UPyD tendrá que abandonar su personación como acusación popular en causas judiciales como la querella de Bankia o los casos de las tarjetas black de Caja Madrid. El motivo: el varapalo electoral, que supone una pérdida de fondos públicos con los que sufragar los cuantiosos costes.

Unión Progreso y Democracia (UPyD), una de las grandes decepciones de las pasadas elecciones autonómicas y municipales, por su práctica desaparición en ayuntamientos y comunidades, dice adiós al caso Bankia. Los pésimos resultados electorales obtenidos por la formación magenta suponen una fuerte caída en los ingresos (que se reparten en función de votos y escaños) y la han empujado a emprender un plan de recortes que entre otras consecuencias implica su salida de las causas judiciales en las que estaban personados.

Aunque su intención es seguir denunciando las injusticias desde las instituciones en las que estén presentes (por ahora se mantienen en el Congreso de los Diputados), el realismo se ha impuesto de una forma radical en el partido de Rosa Díez. Sufragar los costes de permanecer en 16 procesos judiciales es caro, y los fondos de la formación se verán reducidos inmediatamente. A pesar de que fue la propia UPyD la que inició el caso Bankia con su querella, ahora se ve obligada a retirarse de la misma.

Así, los abogados de UPyD (entre ellos el secretario general del grupo en el Congreso, Andrés Herzog) abandonarán las personaciones como acusación popular en casos como el de la salida a Bolsa de Bankia, el escándalo de las participaciones preferentes o las tarjetas black de Caja Madrid. En algunos de estos casos desaparecerá por tanto la figura de la acusación popular, y las causas quedarán en manos de acusaciones particulares como el 15MpaRato o sencillamente de la Fiscalía.

Tal como dio a conocer la propia formación magenta, el coste de las acciones judiciales emprendidas no es precisamente barato: Desde su nacimiento llevan gastados unos 265.000 euros en causas judiciales, según estimaciones de la propia UPyD. Sólo en fianzas, un requisito imprescindible solo para poder personarse, llevan más de 40.000 euros.

Una salida elegida por la ciudadanía

“Deseo el mejor de los trabajos a los cargos electos de todos los partidos políticos; deseo que dentro de cuatro años podamos todos felicitarnos por el resultado y por que se haya producido un avance en la solución de los problemas de los ciudadanos”. El discurso de Rosa Díez la noche del pasado domingo sonaba a derrota y decepción, sí. Y también a cierto reproche a la ciudadanía (“Espero que los ciudadanos hayan elegido bien”).

Más allá de que las apreturas presupuestarias sean reales (que lo son), lo cierto es que la retirada de UPyD de estas causas judiciales puede suponer una puesta en valor del partido, muy castigado en los últimos meses por su negativa a fusionarse con Ciudadanos o ante el progresivo deterioro de la popularidad de su líder, Rosa Díez. Dejar de contar con los magenta supone perder un partido que lucha en los juzgados contra la corrupción y los escándalos, algo de lo que se ha beneficiado el conjunto de la sociedad. ¿Habrá alguien que cumpla ahora ese papel?