La central de Garoña cesó su actividad a finales de 2012 y cerró definitivamente (pero en falso) en julio de 2013. Pero ahora, tras varias reformas legales diseñadas a medida e impulsadas por el Gobierno, la empresa propietaria de la planta (Nuclenor, controlada por Iberdrola y Endesa) trata de reabrirla y obtener permiso para mantenerla operativa hasta 2031. El Consejo de Seguridad Nuclear tiene que dar su visto bueno (si lo hace, abrirá la puerta a que el resto de centrales españolas también funcionen durante 60 años) y luego lo tiene que autorizar el Gobierno (el actual se muestra dispuesto, pero lo tendrá que decidir el siguiente Ejecutivo que salga de las próximas elecciones generales). Se abren las apuestas.

El 22 de septiembre Francisco Franco ponía fin a sus vacaciones de verano de 1971 (estancia veraniega era el eufemismo que se utilizaba, porque él no se iba de vacaciones). Y su primer acto oficial tras el asueto estival fue la inauguración de la que entonces era la segunda central nuclear de España, la de Santa María de Garoña, en Burgos. Quizá era sólo por obtener una buena fotonoticia, quizá fuera sólo pantomima (se hacía entonces y se hace ahora), pero el dictador aparece en la prensa del día apretando el botón que confirmaba el encendido de la central.

La instalación estaba, en ese momento, entre las más modernas de Europa, un auténtico ingenio tecnológico que buscaba solucionar los problemas energéticos del país. Ya en 1957 las eléctricas Iberduero y Electra de Viesgo habían constituido a partes iguales la sociedad Centrales Nucleares del Norte (Nuclenor) para lanzar el proyecto. Y catorce años después, tras una inversión de 7.500 millones de pesetas, las compañías ponían en marcha (lo hacía el dictador apretando el botón) una central de 460 megavatios de potencia.

Un Gobierno (el de ZP) amplió la vida de Garoña. Otro Gobierno (el de Rajoy) la cerró, pero en falso y sin quererlo. Y ahora la empresa propietaria ha pedido reabrirla y que opere hasta 2031

Hoy Garoña, esa instalación tan moderna en los setenta, es la central nuclear más vieja de España. Lo es… o lo era. No está muy claro. Empezó a ser la central más antigua cuando Zorita, operativa desde 1968, cerró definitivamente en 2006. Pero uno ya no sabe si Garoña es la más vieja o no. Y es que la historia reciente de la central burgalesa se ha convertido en un lío difícil de seguir y cada vez más difícil de entender. En apenas un lustro un Gobierno (el de Zapatero) alargó la vida de la central, las empresas propietarias interrumpieron voluntariamente su actividad, otro Gobierno (ahora el de Rajoy) ordenó su cierre sin quererlo… y ahora Nuclenor busca la reapertura para que la instalación siga en funcionamiento hasta 2031. Y tras varios cambios normativos que parecen diseñados ad hoc, se diría que el Ejecutivo actual también pretende la reactivación de Garoña. Veremos si el siguiente.

Si el Consejo de Seguridad Nuclear da el visto bueno a la pretensión de Nuclenor abrirá la puerta a que el resto de centrales españolas intenten del mismo modo ampliar su vida útil hasta los 60 años. El CSN es pues la primera llave para revolucionar el actual modelo. Y si el Gobierno, previsiblemente ya el que salga de las próximas elecciones generales, también lo aprueba y permite esa ampliación, se abrirá definitivamente el melón sobre la duración de las explotaciones de las plantas nucleares en el país. Y este proceso ha hecho que – tanto para defensores como para detractores de la energía nuclear, tanto para los que avalan como a los que escandaliza cómo se ha abordado este asunto en los últimos años- Santa María de Garoña se haya convertido en una pieza clave.

Zapatero y los 40 años y pico

Garoña estaba llamada a cerrar en 2011, cuando se cumplían los 40 años desde su construcción. Tradicionalmente, la vida de diseño de las centrales (el tiempo en que se espera que funcione según las especificaciones técnicas de su construcción) es de cuatro décadas, aunque algunos países han ido ampliando ya la vida útil de las instalaciones (el tiempo que efectivamente transcurre entre la puesta en funcionamiento y su cierre) más allá de ese límite.

Nuclenor -ahora participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa, herederas tras varias fusiones y adquisiciones de las antiguas propietarias- tuvo que solicitar poco antes de cumplir esos 40 años una renovación de la licencia de la central porque ésta expiraba en 2009. Desde los años noventa, esas licencias las concedía el Gobierno por un máximo de diez años, para lo que se necesitaba un dictamen previo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que garantizaba la seguridad de la instalación por esos diez años y las solicitudes de renovación se acompasaban a las revisiones de seguridad que realiza el CSN también cada diez años. No obstante, mientras la revisión técnica es obligatoria por ley cada diez años, hacerla coincidir con la renovación de la licencia es un aspecto recogido en la guía de buenas prácticas del regulador, pero no es de obligado cumplimiento.

En 2009, el CSN –el regulador independiente que vela por la seguridad de las plantas nucleares españolas- emitió un informe que confirmaba que Garoña podía seguir operando de forma segura durante diez años más, esto es, hasta 2019, si realizaba algunas mejoras. El Ministerio de Industria, entonces comandado por Miguel Sebastián, optó por una decisión pretendidamente salomónica: ni alargó la vida esos diez años que el CSN avalaba ni ordenó el cierre al cumplirse los 40 años para los que la central fue diseñada. El Gobierno, pese a que el PSOE llevaba en su programa electoral el compromiso de ir clausurando centrales según fuesen cumpliendo su vida de diseño, aprobó ampliar las operaciones de Garoña cuatro años más, hasta julio de 2013, con lo que la central alcanzaría una vida útil de 42 años.

El Ejecutivo socialista prorrogó la vida de la central hasta 2013. Pero Endesa e Iberdrola optaron al final por el cese adelantado de operaciones en 2012 como medida de presión por la reforma eléctrica y para evitar el pago de nuevos impuestos

Quizá porque el Gobierno de Zapatero “no quería dar la imagen de talibanes antinucleares” –según nos explica una fuente vinculada a la Moncloa de la época- o quizá por conseguir más tiempo para diseñar un plan que diera salida al millar largo de empleos directos e indirectos dependientes de Garoña –según otra fuente ligada al Ministerio de Trabajo socialista- o quizá fue porque esos cuatro años era el plazo máximo que el CSN avalaba sin exigir nuevas inversiones en seguridad a Nuclenor… pero lo cierto es que la central consiguió ganar tiempo y salvar el primer obstáculo que le acercaba al cierre.

“Si el Gobierno de entonces consideraba que había que alargar la vida de Garoña, debería haberlo hecho por un plazo mayor. Hacerlo sólo durante cuatro años fue una estupidez. Ampliar la vida de una central por menos de diez años prácticamente no compensa al operador de la planta. Incluso si no hay que ejecutar grandes inversiones para renovar las instalaciones, lo cierto es que inversiones siempre hay que realizar, y con tan poco tiempo de ampliación de la vida útil empiezan a no salir los números”, sostiene un directivo del sector nuclear.

Nuclenor emprendió entonces una batalla legal para que se anulara la decisión de Industria de ampliar (pero poco) la vida de la central sólo hasta 2013 y que se le permitiera operar los diez años adicionales que avalaba el CSN en su informe. O, en su defecto, si no se anulaba, reclamaba una indemnización de al menos 951,4 millones de euros en concepto de lucro cesante por no poder operar hasta 2029 (el informe del CSN avalaba seguir funcionando otros diez años, hasta 2019, prorrogables por otros diez). Según los cálculos de Nuclenor, el lucro cesante sólo por no poder operar hasta 2019 sería en concreto de 385,6 millones de euros. La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional desestimó en 2011 la demanda, y avaló la potestad del Gobierno de determinar la duración de las renovaciones de las licencias de las plantas nucleares, aunque el CSN respaldara plazos superiores [ver aquí la sentencia].

Miguel Sebastián insistió, desde la aprobación de la prórroga de la licencia y hasta su salida del Ejecutivo, en que Garoña cerraría en 2013 y no se permitiría una nueva ampliación. Sin embargo, la Ley de Economía Sostenible aprobada en 2011, aún con el PSOE en Moncloa, abría la puerta a que las centrales nucleares pudieran ampliar su vida útil más allá de los 40 años (fue una condición impuesta desde CiU para dar su apoyo a la ley, y los socialistas acabaron por asumir ese cambio en la redacción final de la norma). Pero con el cambio del Gobierno y la llegada del PP al poder, se abría un nuevo escenario para la central.

Órdago de Iberdrola y Endesa por la reforma eléctrica

Cuando aún era líder de la oposición, Mariano Rajoy se comprometió explícita e insistentemente a revocar la decisión del Ejecutivo socialista y mantener abierta Garoña hasta 2019 cuando fuera presidente. Y, pese a la experiencia posterior en otras materias, cuando ya estaba al frente del Gobierno la intención de Rajoy siguió siendo ampliar la vida útil de la central. La sintonía con Iberdrola y Endesa parecía evidente, y las dos eléctricas aparentemente iban a iniciar en julio de 2012 los trámites previos para ampliar la vida de la instalación seis años adicionales. La prórroga hasta 2019 se daba por hecha dentro y fuera del sector energético.

La CNMC impuso a Nuclenor una multa de 18,4 millones de euros, la máxima posible, por una infracción muy grave por el cierre anticipado y sin permiso de las planta burgalesa

Y, sin embargo, todo se torció. El Gobierno de Rajoy emprendió una dura reforma para tratar de enjugar el agujero del sector eléctrico (el famoso déficit de tarifa, el desfase entre los ingresos y los costes reconocidos del sistema). Nuevos impuestos a todos los operadores, recorte de las retribuciones a todos los actores, hachazo a las primas a las energías renovables… La tijera aplicada en varias tandas por el Ministerio de Industria, ahora pilotado por José Manuel Soria, se tradujo en un golpe millonario en las cuentas de las compañías eléctricas. E Iberdrola y Endesa convirtieron la continuidad de Garoña en una vía de presión al Ejecutivo para paliar el golpe de las reformas.

La amplia reforma energética emprendida por Industria incluyó una medida que terminó por soliviantar a las propietarias de Garoña. Además del impuesto por generación que se aplicaba a todas las tecnologías que producían electricidad, las centrales nucleares debían asumir nuevos impuestos por los residuos radioactivos y por el combustible nuclear gastado. El impacto de los nuevos tributos en las cuentas de Garoña era, según los cálculos de Nuclenor, de 153 millones de euros. Una carga que, también según la propia compañía, le condenaba a las pérdidas y probablemente a la disolución. Y una carga, a la postre, a la que también habría que sumar las inversiones que la planta tendría que acabar realizando para cumplir con los nuevos requisitos de seguridad que empezaban a imponerse desde Bruselas tras la catástrofe de Fukushima.

Nuclenor estaba obligada por ley a solicitar la renovación de la licencia un año antes de que expirara; esto es, debía presentar su solicitud en julio de 2012, dado que el permiso otorgado por Miguel Sebastián concluía en julio de 2013. Iberdrola y Endesa, a la espera de conocer los términos finales de la reforma eléctrica del Gobierno, dejaron pasar el plazo sin pedir la ampliación.

Y, finalmente, optaron de manera unilateral, y sin permiso, por cesar las operaciones de Garoña el 16 de diciembre de 2012 (siete meses antes de que dejara de estar vigente su licencia de explotación). Con la medida, Nuclenor evitaba pagar los 153 millones en impuestos, dado que la ley que recogía los nuevos tributos entró en vigor el 1 de enero de 2013. Según justificó entonces desde la propia Nuclenor, asumir esos impuestos adicionales “incrementaría las actuales pérdidas económicas hasta el punto de llevar a la compañía a entrar en causa de disolución y en situación concursal”.

El Gobierno de Rajoy ha impulsado reformas normativas ad hoc para hacer posible la reapertura de Garoña. Sin esos cambios normativos la central no habría podido siquiera intentarlo

Pese al interés manifiesto del Gobierno de prolongar la vida de Garoña, y pese a los planes iniciales de Nuclenor de aprovechar la nueva ola y mantener abierta la central hasta 2019, la nueva fiscalidad dio al traste con todo y la propietaria de la central optó por apagarla para ahorrarse el pago de los impuestos. Y que ésa era la motivación principal se hizo evidente dado que, tan sólo unos meses después, una vez sorteado el abono de los tributos la empresa sorprendentemente reactivó el proceso para la reapertura de la central.

La decisión unilateral de apagar la central siete meses antes de que expirara la licencia le costó a la compañía una multa de 18,4 millones de euros (la máxima posible) impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En su resolución, el superregulador deja claro cuáles eran las intenciones de los propietarios de Garoña: “Nuclenor cierra en diciembre de 2012 para no pagar el impuesto sobre el combustible nuclear gastado, pero, una vez superado el escollo de la fecha, con la descarga de dicho combustible antes del 31 de diciembre de 2012, vuelve a intentar prolongar el permiso de explotación. Ello resulta incomprensible, salvo que tal proceder responda a una estrategia de incorporación al sistema eléctrico a los efectos de percibir del mismo exclusivamente los beneficios y eludiendo las cargas obligacionales tanto respecto al sistema eléctrico como respecto a la Hacienda Pública”.

Reformas legales a medida para reabrir Garoña

Apenas cinco días después del cese de operaciones de Garoña, el Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de un nuevo presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. El elegido fue Fernando Martí, que hasta entonces era el secretario de Estado de Energía. De un día para otro pasó del Gobierno al regulador independiente del sector nuclear. Y ese mismo día, el Consejo de Ministros también designó como consejera del CSN a la exministra socialista Cristina Narbona, que ha acabado teniendo un papel auténticamente protagonista en el tira y afloja por la reapertura de Garoña. El consejo del CSN se ha roto con Garoña como causa, y Narbona lleva dos años emitiendo votos particulares discrepantes con las resoluciones del organismo que van abriendo camino para la reactivación de la planta.

Nuclenor, transcurridos cinco meses desde el apagón de Garoña, solicitó al Gobierno que se le permitiera mantener la central en parada fría (sin producir electricidad y a baja temperatura, pero sin iniciar el desmantelamiento) durante un año más. En apenas 24 horas, el Ministerio de Industria transmitió al CSN la petición y le solicitó que se pronunciara al respecto. Tras un largo y tenso debate, el consejo del CSN aprobó por tres votos a dos aplazar el cierre definitivo de la instalación y mantenerla sin actividad durante un año más. Votaron a favor los dos consejeros designados a propuesta del PP y el de CiU, y en contra las dos consejeras propuestas por el PSOE. De nuevo patada hacia delante y, con ello, Nuclenor volvió a ganar tiempo.

Narbona, en su primer voto particular sobre este asunto, exige que no se continúe con el procedimiento de renovación de licencia de Garoña, sino que, en todo caso, se inicie un proceso de nueva autorización de explotación de la central, dado que ha cesado ya su actividad y no ha respetado los plazos legales para la petición de renovación (un año antes de que expire la licencia). Pero la concesión de una nueva autorización exigiría un plazo previo de tres años antes de la concesión, una declaración de impacto ambiental, así como pruebas más exigentes que la mera renovación de la licencia, que es la que solicita Nuclenor.

“Ni el Ministerio [de Industria] ni Nuclenor justifican con precisión la finalidad concreta de la solicitud, entendiendo que no se solicita para cumplir con el objetivo de la central nuclear, es decir, producir energía eléctrica de manera segura. (…) Se solicita el informe del CSN con el único fin de ganar tiempo para poder preparar otra solicitud de renovación de licencia de explotación de la central nuclear durante el año que estaría en vigor la renovación de la autorización de explotación”, explica Narbona en su voto discrepante. La exministra afeó la actitud del Gobierno por estar “instrumentalizando” el CSN en su negociación con las eléctricas sobre la reforma energética y critica al propio regulador por estar abriendo un “proceso inédito y ad hoc” sólo para hacer posible que Iberdrola y Endesa pudieran solicitar posteriormente la reapertura de la planta.

“Deseamos que la central siga funcionando, lo que hace el Gobierno es fijar el marco para que sea una realidad”, ha reconocido el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal

El Ejecutivo promovía así el primero de los varios cambios normativos que, según confirman dos fuentes distintas a SABEMOS, buscaban abiertamente hacer posible la reactivación de Garoña. Se trata de dos fuentes conocedoras directas del proceso y con posiciones contrarias respecto al mismo: mientras una critica el diseño de reformas a medida con este objetivo, la otra lo respalda como un mal menor ante el bien superior que, a su juicio, supone para el sistema eléctrico español el mantenimiento de la actividad de la central burgalesa.

Desde el propio Gobierno, aunque no se confirma que el nuevo marco legal haya sido establecido ad hoc, tampoco se oculta el objetivo último de las reformas. “Hemos creado el marco para que la decisión de la empresa sea la adecuada”, dijo el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. “No existen motivos para pensar que Garoña no tenga por qué seguir funcionando. Deseamos que la central siga funcionando, pero lo que hace el Gobierno es fijar el marco para que sea una realidad”.

El cierre definitivo que no lo es y los impuestos que no se pagarán

Sin quererlo, pero obligado por ley al expirar la licencia, el Gobierno firma el 5 de julio de 2013 la orden de cierre definitivo de Garoña. Formalmente, esa orden debería implicar el inicio de las labores de desmantelamiento. Pero la propia Nuclenor se apresura a aclarar que no adoptará medidas “irreversibles” y que continuará con las labores de mantenimiento de cara una eventual reactivación. Y también el Gobierno, por boca de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, subraya que pretende impulsar las “modificaciones normativas necesarias para que pueda volver a la actividad”. “Trabajamos con la hipótesis de que pueda reanudarse en el futuro porque no hay problemas de seguridad”, dijo la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior a ese primer Consejo de Ministros de julio.

Y tanto fue así, que ese mismo mes el Ministerio de Industria impulsó una reforma del real decreto que regula la gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radioactivos. Una reforma diseñada también aparentemente a medida para hacer posible la reapertura de la central burgalesa. El Ejecutivo introdujo un cambio en la redacción para que las centrales nucleares que hubieran cesado su actividad (como Garoña) ya no tengan que solicitar la renovación de su licencia con un año de antelación al fin del permiso (como tenía que haber hecho Garoña), sino que dispongan de un plazo de un año después del cese de actividad (como a partir de entonces dispondrá Garoña).

El Ejecutivo ahorró 153 millones a Nuclenor al reformar el nuevo impuesto sobre el combustible nuclear para evitar su retroactividad, de tal manera que Garoña no tuviera que pagarlo si había reapertura.

El consejo de CSN debía pronunciarse sobre la reforma que pretendía el Gobierno, y aprobó el 30 de julio un informe favorable por cuatro votos a uno (esta vez con el único rechazo de Cristina Narbona). La exministra de Medio Ambiente vuelve a emitir un voto discrepante, en el que critica la “mala praxis regulatoria” porque el consejo del CSN ha estudiado y respaldado la reforma en sólo 12 días y advierte de que la modificación de la norma no tiene “el objetivo general de la mejora de la seguridad nuclear”.

La reforma del real decreto, en definitiva, estableció así un nuevo plazo de un año para que Nuclenor solicitara la renovación de la autorización y, con ello, su vuelta a la actividad. La dueña de Garoña disponía así hasta julio de 2014 para presentar su solicitud. Y lo aprovechó, pero antes el Ejecutivo introdujo un nuevo cambio legal que facilitaba aún más que Nuclenor tomara la decisión. El Gobierno modificó la fiscalidad aplicada al combustible gastado y los residuos radioactivos, para evitar su retroactividad y limitado su aplicación sólo a partir de un primer periodo impositivo que comenzaba el 1 de enero de 2013.

Y como Garoña descargó todo su combustible el 28 de diciembre de 2012, queda exenta del pago incluso después de una eventual reapertura. Nuclenor se ahorrará así los 153 millones que fueron el detonante de su parón acelerado. “Es lógico que la aplicación del impuesto no sea retroactiva. El impuesto ya era muy lesivo en el origen, si fuera retroactivo sería directamente injusto”, apunta una fuente del sector.

Nuevo objetivo: que Garoña cumpla 60 años

Con los obstáculos normativos solventados, el siguiente paso de Nuclenor fue solicitar efectivamente la renovación de la licencia de explotación de la central. Pero su petición, presentada en mayo del año pasado, no contemplaba reactivar la planta por un periodo de 10 años, como era la práctica común en las dos últimas décadas (para acompasar las licencias a las revisiones periódicas de seguridad, RPS, que realiza el CSN cada 10 años). La solicitud de la empresa controlada por Endesa e Iberdrola contenía un nuevo órdago y reclamaba ampliar la vida útil 17 años más, hasta 2031, y con ello que la planta alcanzara los 60 años desde su construcción.

Nuclenor justificó su decisión en que sólo con una vida útil mayor se conseguiría garantizar la rentabilidad de las inversiones que serán necesarias acometer para garantizar la seguridad a largo plazo. “Un marco temporal de explotación de estas características es necesario para hacer viable el proyecto y proporcionaría la estabilidad y certidumbre adecuada para acometer las inversiones necesarias”, explicó la compañía en un comunicado, en el que recordaba que esta práctica es ya habitual en Estados Unidos, de donde procede la tecnología del reactor de Garoña.

La ampliación de los 40 a los 60 años de actividad es una de las reclamaciones tradicionales del sector nuclear. Desde la patronal nacional del sector, el Foro Nuclear, se ha solicitado en repetidas ocasiones en los últimos años, y las compañías que operan centrales en el país también defienden activamente la medida. Y Garoña, la central que no produce electricidad y que parecía que cerraba definitivamente pero no lo hizo, puede convertirse así en la punta de lanza de toda la industria nuclear para lograr su meta.

Si Garoña consigue la autorización para operar 60 años sentará un precedente y se abrirá la puerta a que el resto de centrales españolas lo soliciten también directamente. Ninguna central pediría ya la renovación de sus licencias de diez en diez años, todas lo harían por el tiempo que reste hasta alcanzar esos 60 años de vida. Si lo que se quiere es ampliar la vida útil de las centrales, como se ha hecho en otros países, que sea como mínimo tras un debate técnico y no con prisas y sólo con un debate político”, anticipa un experto vinculado al sector energético español contrario a la ampliación de la vida útil y que prefiere no ser identificado. “Hoy existe una batalla por el modelo energético y la llave la tiene el CSN. Si el CSN dice no a Nuclenor, cerrará la puerta a que el resto de centrales también pidan la ampliación por el plazo que les venga en gana. Pero si la abre… todos querrán entrar”, augura.

Nuclenor ha solicitado ahora una renovación de la licencia hasta que la central cumpla 60 años desde su construcción. La ampliación de la vida de 40 a 60 años es una de las reclamaciones tradicionales del sector nuclear nacional. Y es la batalla que la industria pretende dar ahora

No sólo no hay debate técnico, sino que hay un oscurantismo total”, alerta, por su parte, Raquel Montón, responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace y miembro del comité asesor del CSN. “El CSN sigue actualmente en relación a Garoña dos procesos paralelos: uno el de la vigilancia del proceso para el supuesto cierre de la central y otro el procedimiento para la renovación de la licencia. No es que sea inaudito, es que es auténticamente de locos. Esto no lo hace ningún regulador en ningún país del mundo. Se está improvisando e inventando el procedimiento sobre la marcha”.

El primer movimiento del CSN en este ámbito ha sido, en principio, favorable a los intereses de Nuclenor. El consejo del regulador (de nuevo por cuatro votos contra uno, el de Narbona) aprobó iniciar la instrucción técnica complementaria de cara a la posibilidad de que Garoña puede permanecer abierta hasta 2031; esto es, inició los trámites para que los técnicos del CSN reclamen la documentación y requisitos adicionales que consideren oportunos, al tiempo que realizan nuevas revisiones para garantizar su cumplimiento y comprobar el estado de las instalaciones. Con ello, según denuncia Narbona en otro voto particular, el CSN estaría respaldando, al menos tácitamente, que se dejen de cumplir las buenas prácticas que se seguían hasta ahora y que las centrales puedan solicitar la renovación de su licencia por periodos superiores a 10 años.

No obstante, los cuatro consejeros del CSN que dieron su voto favorable subrayan que tan sólo se ha requerido información adicional a Nuclenor de cara a una eventual renovación de su licencia, y no se puede confundir con un posicionamiento en torno a la propia renovación o sobre el plazo de la misma. “En ningún caso corresponde en este momento manifestar criterios sobre la temporalidad de la autorización solicitada y revisar o mantener la práctica regulatoria que tiene relación”, sostienen los cuatro consejeros en un escrito en el que explican su posición, y en el que subrayan que el debate técnico sobre estas cuestiones deberá producirse con posterioridad.

Un ‘problema’ para el próximo Gobierno

Ahora es el turno de los técnicos del CSN, que ya han iniciado las labores de inspección de la central y ya han empezado reclamar a la compañía documentación y pruebas complementarias. Según fuentes conocedoras del procedimiento, los técnicos no tendrán listo un informe sobre los requisitos exigibles a Garoña para la renovación de la licencia hasta muy a finales de este año. Por lo que, previsiblemente, el consejo del CSN no podrá pronunciarse sobre la ampliación de la vida de la planta hasta principios de 2016.

El CSN tiene que dar su visto bueno a la ampliación por 17 años más. Y el próximo Gobierno tendrá que autorizarlo. Si se abre el melón, todas las nucleares españolas tratarán de alcanzar los 60 años. De momento no habido un debate técnico sobre el asunto, sólo político

En cualquier caso, lo que parece totalmente seguro es que no dará tiempo a que sea el actual Gobierno el que tenga que decidir sobre la autorización y que ya será el siguiente Ejecutivo que salga de las próximas elecciones el que tendrá que tomar una decisión. Parece razonable esperar que un nuevo Gobierno del Partido Popular facilitaría las opciones de Nuclenor de obtener una ampliación de la licencia. Sin embargo, tras las próximas elecciones, el camino se le puede complicar, dado que todos los partidos de la oposición hoy representados en el Congreso (con la excepción de CiU y UPyD) sellaron el pasado diciembre una declaración en la que se comprometen a promover el cierre definitivo de la central burgalesa en cuanto lo permitan las “circunstancias legislativas”. Esto es, cuando el PP deje de tener mayoría absoluta. Las mayorías parlamentarias que resulten de los próximos comicios serán pues clave para el futuro de Garoña.

En todo caso, la última palabra la tendrá la propia Nuclenor. Según varios expertos, el CSN probablemente dará el visto bueno a la ampliación de la vida de la central, pero exigirá para ello que se realicen importantes mejoras y renovaciones en las instalaciones para garantizar la seguridad, que obligarían a realizar inversiones millonarias para cumplir con los estándares exigidos. Una vez que se concreten esas exigencias y se cuantifiquen esas inversiones, Nuclenor tendrá que valorar si la reapertura de la planta le resulta finalmente rentable. “Al final es un tema económico puro y duro. A Nuclenor le tienen que salir los números a largo plazo y ver segura la rentabilidad, si no, no hará las inversiones necesarias y no habrá reapertura”, explican fuentes del sector.

“Lo más grave de todo este asunto es que la reapertura de Garoña no es necesaria. La central lleva dos años y medio parada y al sistema eléctrico español no sólo no le ha pasado nada, sino que sigue en una situación manifiesta de sobrecapacidad. No tiene ningún sentido desde un punto de vista económico, y tampoco para garantizar la seguridad. Estamos hablando de la central más vieja de Europa”, apunta Montón, de Greenpeace. “Es un riesgo”.

El ‘sin comentarios’ de nuclenor

Varias fuentes de Nuclenor consultadas por SABEMOS han rehusado hacer declaraciones para la elaboración de este reportaje. La compañía rechaza hacer comentarios hasta que el CSN se pronuncie sobre la renovación de la licencia, y nos remite al archivo histórico de notas de prensa de la sociedad como única fuente para explicar su posición. Los accionistas de la sociedad (Endesa e Iberdrola), también contactados por este diario, nos remiten a la propia Nuclenor como portavoz único en este asunto.