de Alicante, y eso era un lujo en aquellos tiempos de hambre y desolación, comentan algunas vecinas que conocen y jugaron con Pepe cuando eran niños. Se sabe que fue el difunto profesor Tierno Galván quien elevó a Bono a las alturas del Derecho como pasante de su bufete en Madrid.

Pero quizá no sea tan conocida la primera actuación pública de este dirigente político. Ocurrió en el Madrid de 1974, cuando miembros de la alta sociedad y de la nobleza española decidieron constituir la mercantil Financiera Internacional Ibérica, S.A. (FIISA). Como presidente de la empresa figuraba el almirante de la Armada Cristóbal Colón de Carvajal y Maroto de Hurtado Pérez del Pulgar, duque de Veragua; Emilio Cassinello Aubán, embajador de España en México; Gabriel Halcón Moreno, militar, ganadero y marqués de Palomares del Duero; Laureano Núñez de Alba, letrado y amigo del traficante de armas Francisco Paesa; y Francisco Lurueña Caballero, sobrino del dirigente socialista republicano Francisco Largo Caballero, entre otros.

FIISA provocó un supuesto fraude a sus inversores por importe de 1.500 millones de pesetas, originándose un auténtico terremoto político económico en la España de los últimos momentos del franquismo, por la categoría social de los presuntos estafadores. En esta sociedad figuraba como comisario de cuentas José Bono y Raúl Morodo -dirigente años después del PSP y el CDS-. en calidad de asesor judicial.

La investigación judicial corrió a cargo de la Audiencia Nacional. Doce años más tarde, en 1986, un comando de ETA asesinó en Madrid al almirante Cristóbal Colón.

Al descubrirse la estafa, dijo Bono por aquellos días: “Mi conciencia me impide colaborar con un fraude colectivo”, al tiempo que se lamentaba de no poder fiscalizar los libros contables y los balances inexistentes. Aunque en opinión de otro letrado personado entonces en la causa, “Bono lo sabía todo, se adelantó y quedó de bueno para la historia”.