El pasado mes de mayo, la opinión pública argentina se vio conmocionada por la noticia de que dos jueces del Tribunal de Casación de Buenos Aires habían reducido la pena a un violador con el argumento de que la víctima, un niño de seis años , era “homosexual” y estaba acostumbrado a los abusos. Esta combinación de abuso sexual e impunidad se repite con demasiada frecuencia en todo el planeta y en América Latina en particular: en Perú , tercer país del mundo en número de violaciones, la impunidad alcanza al 90 por ciento de los casos.

El caso, que es conocido y ya ha aparecido en numerosos medios de comunicación latinoamericanos y españoles, fue rescatado a mediados de mayo por el programa de televisión El Expediente, del canal por cable CSN.

Según informó el diario digital argentino Infobae, Mario Tolosa, vicepresidente del Club de fútbol Florida de Loma Hermosa, abusó sexualmente de un niño de seis años el 6 de marzo de 2010 en una localidad del conurbano de Buenos Aires. El dirigente del club había recogido al niño para llevarlo a entrenar. Una vez en el campo de juego, se lo llevó a los baños y abusó sexualmente de él. Cuando regresó a su casa, el niño (identificado como “G”) le contó lo sucedido a su abuela, la cual, después de comprobar las lesiones, denunció los hechos ante la Policía.

En primera instancia, un juez condenó a Tolosa a seis años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal”. Pero lo más sorprendente estaba por venir: dos jueces del Tribunal de Casación de San Isidro, Horacio Piombo y Ramón Sal Llargués, estimaron que el niño (de seis años, recordemos) tenía “una orientación sexual homosexual y estaba habituado a que lo abusen”.

Por tanto, según se lee en el fallo, “el abuso pasó pero no fue tan ultrajante”. “El chico ya había cambiado totalmente de hábitos, ya venía con travestismos“, argumentaron los dos jueces. Como resultado de ello, los dos jueces redujeron la pena a tres años y dos meses de prisión. Según informó el fiscal del caso, Carlos Altube (citado por el diario La Nación), la sentencia ya ha sido apelada y va a ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Por su parte, la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha criticado duramente una sentencia que vulnera “los estándares internacionales y el principio del interés superior del niño contenido en los tratados de derechos humanos ratificados por la Argentina“, y el propio juez Piombo anunció a finales de mayo su intención de renunciar a su puesto.

 

La pareja Piombo y Sal Llargués es ya bastante conocida en su país por este tipo de sentencias. En 2014, redujeron en trece años la pena dictada contra un violador en serie, Juan Carlos Riso, que acostumbraba a agredir sexualmente a las jóvenes que subían a su taxi a la salida de los conciertos. El taxista, que amenazaba y violaba a las mujeres en los bosques de la zona de Ezeiza (a una de las cuales llegó a atacar con un destornillador), fue condenado a 38 años de prisión en 2006. En 2014, Piombo y Sal Llargués redujeron la pena a 25 años con el argumento de que una violación en un taxi no constituye un agravante y que el ataque con el destornillador formaba parte de la violación en sí misma y no debe considerarse un delito adicional.

“La pena que le habían aplicado es excesivamente severa, teniendo en cuenta que no gravitan ilícitos tales que impliquen la muerte de una persona”, sentenciaron los dos jueces. En este caso, por tanto, el atenuante consistió en que las víctimas no fueron asesinadas.

En 2011, por si faltaran antecedentes, la célebre parejita decidió anular una condena por corrupción de menores impuesta a un pastor religioso que había abusado de dos adolescentes de 14 y 16 años (una de las cuales quedó embarazada) con el demoledor argumento de que ambas pertenecían a “un nivel social que acepta relaciones a edades muy bajas” y, por tanto, “poseían experiencia sexual”.

Los casos como los arriba mencionados son muy frecuentes en todo el mundo. En España, uno de los casos más recordados es la llamada “sentencia de la minifalda”, dictada en febrero de 1989 por la Audiencia de Lérida y en la que se estimó que una joven de 17 años que había sido violada “pudo provocar, si acaso inocentemente, al empresario Jaime Fontanet por su vestimenta”. La misma audiencia absolvió por esas mismas fechas de un delito de violación a un hombre de 20 años porque la víctima, E. F. R., de 16, no había opuesto resistencia física, sino tan sólo verbal, a la relación sexual.

PERÚ: 90 POR CIENTO DE IMPUNIDAD

En la actualidad, la desprotección judicial y legal en los casos de violación sigue siendo demasiado habitual en todo el mundo. Por ceñirnos a América Latina (donde se estiman alrededor de 500 casos al día), la situación es particularmente grave en Perú, un país que ocupa el tercer lugar del mundo (sólo por debajo de Etiopía y Bangladesh) y el primero en Latinoamérica en el número de violaciones sexuales de mujeres de entre 15 y 49 años.

 

 

El 90 por ciento de los casos quedan impunes. Según el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), de las 15.625 denuncias que recibió el Ministerio Público en 2013 por violación sexual, en sólo 925 se designó a un abogado defensor de oficio. “Hay casos de dos o hasta tres años que siguen en proceso y no tienen sentencia”, declaró Lourdes Revilla, directora del Programa Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer.

Asimismo, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes), sólo se denuncia el 48 por ciento de los casos, por miedo, vergüenza o sentimiento de culpa, de lo que se colige que la cifra real de violaciones es mucho mayor de la que se conoce.

El diario Perú 21 recordaba recientemente el caso de Susy, de 38 años, cuya pareja, un hombre de su misma edad, acostumbraba llegar todos los sábados a su casa borracho y con la intención de violarla. Cuando decidió denunciar su situación ante la Policía, los agentes empezaron a interrogarla sobre la ropa que llevaba puesta, si de alguna forma había incitado a su pareja a la violencia y si podía aportar alguna prueba de los hechos que denunciaba.

Susy es una de las 15.000 mujeres peruanas que, según las denuncias recibidas por el Ministerio Público, son agredidas sexualmente cada año a nivel nacional y cuyos casos quedan impunes, según el citado diario. Según Demus, el 42 por ciento de las mujeres fueron violadas en sus domicilios o en otros espacios que eran considerados seguros, como las escuelas y las casas de familiares. En la mayoría de casos el agresor fue un familiar de la víctima y el 75 por ciento de las mujeres violadas eran menores de edad.

COLOMBIA: OLGA LUCÍA CASTILLO Y MATILDE

En Colombia (un país en el que la impunidad por las violaciones de derechos humanos ronda el 98 por ciento), al margen de la exposición a que se enfrentan las mujeres en el contexto mismo del conflicto armado, bien documentada por Amnistía Internacional y otras organizaciones, se registran casos gravísimos en el día a día, que acaban por lo general absoluta o casi absolutamente impunes. Un ejemplo sangrante es el de Olga Lucía Castillo, cuya hija de doce años fue secuestrada en agosto de 2007 en una discoteca de Melgar (Tolima), drogada, conducida a una base de la Fuerza Aérea colombiana y finalmente violada por dos militares estadounidenses que prestaban sus servicios para el llamado Plan Colombia.

Según informa el diario El Tiempo, Olga Lucía Castillo (una próspera comerciante que vendía artesanías en Melgar y que incluso había trabajado para el Ejército como organizadora de eventos) denunció el caso e incluso pudo demostrar que la niña había sido efectivamente violada y que conocía los  nombres de los responsables (el sargento Michel J. Coen y el militar retirado, y contratista para el Plan Colombia, César Ruiz). Ella misma se personó en la base aérea donde se habían producido los hechos, pero la respuesta de los militares, según el diario, fue: “Su hija es una putica; aquí no ha pasado nada”.

Pese a la presentación de la denuncia formal, de la apertura de una investigación por parte de la justicia ordinaria y de la justicia penal militar y de la elevación de un recurso ante la Defensoría del Pueblo para que se acelerara el caso, los dos militares regresaron a su país sin cumplir un solo día de cárcel ni afrontar ningún proceso judicial, gracias a la inmunidad diplomática de que gozaban.

La propia Castillo, según su propio testimonio, fue seguida en la calle por “camionetas con vidrios polarizados”.  “Luego llegaron amenazas y de un momento a otro tuvimos que salir huyendo hacia Pasto con una maleta en la mano que tenía tres mudas de ropa para cada una”, explicó al diario.

Un psiquiatra forense que examinó a la niña a petición de la Fiscalía determinó, años después, que la menor (la cual, recordemos, tenía doce años de edad) “no tenía mucho que reclamar porque claramente se deducía que ella había incitado la relación sexual, por estar a las diez de la noche en la calle y entrar a orinar a una discoteca donde no se permiten menores de edad y hay hombres mayores”. La joven, que en la actualidad tiene 20 años, ha intentado suicidarse tres veces.

En ocasiones, la impunidad se basa en argumentos de lo más sutil. Es el caso de Matilde, una mujer de raza negra, desplazada por el conflicto y con problemas de discapacidad mental, que fue violada reiteradamente entre 2005 y 2007 en Cartagena de Indias.

Según informó muy recientemente el diario El Espectador, el argumento esgrimido ante su madre Lucía por los jueces, incluidos los del Tribunal Supremo, para no permitirle presentarse como parte civil en el proceso contra uno de los acusados era que el derecho de éste, en su condición de menor de edad, prevalecía sobre el de la muchacha violada. El caso fue trasladado al Tribunal Constitucional, que estableció que los jueces habían demostrado “un grave desconocimiento por parte del fallador de los derechos fundamentales de las víctimas consagrados en la Carta Política del 91”.

Este caso, según el Constitucional, es “representativo y paradigmático de mujeres víctimas de desplazamiento forzado, afrodescendientes, en estado de discapacidad, víctimas de delitos sexuales, que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta”.

VALENTINA ROSENDA CANTÚ

Otro caso también paradigmático es el de la mexicana Valentina Rosendo Cantú, una mujer de la comunidad indígena Me’phaa de Guerrero que, hace trece años, sufrió torturas sexuales a manos de miembros del Ejército mexicano cuando sólo tenía 17 años de edad.

Tal como relata el abogado Miguel Pulido en el diario mexicano Aristegui Noticias, Valentina agotó desde entonces “todas las opciones que da el sistema jurídico mexicano, sin encontrar los mínimos de justicia”, y en su desesperación decidió acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “que revisó lo que había hecho el gobierno mexicano frente a su caso”.

Durante su declaración ante esta instancia internacional, Valentina Rosendo Cantú explicó (siempre según el testimonio de Pulido, exdirector de la ONG Fundar México y profesor de las universidades Iberoamericana y Yale) que, después de la agresión, buscó atención médica en la clínica más cercana, pero no la quisieron atender y le dieron cuatro aspirinas antes de mandarla a su casa. Asimismo, aseguró que la Fiscalía tardó un mes desde la violación en hacerle la revisión médica porque “no contaban con el personal especializado”.

Finalmente, la Corte Interamericana estableció en agosto de 2010 que no había habido ninguna investigación y no se había castigado a los culpables, y condenó al Estado mexicano por haber violado el derecho de Valentina Rosendo Cantú a una vida libre de violencia, a no ser torturada, a la integridad personal de los familiares de las víctimas, a la protección de la dignidad y la vida privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial.

El caso de Valetina recuerda, según Miguel Pulido, los de tres hermanas tzeltales del ejido Morelia, en Chiapas, violadas por miembros del Ejército en 1994; los de los cuerpos encontrados en el llamado Campo Algodonero en Chihuahua o el de las 26 mujeres que fueron violadas por la Policía en 2006 en Atenco (estado de México) después de una serie de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

El pasado mes de marzo, Amnistía Internacional denunció la impunidad reinante en México en los casos de violencia de género, abuso sexual y feminicidio, así como la ineficiencia de las leyes federales y locales y la incapacidad del sistema judicial para afrontar este tipo de investigaciones.

Imagen | Perú 21