En Telefónica tienen motivos para estar preocupados por los cambios políticos surgidos de las elecciones del 24-M, especialmente en Barcelona.

Por un lado, su posición de liderazgo en el mundo de las empresas y las administraciones públicas en nuestro país está tan consolidada que es difícil pensar que los cambios masivos que van a vivirse en los próximos días en el sector público local y regional no vayan a suponerle una amenaza a su elevada cuota de mercado. Por otro lado, no dejan de hacerse una pregunta: si las autoridades locales actuales ya están permitiendo la ocupación continua del Mobile World Center, las céntricas instalaciones que comparte la operadora con la Fundación Mobile World Capital y donde tiene su principal tienda en la ciudad, que ha perdido miles de visitantes y dejado de ingresar miles de euros en los últimos cuatro días, ¿qué no hará una administración municipal liderada por una conocida activista que conoce en persona a muchos de quienes hoy ocupan estas instalaciones?

El nuevo cargo de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona presenta, además, notables riesgos para la celebración del Mobile World Congress de Barcelona y todas las actividades que giran en torno a él,  bajo la denominación de Mobile World Capital. Aunque Colau ha dicho en otras ocasiones que no pondrá en peligro la continuidad de la Feria, también ha hablado de la necesidad de que su celebración repercuta en una mejoría para el conjunto de la ciudad. ¿Pondrá condiciones inaceptables? ¿Generará tensiones para su celebración y posible renovación más allá de 2018? Está por ver.

Un detalle curioso es que, una vez sea alcaldesa, Colau ocupará también la presidencia de la Fundación Mobile World Capital, que hoy ocupa Trías y en la que también participan otros patronos como la Generalitat, la Fira, Damm, los tres grandes operadores españoles y la GSMA, organizadora del Congreso. Las primeras reuniones serán para verlas, con John Hoffman (GSMA), Agustín Cordón (Fira), Julio Linares (Telefónica), Paco Román (Vodafone) y el resto de representantes empresariales de un lado, y por el otro Colau, quien durante años ha sido la cara más visibile de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). 

¿Cómo sería una de esas reuniones del patronato si se celebrase hoy, con un Mobile World Center ocupado y por el que han pasado, entre otros, el diputado de la CUP David Fernández, o Jaume Asens, el número cuatro en la lista que encabezaba Colau? ¿Aceptaría la nueva alcaldesa los argumentos de Telefónica, que no puede desarrollar su actividad comercial habitual por una protesta de los empleados de sus subcontratas? ¿Se alineará con los de la organización, que se ha visto obligada a trasladar múltiples actividades que tenían previsto realizar en el centro? O, más bien, preferirá acudir a disfrutar de algunas de las actividades colectivas planteadas por los activistas durante los últimos días, como la chocolatada o la paella. ¿Cómo luchar con la casta cuando eres, formalmente, presidenta de la casta

Fuentes próximas a la feria han definido la Fundación como “el pegamento entre la ciudad y el congreso, y un foro habitual para trabajar juntos”. Mucho dependerá de que Colau sepa asumir ese cargo con suficiente responsabilidad y sin cambiar las reglas del juego hasta el punto de convertir a Barcelona en una ciudad incómoda para uno de los eventos más importantes que celebra la ciudad cada año.

Contratos paralizados 

Más allá de los megaproyectos que puedan verse afectados por los cambios de gobierno en ayuntamientos y autonomías, también vamos a ver otros desajustes más pequeños pero, potencialmente, con más posibilidades de frenar la economía: los cambios en los contratos de suministro de equipos y servicios con administraciones públicas. La transformación que va a vivir España supone, a corto plazo, un problema para las empresas que negocian habitualmente con este tipo de compañías y que se verán obligadas a crear nuevas relaciones a toda velocidad para intentar convencer a los nuevos encargados del gasto público de que apuesten por ellos.

“Nos va a costar al menos un año de actividad, y aún más si cambia el inquilino de La Moncloa, como parece probable. Es normal, pero si de improviso hay muchos cambios y muy bruscos las contrataciones públicas se resienten”, señala un directivo del sector tecnológico, verdadero experto en vender equipos a las administraciones. Este directivo confía en su capacidad de adaptación para seguir manteniendo sus resultados. El problema es que, sencillamente, los virajes demasiado repentinos obligan a construir nuevas relaciones y a volver a convencer a gente a la que ya dabas por convencida. “En todo caso, no va a ser peor que negociar con Bildu, que te ponen todo tipo de exigencias y con los que es muy difícil tratar”, subraya. 

Algo parecido le sucede a Vodafone, que tenía ya comprometida una ampliación de su acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona. El contrato, de 1,7 millones de euros y por dos años, vence en julio y, aunque inicialmente contemplaba una prórroga casi automática por dos más, ya les han comunicado que, por ahora, su aprobación se va a retrasar. El problema es que tampoco hay mucho margen de actuación: no hay tiempo para convocar un nuevo concurso y, si no renuevan, podrían verse obligados a pagar durante una larga temporada tarifas convencionales, lo que elevaría dramáticamente la factura. En la compañía están convencidos de que en cuanto se sienten y piensen detenidamente en ello, la situación se resolverá sola, pero sirva como ejemplo de cómo los cambios repentinos y masivos llevan al atasco.

El responsable de empresas y administraciones públicas de la china Lenovo, Alberto Ruano, espresaba recientemente a SABEMOS cómo ve este segmento: “Ayer estuve en una Comunidad Autónoma donde lo habían perdido todo y sí, el sentimiento es que las cosas han cambiado. Espero que los proyectos educativos y los de modernización de las administraciones estén exentos de ideas políticas. Confío en que no nos perjudique ni a nosotros ni a la industria en general”.