Mientras que Reino Unido y Francia son referentes mundiales en el desarrollo de políticas integrales de apoyo a las familias que no pueden pagar luz y gas necesarios para garantizar la habitabilidad de su vivienda, España sólo cuenta (de momento) con un deficiente bono social eléctrico y algunos intentos de comunidades autónomas de paliar el problema.

Hay otro tipo de pobreza. Una que pasa casi desapercibida, que se sufre de puertas para dentro de casa y que no se ve. Una pobreza callada, menos visible que esa pobreza que es la que todos entendemos por pobreza. Una pobreza que se nota más de noche, a oscuras (o casi), y que se sufre más en invierno, con frío (o mucho frío).

Este otro tipo de pobreza ha llegado a muchas casas españolas a través del recibo de la luz y el del gas. Millones de hogares en España, millones de españoles, no pueden afrontar el gasto en energía que garantiza mantener unas condiciones de habitabilidad mínimas. No pueden pagar, en luz y en gas, lo que hace falta para mantener la temperatura adecuada de su vivienda (entre 18 y 21 grados, según la zona de la casa), sobre todo en los meses fríos.

Una visibilidad reciente

Este otro tipo de pobreza es la pobreza energética. Un término que en otros países de Europa ya es muy reconocible y forma parte del debate público desde hace años, incluso décadas, y que tiene su reflejo en políticas públicas específicamente diseñadas para combatirla.

Pero en España no ha estado en el debate público, no ha sido visible hasta hace apenas un par de años (sólo un par de años), cuando empezaron a colarse en los medios los resultados de diferentes estudios especializados, cuando asociaciones y ONG empezaron a llamar la atención sobre esa dramática realidad que millones viven de puertas para adentro.

La caída de los ingresos de las familias durante la crisis y la subida de los precios de luz (un 76% desde 2007) y del gas natural (un 35% en el mismo periodo) han provocado que se dispare el número de españoles que no pueden mantener su vivienda a una temperatura recomendable. Según las diferentes metodologías para contabilizar la incidencia de la pobreza energética, entre un 9% y un 18% de los hogares españoles sufre pobreza energética. Esto es, entre 1,8 millones y 3,6 millones de familias no podrían garantizar una temperatura adecuada de su vivienda.

 

Fuente: Economics for Energy

 

Y a pesar de la extensión del problema (extensión creciente, porque estos datos se han disparado durante la crisis), en España no existe una política integral para combatirlo. Quizá porque hasta ahora pasaba inadvertida, quizá porque no se ha atendido ni ésta ni otros tipos de probreza como toca, la lucha contra la pobreza energética en España se traduce sólo en algunas medidas paliativas (como el bono social) y una serie de intentos desperdigados en comunidades autónomas y ayuntamientos concretos.

Y aunque algunos partidos protagonistas del vuelco electoral del pasado 24M han hecho de esta materia una de las puntas de lanza de sus propuestas contra la desigualdad y la exclusión social, hoy por hoy, y a la espera de que se concreten sus programas en medidas palpables, España está muy lejos de otros países europeos que cuentan con programas específicos contra la pobreza energética.

Reino Unido y Francia, a la cabeza

La Unión Europa está muy lejos de adoptar una política común de mitigación de la pobreza energética. Ni está ni se le espera una regulación comunitaria en este sentido. La Unión sí que ha exigido a los estados miembros que legislen a favor de los consumidores vulnerables de los mercados de electricidad y gas. Y 17 de los 28 estados miembros ya lo han hecho: con más o menos eficacia se han adoptado medidas (en el caso de España, el bono social) para atender a colectivos que pueden estar en riesgo.

Pero sólo Reino Unido, Irlanda, Francia y Eslovaquia han dado un paso más y cuentan ya con una definición legal de pobreza energética, paso previo imprescindible para abordar la adopción de medidas para combatirla. Reino Unido fue pionero hace 30 años en la institucionalización de la lucha contra la pobreza energética, como lo fue en la sistematización de su estudio, y está a la cabeza en el establecimiento de políticas integrales.

La pobreza energética ha atrapado a entre un 9% y un 18% de los hogares españoles, según la metodología que se utilice para su cálculo… Lo que está claro es que se ha disparado durante la crisis

El Gobierno británico, que se apoya en comités de expertos para ir modulando y mejorando la legislación y la medición eficaz del problema, ha desarrollado medidas que atacan los diferentes aspectos del problema con políticas relacionadas con el precio de la energía, con los problemas de renta de los hogares y con la eficiencia energética de las viviendas. Reino Unido cuenta con una política de apoyo directo al pago de las facturas a las familias en situación de pobreza energética desde 2011, y exige a las compañías eléctricas que apliquen descuentos a los pensionistas y a grupos de hogares con baja renta para cuya elección se siguen unos criterios establecidos en la ley.

En paralelo, el Ejecutivo ha implementado un programa de pago directo a todos los hogares que cuentan con un miembro de 60 años o más (una transferencia que no es de uso obligatorio en pagos de las facturas energéticas, pero que en un 40% de los casos se emplea el pago de los recibos de luz y gas) y otro que conlleva el pago a hogares escogidos cuando se prevé que la temperatura bajará de los cero grados durante una semana o más (a razón de 20 libras por semana, unos 30 euros). Además, se obliga a las compañías a una tregua invernal, que prohíbe a los operadores cortar el suministro energético durante los meses de invierno por impago.

Y en materia de mejora de la eficiencia energética, Reino Unido lleva años aportando subvenciones a familias de baja renta y en riesgo para el aislamiento de sus viviendas y para la renovación de sus sistemas de calefacción por sistemas más eficientes y más económicos, al tiempo que ha lanzado un gran programa de eficiencia para todo el sector residencial (con nuevos estándares mínimos, con financiación que permite pagar las mejoras con la factura energética durante 25 años…).

Francia cuenta desde 1990 con un sistema de fondos solidarios para hogares de bajos ingresos, que se destinan al pago de facturas energéticas de las familias que no pueden afrontarlos. Y en 2005 y 2008 se implantaron sendos programas de tarifas solidarias para luz y gas, respectivamente, que aplican descuentos de entre el 40 y el 60% en los recibos de los hogares de renta reducida. Asimismo, el Gobierno galo cuenta con un programa de micropréstamos para mejorar la eficiencia energética de las viviendas (de entre 3.000 y 10.000 euros, con plazos de devolución de entre tres y seis años).

Los gobiernos regionales franceses también han implantado las subvenciones Habiter Mieux, que promueven la eficiencia energética no sólo mediante la rehabilitación de vivienda (que también), sino con la formación de las familias sobre hábitos energéticos y con el seguimiento del hogar durante todo el proceso (plan de financiación, búsqueda de fondos y ejecución de las acciones).

Otras fórmulas europeas

De manera llamativa, Alemania no cuenta con una política federal específica de lucha contra la pobreza energética (a pesar de su latitud y de contar con entre un 9% y un 25% de sus hogares, según las diferentes fórmula de cálculo, en esta situación). Pero sí dispone de una política social de amplio espectro, implementada fundamentalmente a través de una renta complementaria que reciben aquellos hogares que no alcanzan un determinado umbral de ingresos.

Reino Unido y Francia están a la cabeza de Europa en desarrollo de políticas integrales contra este tipo de pobreza atacando todos los frentes

Son varios los países europeos que cuentan con diferentes tipos de tarifas sociales. Bélgica, Hungría, Croacia, Grecia, Portugal o Italia ofrecen, con distintas maneras de implementarlo, con tarifas homologables al bono social español. En Italia cuentan con dos tipos de tarifa social, una aplicada a la electricidad (desde 2005) y otro para el gas natural (desde 2008). Unas tarifas con descuento que se aplican a familias en función de los resultados de un test de situación económica que combina información de los ingresos de la familia, sus activos financieros y la composición del hogar.

Para poder ser beneficiario, el ingreso equivalente del hogar no puede superar los 7.500 euros (o 20.000 euros en caso de que haya personas dependientes), y la cuantía de los descuentos se aplica en función de la composición del hogar (entre 71 y 153 euros al año en luz, y entre 70 y 264 euros para el gas).

España se agarra al bono social

España no ha desarrollado una política específica de lucha contra la pobreza energética. Y los consumidores vulnerables tienen en el denominado bono social (una tarifa con descuento para determinados colectivos aplicable al recibo de la luz, no al de gas) el único instrumento al que agarrarse. El bono social contempla actualmente un rebaja del 25% en relación a la tarifa que utilizan la mayoría de clientes españoles, con lo que los que pueden acogerse también se ven afectados por la subida de la luz (hasta el año pasado, la tarifa social contemplaba la congelación del precio eléctrico al nivel de 2009, manteniéndose ajena a los vaivenes del mercado).

Algunos de los criterios que permiten a determinados clientes acogerse a esta tarifa social poco tienen que ver con situaciones de pobreza energética, o al menos no están vinculados necesariamente. Al bono social pueden acogerse todos los usuarios que tengan contratada una potencia inferior a los 3 kilowatios y todas las familias numerosas. Los dos aspectos sí vinculados con problemas de ingresos que dan acceso al bono social son percibir pensiones mínimas y acreditar de en la unidad familiar todos sus miembros están en paro.

La única medida que se aplica en toda España contra la pobreza energética es el bono social, una tarifa rebajada que no está vinculada a la renta de los hogares y que se aplica a colectivos que pueden ser vulnerables o no

La legislación que regula el bono social, de 2009, establece que se debe establecer un umbral referenciado a un indicador de renta per cápita familiar, pero este aspecto no lo ha llegado a desarrollar ningún Gobierno. De hecho, el Partido Popular rechazó con su mayoría absoluta en los últimos años dos intentos de la oposición en este sentido. E incluso un borrador de la propia Secretaría de Estado de Energía contemplaba fijar un umbral máximo de ingresos y vincular el bono social a la renta familiar. Pero el Gobierno acabó por aparcarlo y quedó así pendiente la única medida directa contra la pobreza energética que (por fin) se iba a contemplar en la legislación estatal.

El Gobierno, por otra parte, aprobó en el marco de su plan de reformas la creación del Fondo de Eficiencia Energética para financiar (mediante la aportación fundamentalmente de las compañías energéticas de todo ámbito) medidas de mejora de la eficiencia del consumo energético de los edificios, el transporte, industria, servicios y actividad agrícola. De momento, y a la espera de que se tomen iniciativas en este sentido, ha servido para abrir un nuevo frente legal al Ejecutivo con un aluvión de recursos presentados por las compañías afectadas.

En manos de las comunidades

En España, han sido algunos gobiernos regionales los que han impulsado políticas que sí que buscaban específicamente combatir la pobreza energética. El Parlament de Cataluña aprobó un decreto que establecía una tregua invernal entre noviembre y marzo para que no se pudiera interrumpir el suministro de luz, gas y agua a familias en situación vulnerabilidad según unos parámetros económicos que debían fijar los servicios sociales. El decreto fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central por invasión de competencias.

Andalucía aprobó el año pasado un programa extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social, dotado de 6,5 millones de euros y que se desarrollará mediante transferencias a los ayuntamientos. Los servicios sociales andaluces son los encargados de determinar quién puede ser beneficiario, sin que, en principio, se incluyan criterios de renta familiar.

Sólo algunas CCAA (Cataluña, Andalucía y Galicia) han aprobado planes específicos que buscan proteger a los hogares en riesgo

En paralelo, la Xunta de Galicia concede un ticket eléctrico social, con un presupuesto total de 1,5 millones de euros, a familias con dificultades para pagar los recibos de luz y gas (las ayudas van desde los 180 a los 300 euros al semestre en función de la composición de las familias). El presupuesto de este año del Gobierno del País Vasco incluye una partida de 200.000 euros para cubrir necesidades de familias que no puede hacer frente a las facturas energéticas, pero no se ha definido de qué manera se repartirá ese presupuesto.

En paralelo, algunos ayuntamientos también han desarrollado diferentes iniciativas, más o menos amplias, con el objetivo de paliar situaciones de pobreza energéticas entre sus vecinos. Los casos más reconocibles son los de Zaragoza y Barcelona, pero otras ciudades han movido ficha dentro del ámbito de sus competencias.

Nuevas propuestas

El vuelco electoral que ha traído el 24M en comunidades y ayuntamientos (y a la espera de ver qué sucede en las próximas elecciones generales) puede abrir un nuevo tiempo en las políticas contra la pobreza energética. Los cambios de gobiernos regionales y municipales pueden dar entrada a partidos y plataformas electorales que han señalado la lucha contra este tipo de pobreza como uno sus baluartes contra la desigualdad y la exclusión.

Varios partidos han venido proponiendo iniciativas en este ámbito. Ha sido sólo uno, como en otros campos, el que se ha llevado los titulares. Los dirigentes de Podemos hace unos meses llegaron a hablar de nacionalización de compañías eléctricas para bajar el precio de la luz y de garantizar la gratuidad del recibo (como sí ha hecho Alexis Tsipras en Grecia) para las familias que no podían abonarlo. Pero ahora han reconducido el mensaje y ahora hablan de impedir el corte de luz, gas y agua en casos de pobreza sobrevenida y proponen crear fondos autonómicos contra la pobreza energética.

El vuelco electoral que ha traído el 24M en comunidades y ayuntamientos puede abrir un nuevo tiempo en las políticas contra la pobreza energética

Las caras más visibles del cambio (que aún está por confirmarse) son Manuela Carmena y Ada Colau, previsibles futuras alcaldesas de Madrid y Barcelona. Ambas incluían en los programas con los que acudieron a los comicios medidas, más o menos concretas, contra la pobreza energética.

La candidata de Ahora Madrid quiere prohibir los cortes del suministro a los hogares en situación de vulnerabilidad, programas de rehabilitación de vivienda orientada a la eficiencia energética… Y la candidata de Barcelona en comú propone considerar el suministro de luz, gas y agua un derecho e impedir el corte por incapacidad económica, una tasa a las eléctricas por ocupación del espacio público, una auditoría de los costes y pactar con las compañías unos suministros básicos, crear un fondo de 5 millones de euros para atender los casos más graves…

Si finalmente se aplican éstas u otras medidas, por parte de éstos u otros dirigentes, por gobiernos con éstos u otros partidos, lo sabremos en unos meses. De momento, España va aún muy por detrás de los países europeos que se han tomado más en serio el problema social que representa la pobreza energética.

 

 

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Informes recientes sobre la incidencia de la pobreza energética en España, sus causas, sus consecuencias y diferentes propuestas de actuación para las Administraciones Públicas.