Semana negra para la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Si el jueves tuvo comerse el sapo de elogiar a su gran rival en el PP, María Dolores de Cospedal, dando así cumplimiento a la orden tajante de Mariano Rajoy de un alto el fuego en las hostilidades entre ambas, ayer le tocó hacer frente a los ataques del PSOE por la detención del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Los socialistas exigen responsabilidades políticas a la número dos del Gobierno por nombrar en su momento a Serafín Castellano y avalar hace pocos días la honorabilidad de su gestión.

Pocas horas tardó en reaccionar Moncloa a la detención del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. La vicepresidenta aprovechó la rueda de prensa habitual tras la reunión del Consejo de Ministros para anunciar el cese del delegado del Gobierno de Valencia, acusado por corrupción en la concesión de contratos públicos durante su etapa como consejero de Gobernación de la Generalitat Valenciana.

Y no sólo eso. Santamaría aprovechó el asunto para sacar pecho por el paquete de medidas sobre regeneración democrática, aprobado recientemente por el Gabinete de Mariano Rajoy. Según una de esas normas, el próximo delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que sustituirá a Serafín Castellano, deberá superar un informe de idoneidad para el puesto y cuando éste esté concluido, será nombrado.

De poco sirvió a la número dos de Moncloa enarbolar la bandera de la lucha contra la corrupción. El PSOE se apresuró a convocar una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados para tratar de sacar tajada política con el asunto de la detención de Castellano y atacar a la vicepresidenta primera del Gobierno. Bien pertrechado acudió el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, a su cita con los periodistas. En su maletín varias respuestas parlamentarias remitidas por el Gobierno a la oposición en la que el Gabinete popular avalaba la honradez del hasta ayer delegado en la Comunidad Valenciana.

Las respuestas parlamentarias ponen en evidencia a Soraya

Precisamente, en el mes de octubre del año pasado, el diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví Roda se había interesado por conocer la opinión del Gobierno sobre las noticias aparecidas esos días en los medios de sobre el hecho de que la empresa de servicios contraincendios contratada por la Generalitat Valenciana, Avialsa T-35, regaló en 2008 a Serafín Castellano cuando éste ocupaba el cargo de consejero de gobernación, un rifle semiautomático marca Browning, valorado en 1.861 euros. Posteriormente, cuando era consejero de gobernación, Castellano adjudicó a esa empresa un contrato de más de 22 millones de euros «por vía de urgencia», para que se hiciera cargo del servicio de extinción de incendios de la comunidad autónoma.

Al parecer, un año antes, según se hacía eco el diputado de Compromís-Equo, el Consell del que formaba parte el hasta ayer delegado de Gobierno en Valencia, había permitido a esta compañía construir un aeródromo en zona no urbanizable y el propio Serafín Castellano le había declarado vencedor en un concurso de 11,1 millones de euros.

La respuesta del Ejecutivo –que firma, como es norma, Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y mano derecha de Santamaría- fue breve y concisa, tan sólo de tres líneas: “El Gobierno se remite a las explicaciones ofrecidas por el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, en las que éste ha desmentido haber recibido el regalo citado por su señoría en la iniciativa de referencia”.

El pasado 31 de marzo, los diputados socialistas Herick Manuel Campos Arteseros y Joaquín Francisco Puig Ferrer quisieron conocer la opinión del Gobierno sobre la declaración del jefe de personal de Avialsa ante el fiscal, según la cual que Serafín Castellano recibió 5.000 euros para pagar una cacería a través de un intermediario de la empresa.

Hace sólo tres días, el Diario de Sesiones del Congreso publicó la respuesta del Ejecutivo. En su contestación, el Gobierno era un poco más explícito. Moncloa abundaba en el hecho de que el ya ex delegado en la Comunidad Valenciana negó que hubiera recibido cantidad alguna de Avialsa, al tiempo que avalaba –y eso es lo grave- que “todas las adjudicaciones se han realizado mediante concursos públicos, a través de un procedimiento legal, con la publicidad correspondiente y con todos los informes debidos”.