Desde hacía varios meses la excandidata de Izquierda Unida a la presidencia de la Comunidad de Madrid estaba desaparecida del mapa político. Su regreso no ha podido ser peor, y es que el Juzgado de Instrucción número 6 de Arganda del Rey (Madrid) la ha citado a declarar en calidad de imputada por delitos contra la administración pública, malversación y tráfico de influencias.

Todo indicaba que la carrera política de Tania Sánchez no hacía más que empezar cuando se postuló como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid representando a Izquierda Unida. Apenas unos meses después, incluyendo la ruptura con su pareja, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, Tania Sánchez puede haber recibido un golpe final a su ciclo político.

La excandidata de IU ha sido imputada por prevaricación, malversación y tráfico de influencias por un juzgado de la localidad madrileña de Arganda del Rey tras una denuncia presentada en enero por el PP. Así consta en una providencia, fechada el pasado 27 de mayo, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Además, en dicha querella del Partido Popular contra Tania Sánchez también está el alcalde de Rivas, Pedro Del Cura, entre otros. Hace dos meses, el mismo juez acordó incoar diligencias previas para investigar los hechos denunciados en la querella por delitos contra la administración pública, malversación y tráfico de influencias.

¿Un golpe definitivo?

La denuncia del PP de Madrid, que ahora se tramita en el juzgado de Arganda del Rey, se refiere a los contratos municipales que recibió la cooperativa Aúpa, de la que era administrador y socio el hermano de Tania Sánchez, por cerca de 1,2 millones entre 2002 y 2008.

También a la concesión de contratos de escuelas de tenis del Ayuntamiento de Rivas a un mismo administrador que representaba a varias empresas cuyo apoderado o copropietario era un técnico municipal. Estos contratos contaron, según el PP, con la aprobación, entre otros, de Sánchez, que fue concejala del Área de Servicios a la ciudadanía de Rivas y formó parte del Gobierno local entre 2007 y 2011.

Tania Sánchez se defendió hasta la extenuación de todas estas acusaciones, y manifestó no saber nada sobre que su hermano era administrador de la cooperativa Aúpa y que en el caso de los contratos de las escuelas deportivas de tenis únicamente existió una irregularidad administrativa al no haberse dado de baja el funcionario local en una empresa de la que ya no formaba parte.

Imagen | Flickr – Fernando Jiménez